Rodolfo Meza Centeno

Expediente 220/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
220/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Meza Centeno

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de trece de mayo del año en curso, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por el quejoso *******; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado por el promovente, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiocho de abril del año en curso. En ese sentido, vista la demanda presentada por ****, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la misma debe desecharse, ello en atención a las consideraciones que se vierten a continuación. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo y su ocurso aclaratorio, se advierte que los actos reclamados por el promovente, los hace consistir en los siguientes. Los proveídos de dieciséis y veinte, ambos de abril de dos mil veintiuno, dictados en el juicio ordinario civil -acción plenaria de posesión, expediente ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, seguido por *******, en contra de ***. Cabe destacar que en el primer proveído combatido, el juez de la causa -en lo que interesa no proveyó de conformidad la solicitud del hoy inconforme respecto de la posesión del el bien inmueble ubicado en calle *****, número *********, colonia **********, alcaldía **************, en esta entidad federativa, en razón de que en sentencia definitiva de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve dictada en el procedimiento de origen, se declaró que la parte actora tenía mejor derecho que los demandados de poseer dicho bien raíz. Por su parte, en la determinación reclamada de veinte de abril del año en curso, el a quo ordenó a los demandados la desocupación y entrega del bien raíz antes destacado, con el apercibimiento que de no ser así, serían lanzados del mismo, aun con el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras. Derivado de lo anterior, también señala de forma destacada como acto reclamado lo determinado en el resolutivo segundo del fallo definitivo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, a través del cual se ordenó poner en posesión del bien litigioso a la sucesión a bienes de ********, a través de quien representara sus intereses. Por otra parte, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad, se deduce lo siguiente: El promovente es parte formal y material del juicio de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de litisconsorte activo necesario. Asimismo, de su narrativa se advierte que tiene pleno conocimiento de las actuaciones realizadas en el procedimiento, dado que desde el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve compareció al mismo. No existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento de origen se encuentra en ejecución de sentencia. En las relatadas consideraciones, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen lo siguiente: Artículo 61.**** Artículo 107.- **** El primer numeral precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte, el segundo dispositivo establece de manera general que la vía constitucional que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución, establece un distingo entre: 1 Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Cobra aplicación en la especie por analogía la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, visible a página 6, .. Así como la jurisprudencia número P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concerniente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, a página 31 ... Sentado lo procedente, en la especie los actos reclamados a través de los cuales, 1 el juez de la causa determinó que el inconforme debía estarse a lo determinado en el fallo definitivo, en el que se resolvió que la posesión del inmueble litigioso le correspondía a la sucesión a bienes de *********, y por ende 2) ordenó el cumplimiento a dicha sentencia conclusoria, esto es, el lanzamiento del bien raíz destacado en párrafos precedentes derivado de lo resuelto en la sentencia conclusoria, los cuales no encuadran en las hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial después de concluido el juicio, pues las actuaciones reclamadas no constituyen la "última" de la fase de ejecución de sentencia -ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún ordena el archivo definitivo del expediente- no son de naturaleza autónoma, ni afectan derechos sustantivos diversos de la cosa juzgada establecida en el procedimiento de origen. Esto es, el promovente al ser parte formal y material del juicio que se encuentra en la fase de ejecución, debe acatar lo resuelto en el fallo resolutivo, por lo cual los actos reclamados constituyen una cuestión que no puede analizarse en el amparo indirecto de forma inmediata, ya que estimarlo de otro modo, su reclamo implícitamente impediría el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural. De ahí que el amparo indirecto sólo procederá si el acto reclamado goza de autonomía en relación con la ejecución de la condena decretada y afecte directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada o contra la última resolución dictada en esa fase, esto es, contra la que reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo convenido o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese sentido, el inconforme debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y por ello las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el acto conclusivo de dicho procedimiento, momento en el que podrán impugnarse las cuestiones adjetivas surgidas durante esa fase, pues no podría aceptarse la procedencia de la instancia constitucional cada vez que las partes manifestaran oposición en contra de alguna decisión que se tomara durante ese trámite. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia del tenor siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio. Además, cabe precisar que de la demanda de amparo, no se desprende otro concepto de violación dirigido a evidenciar la afectación de derechos sustantivos generados por una cuestión diversa a la cosa juzgada. Razones todas que justifican la actualización de las causales de improcedencia en análisis. En consecuencia, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que se encuentra evidenciado que los actos de autoridad impugnados no afectan los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, ni produce efectos materiales inmediatos sobre alguna de dichas prerrogativas; lo cual, como ya se dijo, es notorio y manifiesto para este órgano jurisdiccional derivado de las alegaciones realizadas bajo protesta de decir verdad -lo cual crea certeza en este juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado. Notifíquese por lista al inconforme.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda presentada por *******, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a sus derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente -tanto físico como electrónico-, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 220/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y provéase lo que en derecho corresponda. Ahora, impuesto este órgano jurisdiccional del contenido de la demanda de cuenta, se advierte que los actos reclamados por el peticionario se hicieron consistir en los siguientes: Los proveídos de dieciséis y veinte, ambos de abril de dos mil veintiuno, dictados en el juicio ordinario civil -acción plenaria de posesión-, expediente 396/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, seguido por ********, en contra de *********. Derivado de lo anterior, también señala como acto reclamado lo determinado en el resolutivo segundo del fallo definitivo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, los antecedentes aportados por el peticionario resultan insuficientes para tener claridad en relación con las cuestiones inherentes al sumario de origen; así como los tópicos abordados en el acto reclamado. Bien, como los datos señalados en el párrafo que antecede son necesarios para pronunciarse sobre la probable admisión de la demanda o su desechamiento, con fundamento en los arábigos 108, fracciones I y V, así como 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al inconforme -dentro del plazo de cinco días- para que -bajo protesta de decir verdad- aclare su demanda respecto de los puntos que se enlistan a continuación. Toda vez que de las manifestaciones realizadas en la demanda, se estableció que el inconforme figura como "litisconsorte activo", sin embargo, de la lectura de la demanda no se aprecia el motivo por el cual le recae dicha figura, a efecto de esclarecer dicha situación, deberá precisar el carácter que ostenta en el procedimiento de origen, y señale bajo formal protesta de decir verdad cuándo fue la primera y última vez que compareció a dicho asunto, así como el motivo de tal actuación. Complemente la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, para cuyo efecto reseñará de forma clara, completa y en orden cronológico las actuaciones más relevantes que han tenido lugar en el juicio ordinario civil de origen, tales como presentación del escrito inicial, contestación, sentencia definitiva, condenas decretadas -liquidas o no-, etcétera; principalmente lo relativo a la orden de lanzamiento ordenado en dicho sumario; en el entendido que se abstendrá de volver a realizar esa narrativa en los términos que se encuentran en su escrito inicial de demanda. A efecto de dilucidar los tópicos abordados en los actos reclamados y estar en condiciones de proveer respecto la procedencia del presente juicio, deberá exhibir una reproducción legible y completa o transcribir íntegramente la sentencia definitiva de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, así como de los autos de dieciséis y veinte, ambos de abril del año en curso y de la certificación realizada el catorce del citado mes y año que se menciona en el primero de los autos citados. Se precisa que deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes -una autoridad responsable, una tercera interesada y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita- así como las correspondientes al incidente de suspensión solicitado. Asimismo, se hace del conocimiento del promovente que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, podrá ser sujeto a lo dispuesto en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, incurren en las conductas anteriores. Y, es que la finalidad de una prevención es que se satisfagan los requisitos de ley -en amparos de estricto derecho como el de la especie- pues con independencia de la calidad que ostenten los agraviados -parte formal, tercero extraño en estricto sentido o en forma equiparada- no están eximidos de cumplirlos, sobre todo porque únicamente con base en su contenido preciso es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este sentido, las exigencias contenidas en el artículo 108 de la legislación de la materia deben ser colmadas por quien se dice agraviado, por lo que este juzgado no puede soslayar que no se satisfagan las formalidades del numeral en comento. Lo anterior, con independencia de que el impetrante señale que el acto reclamado debe considerarse como de imposible reparación, pues los requisitos aludidos en el numeral señalado en el párrafo precedente, tiene como finalidad que el órgano de amparo integre debidamente la relación jurídica procesal y así, estar en posibilidad de pedir a las autoridades responsables los informes respectivos, emplazar a la tercera interesada, dar la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para exponer lo que a su derecho convenga, de ahí que la falta de prevención respecto de esos puntos, transgrediría las normas fundamentales del procedimiento de amparo. Por último, recuérdese al promovente que la materia de la prevención versa sobre aspectos conformadores de la litis constitucional y exigen declaratoria bajo protesta de decir verdad, lo que implica además que el desahogo de esta prevención debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, o bien, por su representante legal. Sirve de apoyo por las razones que informa, la jurisprudencia, que cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Apercibido que de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por NO PRESENTADA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la ley de la materia. En diverso aspecto, dado que el promovente del amparo señaló como domicilio para y recibir notificaciones las listas de publicación de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, hágansele todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por ese medio, hasta en tanto el inconforme realice la designación correspondiente. Asimismo, se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que indica en su escrito inicial. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por lista al inconforme.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,554 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano