Rodolfo Murillo Rubio y Otros.

Expediente 344/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
344/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Rodolfo Murillo Rubio y Otros.
  • Rodolfo Murillo Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de catorce de octubre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de garantías; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del Artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General conjunto, ahora bien, al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del citado acuerdo; la valoración del presente expediente deberá constar en la carátula del mismo en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante el licenciado Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa Rodolfo Murillo Rubio, no desahogó la prevención que se le realizó mediante proveído de doce de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento que se le realizó en dicho proveído, y se le tiene señalando como autoridades responsables únicamente a las que menciona en su demanda de amparo, por lo que respecto de la admisión de la demanda de amparo se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, y el diverso 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por encontrar en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que hace a los actos reclamados al 1) Director General de Petróleos Mexicanos; 2) Director Jurídico de Petróleos Mexicanos; 3) Director Corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos; 4) Director Corporativo de Fianzas de petróleos Mexicanos; 5) Subdirector de Capital Humano de petróleos Mexicanos; 6) Gerente de Nómina y Vinculación con el proceso Financiero; 7) Subgerente de Integración Financiera de Petróleos Mexicanos; 8) Subgerente de Programación de Pagos de Petróleos Mexicanos; 9) Subgerente de Recursos Financieros de Petróleos Mexicanos; todas con residencia en la Ciudad de México, y 10) Gerente Jurídico Región Norte de Petróleos Mexicanos, con sede en esta ciudad. De quienes reclamo: De las responsables ordenadoras señaladas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7; la omisión, negligencia, pasividad y/o negativa de solicitar y tramitar los recursos financieros respectivos para dar solución al juicio laboral número 235/2018, ventilado ante la Junta Especial Numero 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y cumplir con la condena económica establecida en contra de Pemex Refinación, en el laudo firme de fecha 19 de Febrero del 2019 dictado dentro del expediente laboral en cita. . De las responsables ejecutoras señaladas en los puntos 8 y 9, reclamo la omisión, negligencia, pasividad y/o negativa de programar a pago mediante título de crédito y entregar en la caja central de la Subgerencia de Integración Financiera de Petróleos Mexicanos, el cheque que ampare el cumplimiento de la condena decretada en el laudo firme antes señalado; dictado dentro del juicio laboral número 235/2018 del índice de la Junta Especial número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Faltando con ello a sus obligaciones legales y al procedimiento de pago que le impone el artículo 22 fracción 11, punto 2, inciso b) fracción 1, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, aplicable por analogía al depender de la Gerencia de Nómina y Vinculación con el Proceso Financiero señalada en el punto 6 de autoridades ordenadoras. De la responsable ejecutora señalada en el punto 10, reclamo la omisión, negligencia, pasividad, negativa y/o abstención de atender el procedimiento laboral del juicio 235/2018 del índice de la Junta Especial número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, específicamente la etapa de su ejecución y cumplimiento de la condena establecida en el mismo, como le impone el artículo 152 fracciones I y 111 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos señalado con antelación; lo que conlleva perjuicio a mi esfera legal como más adelante se detalla. Veamos, el artículo 113 de la ley de la materia, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación literal de dicho precepto legal se concluye que el juez de Distrito debe desechar de plano la demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por su parte, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, "prevé que tiene el carácter de autoridad, con independencia "de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". En el caso, el hoy quejoso se duele básicamente de que las autoridades responsables no han dado cumplimiento al laudo dictado dentro del juicio laboral 235/2018, del índice de la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Tamaulipas, que promovió en contra de Pemex Exploración y Producción. Al respecto, este juzgado federal estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, porque las omisiones reclamadas, no constituyen un acto de autoridad que pueda ser analizado en esta instancia constitucional, porque Pemex Exploración y Producción, tiene el carácter de parte demandada en el juicio laboral de origen, donde las partes litigaron en un plano de coordinación. Apoya a la anterior determinación por analogía, la jurisprudencia 2ª/J.31/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, tomo II, mayo de 2014, página 966, que establece: ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. De lo anterior, se arriba a la conclusión de que los actos reclamados a 1) Director General de Petróleos Mexicanos; 2) Director Jurídico de Petróleos Mexicanos; 3) Director Corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos; 4) Director Corporativo de Fianzas de petróleos Mexicanos; 5) Subdirector de Capital Humano de petróleos Mexicanos; 6) Gerente de Nómina y Vinculación con el proceso Financiero; 7) Subgerente de Integración Financiera de Petróleos Mexicanos; 8) Subgerente de Programación de Pagos de Petróleos Mexicanos; 9) Subgerente de Recursos Financieros de Petróleos Mexicanos; todas con residencia en la Ciudad de México, y 10) Gerente Jurídico Región Norte de Petróleos Mexicanos, con sede en esta ciudad, no pueden considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, cuenta con una amplia gama de "instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de sus laudos, contenida en los artículos 939 al 975, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los capítulos de ejecución de laudo, procedimiento de embargo y remates; así también el artículo 731, prevé la imposición de multas y medidas de apremio, para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, que pueden ser, entre otras, multa, que no podrá exceder de cien veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en el tiempo en que se cometió el desacato y arresto hasta por treinta y seis horas, lo que supone que Pemex Exploración y Producción, y sus derivadas (señaladas como autoridades responsables en este juicio de amparo), se ubica en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de ejecución de los laudos. De ahí que el Pemex Exploración y Producción, y sus derivadas 1) Director General de Petróleos Mexicanos; 2) Director Jurídico de Petróleos Mexicanos; 3) Director Corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos; 4) Director Corporativo de Fianzas de petróleos Mexicanos; 5) Subdirector de Capital Humano de petróleos Mexicanos; 6) Gerente de Nómina y Vinculación con el proceso Financiero; 7) Subgerente de Integración Financiera de Petróleos Mexicanos; 8) Subgerente de Programación de Pagos de Petróleos Mexicanos; 9) Subgerente de Recursos Financieros de Petróleos Mexicanos; todas con residencia en la Ciudad de México, y 10) Gerente Jurídico Región Norte de Petróleos Mexicanos, con sede en esta ciudad, no actúan en esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia "III.4o.T. J/3 (10a.), visible en la página 1639, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 28, marzo de 2016, Tomo II, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." No pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, sustentada por la Segunda ala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena epoca, tomo XXXIV, Julio de 2011, página 448, del rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES); sin embargo, se estima que dicho criterio no es aplicable al caso concreto, pues en la contradicción de tesis que le dio origen, se establecieron las condiciones para que las dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas pudieran ser consideradas como autoridad para efectos del juicio de amparo, entre las que destacan, que el ente estatal se encuentre colocado en un plano de desigualdad frente al particular atendiendo a su calidad de órgano del Estado, al otorgársele el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; que el uso de ese privilegio, transgreda la obligación de cumplimiento voluntario, afectando la esfera legal del particular y que la actitud contumaz de la autoridad coloque al gobernado en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la administración de justicia que prevé el artículo 17 constitucional." Sin que en el caso se actualicen las condiciones a las que se refiere la ejecutoria indicada, ya que las responsables no se ubican en un plano de desigualdad frente al a la actora, al no otorgársele en la ley el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; tampoco se afecta la esfera legal de la actora ni la coloca en estado de indefensión, pues cuenta con los mecanismos de defensa establecidos en la legislación laboral para lograr la administración de justicia que prevé el artículo 17 constitucional. De ahí que dicho criterio jurisprudencial no sea aplicable al caso concreto.

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