Rodolfo Martínez Váldez
Expediente 244/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rodolfo Martínez Váldez
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el auto de referencia. ... archívese este asunto como concluido. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto, se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA , NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el escrito signado por Rodolfo Martínez Valdez y Arnulfo Pliego Estévez, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 244/2018/V-A. DESECHAMIENTO. No obstante, atendiendo a que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número I.6o.C.J/19 , cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Ahora, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de definir concretamente los actos reclamados, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La resolución de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, dentro de los autos del cuadernillo administrativo 14/2018 de su índice, en el que dicha autoridad desechó el recurso de queja interpuesto por el promovente Rodolfo Martínez Valdez en su carácter de defensor voluntario de Arnulfo Pliego Estévez, en contra de Francisco Reyes Contreras. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que ello no les causa perjuicio en su esfera jurídica a la parte quejosa. En relación a lo anterior, es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la Materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) , de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 107, fracción I , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo , los cuales establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo antes expuesto, resulta oportuno invocar, la jurisprudencia 1a./J.38/2016 (10a.) , de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE". En otro orden de ideas, debe precisarse que el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente para los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal, en términos del precepto segundo transitorio del decreto que expidió la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que derogó a la primera, establece que previo al inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un servidor público, se requiere de una queja o denuncia presentada por el interesado, sin que la misma tenga como objeto revocar o modificar algún acto administrativo, dado que no tiene el carácter de recurso, sino únicamente es un acto que dará inicio a un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un servidor público. Por lo tanto, la queja o denuncia se trata de la potestad que tiene una persona para dar noticia a la autoridad competente, de que se ha sido afectada por la conducta de un servidor público, para que en su caso, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. Ahora, en el presente caso, es indudable que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en la resolución dictada en el cuadernillo administrativo 14/2018 del índice de la responsable, mediante la cual desecha la queja interpuesta en contra del titular del Juzgado de Control, de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento del XV Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado, con sede en Orizaba, Veracruz, pues en todo caso sólo podría instar el presente juicio de garantías, en el supuesto de que no se le hubiera dado respuesta a su queja administrativa, lo cual en el presente asunto no acontece. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 , de rubro siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE." Lo anterior, es así dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos tiene como propósito lograr una óptima prestación del servidor público de que se trate, de ahí que el orden jurídico otorga al interesado una mera facultad para formular quejas o denuncias por incumplimiento de sus obligaciones, sin concederle la posibilidad de exigir a la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.) de rubro siguiente: "QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Consecuentemente, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia mencionadas, y toda vez que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, lo que procede es desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados con las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramiro Evel Molina Calleja, César Alberto Pegueros Gallegos, Rolando Sandria Sánchez, Jorge Alejandro Montenegro Hernández y Carlos Manuel Hernández Herrera, en virtud de que no tienen registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6º del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a los promoventes. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Fiscal Regional de Justicia del Estado Zona Centro, con sede en esta ciudad, no se encuentra debidamente notificado de la sentencia dictada en el presente asunto (fojas 149 a 155), de conformidad con los artículos 26, fracción II, inciso e), y 28, fracción I de la Ley de Amparo; por lo que, en obvio de mayores dilaciones, con copia autorizada del fallo emitido en este asunto, gírese oficio a la citada autoridad, para que quede debidamente notificada de la misma, ello para los efectos legales a los que haya lugar.
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