Rodolfo Ornelas Zepeda

Expediente 572/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
572/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2018

Partes del expediente

  • Rodolfo Ornelas Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda promovida por Rodolfo Ornelas Zepeda, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación y las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Toda vez que no se exhibieron documentos originales en el juicio en que se actúa, no se hace pronunciamiento respecto a su devolución. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA RODOLFO ORNELAS ZEPEDA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO; Visto el escrito de Rodolfo Ornelas Zepeda, por derecho propio, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número I-57/2018, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Asentado la anterior, se sostiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se expondrá en los apartados subsecuentes. El supuesto determinado en la fracción y numeral aludido establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Del estudio correlativo de las fracciones antes transcritas se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando: 1. Sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. Afecten a personas extrañas; y, 3. Determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en una diversa fracción (VIII) estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero mencionando el supuesto específico. Lo cual cobra relevancia, dado que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Así pues, conviene precisar que el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: Del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la resolución de quince de junio de dos mil dieciocho dictada en el toca III-18/2018, relativo al recurso de queja que hizo valer el quejoso en contra del auto de cuatro de mayo del año en curso, emitido por el juez responsable, en el que se le negó admitir recuso de apelación. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. Que el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, Rosa Elba Jacobo Reyes, promovió en la vía ordinaria civil reivindicación de inmueble, en contra del quejoso, juicio que por razón de turno correspondió conocer al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, quien lo registró con el número 158/2017. El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso compareció a juicio a dar contestación a la demanda instada en su contra y el treinta y uno de mayo del año en cita, promovió en la vía ordinaria civil acción de nulidad de contrato de donación gratuita pura y simple por simulación en contra de Rosa Elba Jacobo Reyes, el cual se registró bajo el número 454/2017. Luego, el doce de junio de dos mil diecisiete, se abrió el juicio 158/2017 a prueba. Asimismo manifiesta el promovente que el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete se admitió a trámite el incidente de acumulación de autos promovido por Rosa Elba Jacobo Reyes del juicio 158/2017, con el diverso 454/2017, el cual en interlocutoria de veintiuno de septiembre del año en cita, se declaró procedente la citada acumulación. Indica que el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho el Juez Civil de Primera Instancia de Tacámbaro, Michoacán, admitió prueba pericial en materia de grafoscopía y documenstocopía, para lo cual, cada una de las partes nombró un experto y al haber resultado los dictámenes emitidos contradictorios, se designó perito tercero en discordia. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se le requirió para que en el término legal de tres días, liquidara los honorarios profesionales del perito tercero en discordia, auto en contra del cual interpuso recurso de apelación el treinta de abril siguiente, por lo que el cuatro de mayo posterior se le dijo que no había lugar a admitir a trámite el recurso de apelación. Inconforme con la anterior determinación el once de mayo del año actual, interpuso recurso de queja, mismo que por razón de turno correspondió conocer al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien el quince de junio del año en curso confirmó el auto recurrido. Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado. En ese sentido, el acto que reclama el quejoso no se trata de uno que sea de imposible reparación entendiéndose por éste, de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que el acto impugnado afecte a personas extrañas a juicio, pues en el caso, se trata de la parte demandada en el sumario subyacente o sea una determinación en la cual el juez responsable se inhiba o decline la competencia o el conocimiento de un asunto; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo. De igual modo, los efectos de la resolución reclamada de ninguna manera afectan en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son, únicamente, que se siga la secuela procesal en el juicio y se le conmine a que realice el pago del perito tercero en discordia. En efecto, se insiste que el acto reclamado señalado en este apartado no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia ] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. A mayor abundamiento, la circunstancia de que el ocursante realice el pago de los honorarios del perito tercero en discordia, si bien es cierto, podría ocasionar una afectación a sus derechos, también lo es, que tal afectación podría verse resarcida en el caso de que resulte vencedor en el sumario de origen al promover el pago de gastos y costas judiciales. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido llegado el momento. ? Domicilio Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizados a Fernando Botello Becerra, Abraham de la Cruz Castillo Dzib y Román Cervantes Sánchez, quienes gozarán de las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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