Rodolfo Nicacio Bonilla Duen

Expediente 665/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
665/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Nicacio Bonilla Duen

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo radicada con el número 665/2020-VIII, promovida por Rodolfo Nicacio Bonilla Duen; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa, para la devolución de documentos originales, al no haber sido exhibidos, en el presente juicio.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, uno de diciembre de dos mil veinte. Desahoga prevención. Agréguese el escrito signado por Rodolfo Nicacio Bonilla Duen, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Desechamiento de demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, la resolución interlocutoria derivada del incidente de disminución de pensión de diez de febrero de dos mil veinte. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del precepto 61, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [...]" La disposición transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos contemplados en el precepto 17 de la Ley de Amparo. Los numerales 17 y 18 de la citada ley, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del último de los preceptos reproducidos se desprende que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará desde el día hábil siguiente al en que: a. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado. b. El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. c. Se haya ostentado sabedor de los mismos. Hipótesis que son excluyentes entre sí, no guardan orden de prelación y deben aplicarse en función de su idoneidad al caso concreto, atendiendo a la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues aun cuando los tres supuestos constituyen el punto de partida para el cómputo de presentación de la demanda, es posible que se actualicen en forma simultánea y, entonces, debe estarse a lo más favorable al gobernado. Apoya lo aseverado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de enero de 2011, página 5, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Pues bien, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad que adujo la parte quejosa en su escrito aclaratorio, se advierte que refirió que la resolución reclamada le fue notificada el veinte de febrero de dos mil veinte, por medio de los estrados; actuación que surtió efectos el mismo día, de conformidad con el numeral 111 del Código de Procedimientos Civil del Estado de Tlaxcala. Al respecto, es conveniente señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2015, estableció que la notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; por tanto, como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, pues para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. Sostuvo el Máximo Tribunal, que el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Tal criterio se sintetizó en la jurisprudencia 10/2017, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo 2017, Tomo I, página 7, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa". Con base en lo expuesto, se concluye que en la especie cobra aplicación la primera hipótesis del normativo 17 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro de los quince días siguientes al en que hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada. En el caso, debe tomarse como tal, el mismo veinte de febrero de dos mil veinte, data en que se notificó a la ahora quejosa el acto reclamado, actuación que surtió efectos el mismo día, de conformidad con el numeral 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veintiuno de febrero al doce de marzo de dos mil veinte, sin tomar en cuenta los días veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, uno, siete y ocho de marzo de dos mil veinte, por haber sido inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego si la presentación de la demanda se realizó el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, resulta inconcuso que fue presentada de manera extemporánea, pues se hizo fuera del plazo que establece el artículo 17 de la citada Ley de Amparo. Máxime, si como lo refiere el propio quejoso, la notificación realizada en el procedimiento de origen subsiste al no haberse impugnado a través de algún medio ordinario de defesa, por lo que es claro que surte todos sus efectos. En tales condiciones, atendiendo al contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo es el genérico de quince días, ya que a dicho acto no le es aplicable la excepción contenida en la fracción IV del citado numeral, que establece que la presentación de la demanda de amparo podrá efectuarse en cualquier tiempo, pues esta hipótesis procede contra actos que no provienen de un procedimiento judicial, entendiéndose por éstos, entre otros, el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal -fuera de procedimiento judicial-, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ya que la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho fue emitida dentro de un procedimiento. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la cual, procede el desechamiento de la demanda. A mayor abundamiento, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.) No agotó principio de definitividad. La fracción citadas con anterioridad, contiene el principio de definitividad que, entre otros, rige al juicio de amparo, así como diversas excepciones previstas para su observancia. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese contexto, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, deben cumplirse los presupuestos siguientes: - La resolución reclamada debe provenir de una autoridad jurisdiccional o tribunal administrativo o del trabajo. - La ley que rija el acto reclamado establezca un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. - Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. - No se actualice alguna excepción al principio de definitividad Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, de título y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Entonces, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que una norma -en sentido formal y material-, y no cualquier ordenamiento general, establezca la procedencia directa e inmediata de algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, por el cual pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud de que el auto reclamado es susceptible de ser revocado, modificado o confirmado, a través del recurso de queja previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. En esta tesitura, es menester que el promovente antes de acudir al juicio de amparo interpusiera el recurso de queja en contra de la resolución interlocutoria dictada el diez de febrero de dos mil veinte, en el incidente de disminución de pensión promovida por el aquí quejoso, tal y como lo dispone el artículo 723, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Para así considerarlo, conviene citar el contenido de los artículos 554, 555, 556, 557, 558 y 723 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que regula la procedencia del recurso de queja, que establece: "Artículo 554.- Procede el recurso de queja: I.- Contra la resolución del Juez de Primera Instancia que niegue correr traslado, con el escrito en el que se interponga apelación. II.- En caso de retardo en el despacho del negocio. III.- En los casos en que expresamente conceda este recurso la ley. Artículo 555.- El recurso de queja no suspende la ejecución de la resolución objeto de él; y debe interponerse ante el Juez del conocimiento dentro de seis días. Artículo 556.- En el escrito de interposición se expresarán los agravios que se estime que se causaron y de él se acompañarán las copias necesarias para el traslado. Artículo 557.- Los agravios en la queja llenarán los requisitos legales establecidos para los que se expresen en la apelación. Artículo 558.- El Juez, al recibir el escrito en que se interponga el recurso de queja y sin calificar la procedencia de éste, mandará formar un expediente con él y correr traslado a los demás interesados para que dentro de los tres días siguientes presenten, ante él, los alegatos escritos que estimen conveniente. Artículo 723.- Contra la interlocutoria que resuelva un incidente procede el recurso de queja, si fue dictada por un Juez de Primera Instancia, y no procede recurso cuando el incidente se haya tramitado en el Tribunal Superior.". De acuerdo con las disposiciones anteriores, el recurso de queja procede contra las resoluciones interlocutorias que resuelvan los incidentes; asimismo, dicho recurso deberá tramitarse dentro de los seis días siguientes a la notificación del auto que le causa agravio, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación. Por tanto, se entiende que la resolución combatida por el aquí quejoso se trata de una interlocutoria emitida en un incidente de disminución de pensión alimenticia, y por ello, procede el recurso de queja. Asimismo, debe indicarse que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al juicio; ni el acto reclamado se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Por tanto, al resultar actualizada de manera indudable las causa de improcedencia invocadas, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Rodolfo Nicacio Bonilla Duen, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 665/2020-VIII Prevención En principio, debe destacarse que las fracciones III, IV y V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, prevén, dentro de los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, el señalamiento de las autoridades responsables, de los actos, omisiones o normas generales que de cada autoridad se reclama; así como también, bajo protesta de decir verdad, de los hechos que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan para fundamentar los conceptos de violación. En el caso, de la demanda de amparo que se provee, se advierte en el capítulo denominado por la parte quejosa como acto reclamado: "Resolución interlocutoria derivada de un incidente de disminución de pensión alimenticia brindada a mi menor hija, con fecha diez de febrero de dos mil veinte, pero que bajo protesta de decir verdad, me entero con fecha tres de noviembre del presente año. En parte especifica del considerando tercero y su resolutivo segundo." Sin embargo, no se advierte en qué fecha en que fue notificado de la referida interlocutoria reclamada, toda vez que de los antecedentes expuestos se advierte que el quejoso figura como parte en el procedimiento del que deriva del acto reclamado. Por tanto, es necesario requerir a la parte promovente, para que manifieste bajo protesta de decir verdad, la fecha en que le fueron notificados los actos que reclama, la forma de notificación y si fue impugnada tal notificación, ya que del estudio integral de la demanda no se advierte con claridad pues es un requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda. Cobra aplicación a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 161/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2014, Décima Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Lo anterior, es indispensable para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en los artículo 108, fracciones III, IV y V, así como el diverso 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Indique la fecha en que le fue notificado el acto reclamado, así como la forma en que le fue notificado (personal, por boleta, etcétera). Asimismo, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad si dicha notificación fue impugnada y, en caso de ser afirmativo lo anterior, el resultado de la impugnación. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo concedido -cinco días- contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De igual forma, se apercibe al promovente que en caso de incurrir en la conducta a que alude el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a la sanción dispuesta en dicho ordenamiento: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" Finalmente, hágase del conocimiento de la parte promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio, con el que dé cumplimiento a esta prevención en original y tantas copias sean necesarias, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Domicilio y autorizados Por otra parte, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales al quejoso por lista de acuerdos, por así solicitarlo expresamente, ya que la misma señala los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; y teniéndose como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en su escrito de demanda. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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