Rodolfo Martínez Arreguín

Expediente 1583/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1583/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Martínez Arreguín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que en auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informando los tramites que está realizando a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria dictada por este juzgado federal, sin que a la fecha haya remitido las constancias correspondientes al cumplimiento de dicha ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días a que refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, de cumplimiento con la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello. En el entendido que su conducta pueda considerarse en evasivas o retraso indebido en el referido cumplimiento Sin soslayar que la ejecutoria de amparo lo fue para los efectos siguientes: "Único. De inmediato provea lo necesario para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 499/2014, de su índice, esto es, realice de inmediato las gestiones necesarias a fin de lograr que la demandada Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, cumpla con el pago de ............., y con lo ordenado en el oficio TCA/PRES/538/2019, de diez de junio de dos mil diecinueve que le remitió, el cual recibió desde el nueve de julio del mismo año, a efecto de que llevara a cabo la ratificación de la clave presupuestal número ..........., así como el otorgamiento del formato único personal al aquí quejoso, a que resultó condenada en dicho laudo, para lo cual deberá tomar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes." Bajo apercibimiento de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia; aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, en turno, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y consignación. Sirve de apoyo la tesis aislada I. 5o.C.7 K (10a) sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2596, libro 10, Tomo III, Septiembre de 2014, Decima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA. El propio órgano de control de los actos de autoridad es quien debe, a su vez, asumir la responsabilidad que le corresponde, de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo." Atento a que los tribunales laborales no tienen superior jerárquico para el efecto del cumplimiento de las sentencias de amparo, por tratarse de un órgano autónomo, motivo por el cual se apercibe a dicha autoridad a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento total a la ejecutoria que obra en autos, esto es así, mediante ejecutoria de treinta de junio de dos mil veintitrés, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: ". De inmediato deberá iniciar los trámites previstos en la Ley Federal del Trabajo, para la emisión del laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************" En consecuencia, requiérase a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que en término de de tres días hábiles, contados a partir del momento en que reciban el oficio respectivo, remita las constancias que acrediten cumplimiento dado a la ejecutoria de ejecutoria de amparo, a fin de no hacerse acreedora a la multa a que se hace referencia en el auto de treinta de junio de la presente anualidad, con independencia de la responsabilidad penal. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Finalmente, agréguese el escrito de la quejosa ********************, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese.

  3. Incidental

    S E N T E N C I A ... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por la ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Administración Desconcentrada de Readaptación de Michoacán "1", con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, inciso b), por los motivos expuestos en el punto considerativo tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA Y PROTEGE a la quejosa ********************, en contra de la autoridad responsable Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por el acto reclamado en el considerando segundo inciso a), para el efecto indicado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con la copias de la demanda de amparo que antecede y con fundamento en los artículos 125, 128, y 138 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós; fórmese y tramítese en un tanto el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número ********************/2023, promovido por ********************, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y otras autoridades, consistente en: ".IV. ACTOS RECLAMADOS A LAS RESPONSABLES: 1).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SE LE RECLAMA LA POSIBLE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DE MI HERMANO, ********************.". En el caso concreto, el peticionario del amparo solicitó expresamente en su escrito de demanda, la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Por tanto, con fundamento en los artículos 162, 163, 164 y 165, en relación con el 147, todos de la Ley de Amparo en vigor, se CONCEDE a ********************, la suspensión provisional del acto reclamado consistente en el pretender privarlo de su libertad, para los siguientes efectos: a) Que el citado quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento del orden penal que se siga en su contra. b) En caso de que el acto reclamado no se haya ejecutado, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute el mandato respectivo. c) Si ya fue ejecutado y se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos a disposición ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad, según corresponda. En el entendido de que si la privación de la libertad de los quejosos es a consecuencia de su detención en flagrancia, el plazo se contará a partir de que los imputados sean puestos a disposición del Ministerio Público que corresponda. a) En el supuesto de que la detención de los quejosos haya sido efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora deberá cesar la detención, poniéndolos en libertad o a disposición del Ministerio Público correspondiente. b) En el entendido que en este supuesto, cuando la detención de los quejosos no tenga relación con la comisión de un delito, deberán ser puestos en libertad. c) En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de los quejosos, deberá ponerlos en inmediata libertad o consignarlos ante un juez, según proceda. Con fundamento en el artículo 162 de la Ley de Amparo en vigor y como medida para asegurar que los quejosos no evadan la acción de la justicia, se decreta que el impetrante del amparo deberá comparecer cuantas y tantas veces sean citados por el Ministerio Público, para colaborar en la investigación con la cual se encuentren relacionados y ante este órgano jurisdiccional, cuantas veces les sea exigido, apercibidos que de incumplir con cualquiera de esta prevenciones, la suspensión del acto reclamado cesará en sus efectos y la autoridad responsable, previa notificación de tal evento, podrá ejecutar el acto reclamado. Lo anterior, en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Esta medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si el quejoso no otorga una garantía a satisfacción de este juzgado por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), en los cinco días siguientes al en que queden legalmente notificados del presente proveído en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136, de la Ley de la materia, en relación con el diverso 168, del mismo ordenamiento jurídico, que establece que para la procedencia de dicha medida suspensiva, contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, como en la especie ocurre, el Juez de amparo deberá exigir a los quejosos que exhiban garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes, en la inteligencia de que la suma antes señalada, se fija únicamente para el efecto de que al ahora quejoso cumpla con las medidas de aseguramiento decretadas en este proveído, así como las que deriven del proceso penal. En el entendido de que dicho certificado deberá contener los datos relativos al nombre de los quejosos como depositantes, número de expediente, cantidad que ampara y el concepto para el cual se exhibe, bajo apercibimiento que de omitirse tales requisitos, no se tendrán por exhibidos. En la inteligencia de que la parte quejosa, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito", de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación y si opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá de contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 136 de la Ley de Amparo vigente. Mediante oficio correspondiente, al que deberá agregarse copia de la demanda de garantías, pídase a las autoridades responsables, su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; asimismo, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo dispone el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo hagan. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables y a los que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir sus informes deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

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