Rodolfo Molina Ugarte
Expediente 328/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rodolfo Molina Ugarte
- Encargado del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Arcelia, Guerrero.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la determinación emitida el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el juicio de amparo promovido por ***, por derecho propio. Sin que haya lugar a realizarse el cómputo correspondiente a las autoridades responsables ya que no se encuentran legitimadas para interponer en contra de la determinación precitada recurso de revisión, dado el sentido del fallo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar, archívese el expediente como asunto concluido. En relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción toda vez que se sobreseyó en el sumario constitucional; lo anterior de conformidad con el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo mencionado en el párrafo que antecede. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y colóquese en la carátula la tarjeta informativa correspondiente. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que las partes no las allegaron. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio del Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, toda vez que en acuerdo del veintidós de febrero pasado se tuvo al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en Arcelia, Guerrero, rindiendo informe justificado y se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio mediante el cual la Primer Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, encargada del despacho por ministerio de ley, remite copia certificada de la sentencia dictada el once de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente *** relativo al juicio de divorcio incausado, de su índice; por tanto, con apoyo en los artículos 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza. Ahora, analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa, se advierte que señaló como acto reclamado la omisión de nombrar a un Juez y/ o Encargado Despacho con facultades para dictar sentencia dentro del expediente ***. Así, dado que de las constancias que se reciben por parte de la Primer Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, se advierte que el once de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva en el juicio de origen; por ende, se colige que debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos el acto tildado como inconstitucional, precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia en comento, es necesario que la autoridad responsable deje sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la lítis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación impugnada, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica de la gobernada, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaron destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De ahí que la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se trastocara su esfera jurídica, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. En ese sentido, considerando que el acto reclamado por la quejosa consiste en esencia en la omisión de dictar sentencia en el juicio de origen, y al estar acreditado que la responsable ya dictó la misma e, incluso, notificó a la parte quejosa, se concluye que cesaron totalmente los efectos del acto reclamado del que aquélla se dolía y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (Noviembre de 1997), visible en la página 71, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Sin que sea dable proyectar actos omisivos a futuras actuaciones, toda vez que se debe atender a la violación más próxima, en función de la etapa procesal en el juicio laboral, como lo dispone la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, pagina 732, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." En mérito a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista electrónica, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio mediante el cual la Primer Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, encargada del despacho por ministerio de ley, remite copia certificada de la sentencia dictada el once de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente *** relativo al juicio de divorcio incausado, de su índice; por tanto, con apoyo en los artículos 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza. Ahora, analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa, se advierte que señaló como acto reclamado la omisión de nombrar a un Juez y/ o Encargado Despacho con facultades para dictar sentencia dentro del expediente ***. Así, dado que de las constancias que se reciben por parte de la Primer Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, se advierte que el once de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva en el juicio de origen; por ende, se colige que debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos el acto tildado como inconstitucional, precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia en comento, es necesario que la autoridad responsable deje sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la lítis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación impugnada, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica de la gobernada, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaron destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De ahí que la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se trastocara su esfera jurídica, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. En ese sentido, considerando que el acto reclamado por la quejosa consiste en esencia en la omisión de dictar sentencia en el juicio de origen, y al estar acreditado que la responsable ya dictó la misma e, incluso, notificó a la parte quejosa, se concluye que cesaron totalmente los efectos del acto reclamado del que aquélla se dolía y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (Noviembre de 1997), visible en la página 71, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Sin que sea dable proyectar actos omisivos a futuras actuaciones, toda vez que se debe atender a la violación más próxima, en función de la etapa procesal en el juicio laboral, como lo dispone la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, pagina 732, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." En mérito a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista electrónica, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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