Rodolfo Martinez Polo
Expediente 284/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rodolfo Martinez Polo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. NO PRESENTADA. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso Rodolfo Martínez Polo, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho en el término concedido para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó a la parte promovente en dicho proveído y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que dispuesto en el artículo 3, párrafo séptimo de la Ley de Amparo, relacionado con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues se trata del auto que da por concluido el juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. NO PRESENTADA. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso Rodolfo Martínez Polo, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho en el término concedido para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó a la parte promovente en dicho proveído y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que dispuesto en el artículo 3, párrafo séptimo de la Ley de Amparo, relacionado con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues se trata del auto que da por concluido el juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. NO PRESENTADA. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso Rodolfo Martínez Polo, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho en el término concedido para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó a la parte promovente en dicho proveído y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que dispuesto en el artículo 3, párrafo séptimo de la Ley de Amparo, relacionado con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues se trata del auto que da por concluido el juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 791, remitido por el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con anexo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 97/2023 (orden 133/2023), de este índice, pues se advierte que no fue posible notificar al quejoso Abed Nego Rivas Torres, el proveído de siete de los corrientes en su lugar de reclusión, ya que fue puesto en libertad el diez de marzo del año en curso. En consecuencia, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el presente acuerdo, el diverso de siete de marzo del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. Asimismo, dese de baja la aludida comunicación oficial en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicha promoción fue presentada de forma física. Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente acuerdo y el diverso de siete de marzo de dos mil veintitrés. AUTO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. EJECUTORIA DE AMPARO Vistos los autos y la certificación que antecede, se aprecia que la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, la cual se concedió para los siguientes efectos:".OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a********************, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, dentro de la carpeta judicial administrativa******************** una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Dejará insubsistente la prórroga de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, contra********************. a) Fijará nueva fecha y hora para audiencia. b) En esa audiencia reiterará lo expuesto por las partes(fiscalía y defensa) y, enseguida, sin dar intervención a las partes y con plenitud de jurisdicción, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto********************, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá ceñir su resolución a lo expuesto por las partes en la audiencia y resolver conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, en caso de que determinara que el Ministerio Público no probó la necesidad de la prórroga, al no demostrar fehacientemente la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, ordenará el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, en esa misma audiencia, a que se debata sobre la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que se subsanen los vicios de forma detectados, además porque al quejoso se le imputa la comisión un delito que amerita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado. c) Informará de su decisión a las autoridades penitenciarias correspondientes, así como al Director de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla. II. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado." En ese orden de ideas, es menester dejar establecido que si bien en acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, remitiendo el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta judicialadministrativa ********************, que se instruye en contra del aquí quejoso ********************, en la que dictó sentencia condenatoria en contra del citado quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo agravado, imponiéndole una sanción corporal de cinco años de prisión y multa de quinientas unidades de medida y actualización, al someterse a un procedimientoespecial abreviado. Y, que en la sentencia amparadora de marras se estableció: ".En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." En el caso no se actualiza la hipótesis establecida en el fallo amparador consistente en que ".la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." Lo anterior, cuenta habida que si bien se ha dictado sentencia condenatoria en el asunto de origen contra el hoy quejoso, no se cuenta con información relativa a que dicha determinación hubiera quedado firme, de ahí que no se está en el caso de que ".la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio.", ya que es inconcuso que hasta que no exista firmeza de resolución donde se impuso la sanción corporal a que se le condenó, no puede hablarse de una prisión punitiva, continuando, por ende, vigente la prisión preventiva impuesta al amparista en el procedimiento penal de origen. Al respecto se cita, por las razones que la informan, la tesis: "PRISIÓN PREVENTIVA. LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL. La garantía prevista en el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consiste en abonar el tiempo de prisión preventiva a la punitiva, esto es, en el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga, se compute el tiempo de detención que sufrió, es decir, el de prisión preventiva. En ese sentido, el lapso de prisión preventiva que debe considerarse como tal, en términos del citado precepto constitucional, es desde la detención hasta que la sentencia de segunda instancia causa ejecutoria, momento en que concluye definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como prisión preventiva, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. Lo anterior, en virtud de que una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible de ejecutarse, contra la que no cabe algún recurso ordinario, no obstante que pueda revocarse o nulificarse por algún medio de defensa extraordinario; por lo que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad ejecutoria ni la fuerza de cosa juzgada, mientras está pendiente de resolverse el juicio de amparo, pues éste no le resta la calidad de ejecutable. Además, considerando que la prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión se impone como sanción en la sentencia, es a partir de que ésta causa ejecutoria cuando puede ejecutarse, al margen de que en su contra se interponga algún medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución a través de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva concluye definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia de segunda instancia." Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que, de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso concreto no es aplicable dicha disposición, toda vez que al tratarse del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, ya que carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En virtud que el quejoso********************, se encuentra interno en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente auto, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Prevención y Readaptación de Huejotzingo, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1230/2022; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Finalmente, a efecto de agilizar la integración del presente expediente, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, en aplicación de lo dispuesto en el diverso numeral 28, fracción III ídem, se ordena el envío inmediato del despacho de referencia, vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión (vía despacho) y al tercero interesado; por lista al defensor del primero; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el (la) secretario(a) Zeus Islas González, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Acv* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe.Firma electrónica]. San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. EJECUTORIA DE AMPARO Vistos los autos y la certificación que antecede, se aprecia que la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, la cual se concedió para los siguientes efectos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a ********************, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, dentro de la carpeta judicial administrativa ******************** una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Dejará insubsistente la prórroga de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, contra********************. a) Fijará nueva fecha y hora para audiencia. b) En esa audiencia reiterará lo expuesto por las partes (fiscalía y defensa) y, enseguida, sin dar intervención a las partes y con plenitud de jurisdicción, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto********************, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá ceñir su resolución a lo expuesto por las partes en la audiencia y resolver conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, en caso de que determinara que el Ministerio Público no probó la necesidad de la prórroga, al no demostrar fehacientemente la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, ordenará el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, en esa misma audiencia, a que se debata sobre la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que se subsanen los vicios de forma detectados, además porque al quejoso se le imputa la comisión un delito que amerita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado. c) Informará de su decisión a las autoridades penitenciarias correspondientes, así como al Director de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla. II. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado." En ese orden de ideas, es menester dejar establecido que si bien en acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, remitiendo el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial administrativa ********************, que se instruye en contra del aquí quejoso ********************, en la que dictó sentencia condenatoria en contra del citado quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo agravado, imponiéndole una sanción corporal de cinco años de prisión y multa de quinientas unidades de medida y actualización, al someterse a un procedimiento especial abreviado. Y, que en la sentencia amparadora de marras se estableció: ".En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." En el caso no se actualiza la hipótesis establecida en el fallo amparador consistente en que".la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." Lo anterior, cuenta habida que si bien se ha dictado sentencia condenatoria en el asunto de origen contra el hoy quejoso, no se cuenta con información relativa a que dicha determinación hubiera quedado firme, de ahí que no se está en el caso de que ".la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio.", ya que es inconcuso que hasta que no exista firmeza de resolución donde se impuso la sanción corporal a que se le condenó, no puede hablarse de una prisión punitiva, continuando, por ende, vigente la prisión preventiva impuesta al amparista en el procedimiento penal de origen. Al respecto se cita, por las razones que la informan, la tesis: "PRISIÓN PREVENTIVA. LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL. La garantía prevista en el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consiste en abonar el tiempo de prisión preventiva a la punitiva, esto es, en el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga, se compute el tiempo de detención que sufrió, es decir, el de prisión preventiva. En ese sentido, el lapso de prisión preventiva que debe considerarse como tal, en términos del citado precepto constitucional, es desde la detención hasta que la sentencia de segunda instancia causa ejecutoria, momento en que concluye definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como prisión preventiva, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. Lo anterior, en virtud de que una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible de ejecutarse, contra la que no cabe algún recurso ordinario, no obstante que pueda revocarse o nulificarse por algún medio de defensa extraordinario; por lo que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad ejecutoria ni la fuerza de cosa juzgada, mientras está pendiente de resolverse el juicio de amparo, pues éste no le resta la calidad de ejecutable. Además, considerando que la prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión se impone como sanción en la sentencia, es a partir de que ésta causa ejecutoria cuando puede ejecutarse, al margen de que en su contra se interponga algún medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución a través de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva concluye definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia de segunda instancia." Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que, de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso concreto no es aplicable dicha disposición, toda vez que al tratarse del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, ya que carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En virtud que el quejoso********************, se encuentra interno en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente auto, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Prevención y Readaptación de Huejotzingo, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1230/2022; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Finalmente, a efecto de agilizar la integración del presente expediente, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, en aplicación de lo dispuesto en el diverso numeral 28, fracción III ídem, se ordena el envío inmediato del despacho de referencia, vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión (vía despacho) y al tercero interesado; por lista al defensor del primero; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado. San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. EJECUTORIA DE AMPARO Vistos los autos y la certificación que antecede, se aprecia que la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso********************, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, la cual se concedió para los siguientes efectos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a ********************, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, dentro de la carpeta judicial administrativa******************** una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Dejará insubsistente la prórroga de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, contra********************. a) Fijará nueva fecha y hora para audiencia. b) En esa audiencia reiterará lo expuesto por las partes (fiscalía y defensa) y, enseguida, sin dar intervención a las partes y con plenitud de jurisdicción, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto********************, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá ceñir su resolución a lo expuesto por las partes en la audiencia y resolver conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, en caso de que determinara que el Ministerio Público no probó la necesidad de la prórroga, al no demostrar fehacientemente la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, ordenará el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, en esa misma audiencia, a que se debata sobre la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que se subsanen los vicios de forma detectados, además porque al quejoso se le imputa la comisión un delito que amerita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado. c) Informará de su decisión a las autoridades penitenciarias correspondientes, así como al Director de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla. II. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado." En ese orden de ideas, es menester dejar establecido que si bien en acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, remitiendo el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial administrativa ********************, que se instruye en contra del aquí quejoso ********************, en la que dictó sentencia condenatoria en contra del citado quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo agravado, imponiéndole una sanción corporal de cinco años de prisión y multa de quinientas unidades de medida y actualización, al someterse a un procedimiento especial abreviado. Y, que en la sentencia amparadora de marras se estableció: ".En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." En el caso no se actualiza la hipótesis establecida en el fallo amparador consistente en que ".la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." Lo anterior, cuenta habida que si bien se ha dictado sentencia condenatoria en el asunto de origen contra el hoy quejoso, no se cuenta con información relativa a que dicha determinación hubiera quedado firme, de ahí que no se está en el caso de que ".la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio.", ya que es inconcuso que hasta que no exista firmeza de resolución donde se impuso la sanción corporal a que se le condenó, no puede hablarse de una prisión punitiva, continuando, por ende, vigente la prisión preventiva impuesta al amparista en el procedimiento penal de origen. Al respecto se cita, por las razones que la informan, la tesis: "PRISIÓN PREVENTIVA. LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL. La garantía prevista en el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consiste en abonar el tiempo de prisión preventiva a la punitiva, esto es, en el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga, se compute el tiempo de detención que sufrió, es decir, el de prisión preventiva. En ese sentido, el lapso de prisión preventiva que debe considerarse como tal, en términos del citado precepto constitucional, es desde la detención hasta que la sentencia de segunda instancia causa ejecutoria, momento en que concluye definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como prisión preventiva, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. Lo anterior, en virtud de que una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible de ejecutarse, contra la que no cabe algún recurso ordinario, no obstante que pueda revocarse o nulificarse por algún medio de defensa extraordinario; por lo que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad ejecutoria ni la fuerza de cosa juzgada, mientras está pendiente de resolverse el juicio de amparo, pues éste no le resta la calidad de ejecutable. Además, considerando que la prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión se impone como sanción en la sentencia, es a partir de que ésta causa ejecutoria cuando puede ejecutarse, al margen de que en su contra se interponga algún medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución a través de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva concluye definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia de segunda instancia." Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que, de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso concreto no es aplicable dicha disposición, toda vez que al tratarse del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, ya que carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En virtud que el quejoso********************, se encuentra interno en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente auto, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Prevención y Readaptación de Huejotzingo, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1230/2022; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Finalmente, a efecto de agilizar la integración del presente expediente, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, en aplicación de lo dispuesto en el diverso numeral 28, fracción III ídem, se ordena el envío inmediato del despacho de referencia, vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión (vía despacho) y al tercero interesado; por lista al defensor del primero; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
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