Rodolfo Niño Ortega
Expediente 920/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 25/06/2018
Partes del expediente
- Rodolfo Niño Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que mediante proveído de trece de junio del año en curso (fojas 306 a 307), se dio vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento de ejecutoria realizado por parte de la autoridad responsable; por tanto, se procede a determinar si el fallo se encuentra o no cumplido en los términos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio. En primer término cabe indicar que, por sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 121 a 178), se concedió el amparo, para el efecto de que: Por otro lado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto de aplicación que se reclama, para los siguientes efectos: El Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con fundamento en los artículos 25, último párrafo, de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y 677, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se allegue oficiosamente de los medios probatorios que le permitan determinar con toda objetividad si permanecen o no las condiciones de riesgo que originaron la imposición de la medida de separación del domicilio familiar decretada en contra del quejoso mediante auto del veinte de abril del dos mil diecisiete dictado en el expediente 405/2017, o bien si existe un nuevo estado de cosas que permita su modificación o revocación. Para tal efecto, el juez responsable podrá ordenar el desahogo de pruebas testimoniales que pudieran dar noticia de la situación que se vive en el domicilio familiar, pruebas periciales en psicología a cargo de los cónyuges e incluso en aras de salvaguardar el interés superior de los menores involucrados valorar la posibilidad de recabar su opinión y así determinar qué es lo más propicio para su desarrollo integral. Sin que la concesión del amparo implique dejar sin efectos la medida cautelar adoptada mediante auto del veinte de abril del dos mil diecisiete en el expediente 405/2017, dado que podría estar en riesgo o peligro inminente la seguridad de Fabiola Bouchan Ramírez. En el entendido que si el juez responsable advierte que ya no está en riesgo la seguridad o integridad de Fabiola Bouchan Ramírez y, por lo tanto, no resulta necesario que continúe la medida de protección decretada, esa sola circunstancia no descarta la posibilidad de que existan otras razones -como la voluntad de alguno de los cónyuges- que sustenten que la medida perviva." Ahora, conforme a la ejecutoria en mención la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, estaba obligado a ordenar el desahogo de pruebas testimoniales dentro del juicio de divorcio incausado con número de expediente 405/2017, que pudieran dar noticia de la situación que se vive en el domicilio familiar, pruebas periciales en psicología a cargo de los cónyuges e incluso en aras de salvaguardar el interés superior de los menores involucrados valorar la posibilidad de recabar su opinión y así determinar qué es lo más propicio para su desarrollo integral; sin que la concesión del amparo implique dejar sin efectos la medida cautelar adoptada mediante auto del veinte de abril del dos mil diecisiete en el mencionado expediente, dado que podría estar en riesgo o peligro inminente la seguridad de Fabiola Bouchan Ramírez; en el entendido que si el juez responsable advierte que ya no está en riesgo la seguridad o integridad de Fabiola Bouchan Ramírez y, por lo tanto, no resulta necesario que continúe la medida de protección decretada, esa sola circunstancia no descarta la posibilidad de que existan otras razones -como la voluntad de alguno de los cónyuges- que sustenten que la medida perviva. Ahora, del examen de las documentales exhibidas por las autoridades responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene pleno valor probatorio, se desprende que: El Juez Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla, informó que en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente sumario, mediante proveído de once de junio de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente 405/2017 de su estadística, determinó que haber tomado en consideración la prueba testimonial y la pericial en psicología, determinó que siguen permaneciendo condiciones de riesgo que originaron la imposición de la medida de separación del domicilio familiar decretada en contra del demandado Rodolfo Niño Ortega (quejoso dentro del presente juicio de garantías), mediante auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, máxime de que, el trece de julio de dos mil diecisiete, se decretó la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre Fabiola Bouchan Ramírez y Rodolfo Niño Ortega, así como la terminación de la sociedad conyugal; y la señora Fabiola Bouchan Ramírez, ha promovido en vía incidental la guarda y custodia de sus menores hijos. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto y 214 de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Por tanto, glósese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla, por medio del cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente sumario, mediante proveído de once de junio de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente 405/2017 de su estadística, determinó que haber tomado en consideración la prueba testimonial y la pericial en psicología, determinó que siguen permaneciendo condiciones de riesgo que originaron la imposición de la medida de separación del domicilio familiar decretada en contra del demandado Rodolfo Niño Ortega (quejoso dentro del presente juicio de garantías), mediante auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, máxime de que, el trece de julio de dos mil diecisiete, se decretó la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre Fabiola Bouchan Ramírez y Rodolfo Niño Ortega, así como la terminación de la sociedad conyugal; y la señora Fabiola Bouchan Ramírez, ha promovido en vía incidental la guarda y custodia de sus menores hijos. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, informe el cabal cumplimiento de ejecutoria. Se le hace saber que subsiste el apercibimiento de multa decretado en autos y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno con residencia en esta ciudad para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo anterior, dado que según dispone el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor el día siguiente, los cumplimientos de las ejecutorias emitidas con anterioridad a su vigencia, se tramitarán conforme a la ley de la materia.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, informe el cabal cumplimiento de ejecutoria. Se le hace saber que subsiste el apercibimiento de multa decretado en autos y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno con residencia en esta ciudad para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo anterior, dado que según dispone el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor el día siguiente, los cumplimientos de las ejecutorias emitidas con anterioridad a su vigencia, se tramitarán conforme a la ley de la materia.
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