Rodolfo Martínez Domínguez
Expediente 1143/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rodolfo Martínez Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, así como al haberse desechado la demanda es susceptible de destrucción. Por otra parte, como en el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa que ameritan su devolución, con fundamento en el último párrafo del punto decimoprimero, del citado acuerdo general; requiérase a ésta para que dentro del término de noventa días comparezca a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción, junto con el expediente en que se actúa. Aunado a lo anterior, a fin de que acuda a este Juzgado a recoger los mismos, deberá generar una cita en la AgendaOJ del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para que previa identificación y toma de recibo que quede asentada en autos le sean devueltos los mismos. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Desahoga prevención Téngase por recibido el ocurso de cuenta signado por Rodolfo Martínez Domínguez, mediante el cual desahoga las prevenciones formuladas por acuerdo de cinco de noviembre del año en curso y para tal efecto aclara cuáles son los actos que reclama en esta instancia y la autoridad a la que se los atribuye. Desechamiento Resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Sentado lo anterior, conviene acotar que el quejoso señala como actos reclamados: La orden de desalojo con uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, emitida en el juicio ordinario civil 305/2020, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, promovido por Dolores Martínez Domínguez contra Rodolfo Martínez Domínguez; y, su ejecución. Una vez analizada en su totalidad la demanda en cuestión, el escrito aclaratorio y documentos exhibidos, el suscrito considera actualizada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, por no ser la última resolución emitida en la etapa de ejecución. Conforme a los preceptos invocados, el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo, así como las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa; además, si la acción constitucional intentada versa sobre remates, únicamente podrá promoverse contra la última resolución, que es la que indistintamente ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Así quedó establecido en la jurisprudencia P./J. 32/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En el caso, la orden de desalojo combatida sobre el bien inmueble que por esta vía defiende el promovente es consecuencia directa de la sentencia pronunciada en el procedimiento natural, lo que implica que no constituye una resolución que ponga fin a la etapa de ejecución, puesto que no se aprueba de manera expresa o tácita su cumplimiento total, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, no existe la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, ni el acto reclamado radica en la resolución que desestima excepciones sustanciales o perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, es evidente que no se colma el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por el contrario, el acto de que se duele el amparista es un acto intermedio dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia derivado del juicio ordinario civil 305/2020, en el que se ordena ejecutar una orden de desalojo, por lo que es inconcuso que tal acto está orientado a obtener el cumplimiento del fallo definitivo ante la actitud renuente del quejoso. Luego, al ser una actuación dictada durante el trámite de la ejecución de sentencia, deberá ser combatido junto con las demás violaciones acaecidas durante dicho procedimiento mediante el juicio de amparo indirecto que en su caso promueva contra la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como el archivo del asunto. En ese sentido, para la procedencia de la vía constitucional, la actuación reprochada a la autoridad responsable ordenadora tendría que ubicarse dentro de alguno de los supuestos que para tal efecto señala la ley, en razón que el interés de la sociedad está orientado a que se ejecute un fallo que es cosa juzgada, por lo que las actuaciones intermedias de cualquier procedimiento de ejecución deben ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución de dicho procedimiento; en el entendido que el promovente no se ostenta como tercero extraño a la controversia de origen, ni señala como acto reclamado el emplazamiento en dicho juicio; máxime que el impetrante es parte demandada en el procedimiento del que derivan los actos reclamados y que no se ostenta como tercero extraño a la controversia de origen ni se duele del emplazamiento en dicho juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que estipula: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." De igual manera resulta ilustrativa, aplicada a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Rodolfo Martínez Domínguez, con fundamento en el numeral 113 de la normatividad de la materia. Similares criterios sostuvieron el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver los recursos de queja 124/2021 y 204/2019, en los que, medularmente, confirmaron la improcedencia de los juicios de amparo indirecto en los que se combatió la orden de lanzamiento o desalojo en cumplimiento a una sentencia definitiva. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio procesal Finalmente, se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en el ocurso que se provee, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; así como las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis establece: "...Desahoga prevención Téngase por recibido el ocurso de cuenta signado por...mediante el cual desahoga las prevenciones formuladas por acuerdo de cinco de noviembre del año en curso y para tal efecto aclara cuáles son los actos que reclama en esta instancia y la autoridad a la que se los atribuye. Desechamiento Resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Sentado lo anterior, conviene acotar que el quejoso señala como actos reclamados: La orden de desalojo con uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, emitida en el juicio ordinario civil 305/2020, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, promovido por...contra...y, su ejecución. Una vez analizada en su totalidad la demanda en cuestión, el escrito aclaratorio y documentos exhibidos, el suscrito considera actualizada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, por no ser la última resolución emitida en la etapa de ejecución. Conforme a los preceptos invocados, el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo, así como las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa; además, si la acción constitucional intentada versa sobre remates, únicamente podrá promoverse contra la última resolución, que es la que indistintamente ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Así quedó establecido en la jurisprudencia P./J. 32/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En el caso, la orden de desalojo combatida sobre el bien inmueble que por esta vía defiende el promovente es consecuencia directa de la sentencia pronunciada en el procedimiento natural, lo que implica que no constituye una resolución que ponga fin a la etapa de ejecución, puesto que no se aprueba de manera expresa o tácita su cumplimiento total, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, no existe la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, ni el acto reclamado radica en la resolución que desestima excepciones sustanciales o perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, es evidente que no se colma el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por el contrario, el acto de que se duele el amparista es un acto intermedio dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia derivado del juicio ordinario civil 305/2020, en el que se ordena ejecutar una orden de desalojo, por lo que es inconcuso que tal acto está orientado a obtener el cumplimiento del fallo definitivo ante la actitud renuente del quejoso. Luego, al ser una actuación dictada durante el trámite de la ejecución de sentencia, deberá ser combatido junto con las demás violaciones acaecidas durante dicho procedimiento mediante el juicio de amparo indirecto que en su caso promueva contra la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como el archivo del asunto. En ese sentido, para la procedencia de la vía constitucional, la actuación reprochada a la autoridad responsable ordenadora tendría que ubicarse dentro de alguno de los supuestos que para tal efecto señala la ley, en razón que el interés de la sociedad está orientado a que se ejecute un fallo que es cosa juzgada, por lo que las actuaciones intermedias de cualquier procedimiento de ejecución deben ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución de dicho procedimiento; en el entendido que el promovente no se ostenta como tercero extraño a la controversia de origen, ni señala como acto reclamado el emplazamiento en dicho juicio; máxime que el impetrante es parte demandada en el procedimiento del que derivan los actos reclamados y que no se ostenta como tercero extraño a la controversia de origen ni se duele del emplazamiento en dicho juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que estipula: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." De igual manera resulta ilustrativa, aplicada a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por...con fundamento en el numeral 113 de la normatividad de la materia. Similares criterios sostuvieron el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver los recursos de queja 124/2021 y 204/2019, en los que, medularmente, confirmaron la improcedencia de los juicios de amparo indirecto en los que se combatió la orden de lanzamiento o desalojo en cumplimiento a una sentencia definitiva. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio procesal Finalmente, se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en el ocurso que se provee, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; así como las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de este año, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue designado como titular de este órgano jurisdiccional el Juez Erik Juárez Olvera, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior se realiza en cumplimiento a la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 312, registro 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese.
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