Rodolfo Muñoz Zamudio

Expediente 964/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
964/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Muñoz Zamudio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Cabe precisar que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Por último, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos originales que acompañó a su demanda de amparo; apercibida que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que haya desahogado la vista concedida. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento a la misma. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese contexto, es necesario precisar que mediante sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, misma que fue confirmada por el Vigesimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución dictada el seis de agosto del año en curso, en el amparo en revisión R.A. 97/2021, se otorgó la protección constitucional para los siguientes efectos: "(.) Por tanto, con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realice lo siguiente: 1. Considerar que, con motivo de la presente sentencia, una vez que adquiera firmeza, ha quedado sin efectos el oficio 203300EL350448, de catorce de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual se resolvió en sentido negativo la solicitud del quejoso para obtener el permiso o autorización para el consumo individual de la cannabis sativa, así como del psicotrópico THC tetrahidrocannabinol. 2. En su lugar, deberá emitir otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del quejoso Rodolfo Muñoz Zamudio, que implique una autorización a éste para realizar el uso regulado de marihuana, que conlleve su consumo personal en espacios privados, así como la autorización para llevar a cabo los actos necesarios para materializar el autoconsumo mencionado, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de su semilla, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, para los fines que la parte quejosa denomina "lúdicos o recreativos" sin comprender fines de comercio ilícito o narcotráfico. En el entendido de que, además de lo expuesto en este fallo la autoridad administrativa, con plena autonomía, deberá establecer los lineamientos, modalidades y cantidad de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento y requisitos del debido proceso que exige la ley y la Constitución al llevar a cabo cualquier acto dirigido a la quejosa. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la quejosa se materialice en términos de la ley, para asegurar a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. (.) Finalmente, cabe señalar que la presente sentencia de amparo: I. No constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que debe dar cumplimiento a este fallo. II. No permite que se expida a favor de la quejosa autorización alguna para llevar a cabo el consumo personal de marihuana en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni para conducir vehículos bajo los efectos de la marihuana, ni tampoco permite que se expida autorización a favor del promovente del juicio para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana en espacios privados. III. Cabe precisar que las diversas conductas que la parte quejosa realice en el contexto del consumo, producidas o no por los efectos de la marihuana, y que sí afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de violencia frente a terceros, delitos de robo, narcotráfico, el narcomenudeo, la corrupción de menores, conducir vehículos bajo los efectos de marihuana), lógicamente deban entenderse como acciones que desbordan y que están fuera de la protección de la presente sentencia y de los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad y de la vida privada de las personas, y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. (.)" En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; por medio del cual, remitió copia certificada del ocurso de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, en el cual, en la parte que interesa resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se emite la presente Autorización Sanitaria para realizar las siguientes actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente 'cannabis' (sativa, indica y americana, o mariguana su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico 'THC' tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (II) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto conocido comúnmente como 'marihuana' sembrar, cultivar, cosechar, preparar poseer y transportar; asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, indica y americana) (.)" En ese contexto, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria, pues es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; por medio del cual, aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, con la emisión del oficio 203300EL350448, de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, que al efecto remite copia certificada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado realizará el pronunciamiento correspondiente con base en los elementos que obran en autos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; por medio del cual, informa que mediante memorándum de seis de septiembre de este año, dirigido a el área competente para la emisión de las autorizaciones de cannabis que es el citado Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, le fue solicitado el cumplimiento de la presente ejecutoria; asimismo, refiere nuevamente que requiere de una prórroga de treinta de días, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, esto, en atención a que el plazo concedido le resulta insuficiente para llevar a cabo los extremos precisados en el mismo; así como, a la carga de trabajo de las distintas áreas administrativas que intervienen para tender el fallo protector; asimismo, manifiesta que dichas unidades no se encuentran ubicadas en el mismo domicilio. Al respecto, indíquese a la autoridad oficiante que no ha lugar a otorgar la prórroga solicitada; en virtud que, por auto de seis de septiembre actual, atendiendo a los efectos para los cuales se otorgó el amparo en el presente juicio, se le otorgó el plazo de siete días, a fin de que atienda el cumplimiento de sentencia; mismo que aún no transcurre; por tanto, una vez que fenezca éste se proveerá lo que en derecho corresponda; en virtud que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a velar por su cabal y debido cumplimiento; por lo que, no puede quedar al arbitrio de las partes. Máxime, que de acuerdo al artículo 17 Constitucional que en la parte conducente señala "(.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (.); por tanto, se debe agilizar las gestiones para acatar el fallo protector de manera expedita. Notifíquese.

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