Rodolfo Ocaña Nuñez
Expediente 1562/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1562/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Rodolfo Ocaña Nuñez
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto de cuatro de octubre del año en curso, mediante el cual se ordenó desechar de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional, ha quedado firme; archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
Se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, remitiendo copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de seis de octubre de dos mil diecisiete. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida.--- SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías **** del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en contra del acto y autoridades responsables señalados en el resultando primero de esta ejecutoria.". archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE CITA - Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Rodolfo Ocaña Núñez, contra actos del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Jiutepec, Morelos. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1562/2017-C, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Además, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, como enseguida se expondrá. En el caso, el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Jiutepec, Morelos, lo siguiente a saber: ".Del C. Fiscal General del Estado de Morelos, la aplicación adecuada de la normatividad de la Justicia --- De la Agente del Ministerio Público, la indebida integración de la carpeta de investigación JT01/253/2017. Dejándome en estado de indefensión." Sin embargo, tales actos no son susceptibles de combatirse en esta instancia constitucional, ya que previo a su impugnación en esta vía extraordinaria, debe agotarse el recurso que contempla la ley secundaria en observancia al principio de definitividad que rige este procedimiento de amparo. Ello, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, que establece lo siguiente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. --- No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. --- Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En el caso que nos ocupa, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que contra las omisiones y/o abstenciones del Agente del Ministerio Público, para investigar en una carpeta de investigación, son impugnables ante al Juez de control, pues al efecto dicho dispositivo legal establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del artículo transcrito se colige que, contra las decisiones del Ministerio Público sobre las omisiones durante la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas ante el juez de control. Luego entonces, si antes de la promoción de este juicio de amparo la parte quejosa no agotó el citado medio de impugnación que se menciona, a través del cual se puede modificar, revocar o nulificar la indebida tramitación de la carpeta JT01/253/2017, por lo cual es dable considerar que dichos actos no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues previamente debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación, pero al no actuar así se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la indebida tramitación de una carpeta de investigación (JT01/253/2017). De modo que, esos actos no encuadran en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime que la parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña al procedimiento ni aún por equiparación, en virtud de que ya ha comparecido a la carpeta de investigación de origen con el objeto de hacer valer sus derechos, y por ello, está obligada a agotar los recursos procedentes, como en el caso del recurso de impugnación ya mencionado. A lo anterior, se suma el hecho de que en el caso, tampoco cobra vigencia la diversa excepción al principio de definitividad contemplada en la fracción XVIII, del numeral 61 de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 107 de la ley de la materia, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como en contra de las decisiones o determinaciones de archivo temporal, de abstención de investigación y de no ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, pues dicha norma de procedencia del juicio de amparo, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional, toda vez que no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante al recurso innominado establecido en la legislación general. Tiene aplicación al caso, la tesis I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que indica: Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, de rubro y texto siguiente: Debe precisarse, que la jurisprudencia citada en el párrafo inmediato anterior resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar como se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio para recibir y oír notificaciones personales las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado por así solicitarlo la parte quejosa. También, se tiene por autorizado en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere a Esmeralda Amaro Espejo, en atención a que después de una búsqueda se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del referido numeral, en relación con el párrafo segundo, del artículo 24 de la ley de la materia, se le tiene por autorizado exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a la diversa persona que señala en el escrito demandada, toda vez que la misma no cumplió con dicho requisito. Por otro lado, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Finalmente, se hace saber que el artículo 261 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: Notifíquese personalmente.
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