Rodolfo Martin Reyes Alva

Expediente 882/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
882/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Martin Reyes Alva

Actuaciones

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintiséis de noviembre pasado, que desechó la demanda, por tanto, con fundamento en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En ese sentido, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese; y por lista electrónica. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial de cuenta, mediante la cual el actuario judicial adscrito manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar de manera personal al quejoso Rodolfo Martín Reyes Alva el auto del veintiséis de noviembre pasado por las razones que expone. En tales condiciones, con fundamento en la fracción III, del artículo 26, de la ley de la materia, notifíquese al peticionario de amparo el precitado proveído, y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista electrónica. Notifíquese; y por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. Auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********, por derecho propio, contra actos del Fiscal de Investigación desconcentrada en Benito Juárez, de la Coordinación Territorial BJ-1 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 882/2020-II. De la lectura integral se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: a) La orden de aprehensión y/o comparecencia y/o citación, emitida en su contra, así como su ejecución. b) El citatorio derivado de la carpeta de investigación CI-FIBJ/BJ-1/UI-1S/D/76/02/2020. Respecto a los actos señalados en el inciso a), se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación al quejoso debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, del contenido de los antecedentes que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que aproximadamente a las dieciséis horas con cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se presentaron a su domicilio, dos personas que dijeron ser Agentes de Investigación de la Fiscalía del Estado de México y que traían una citación, refiriendo que nunca abrió la puerta y estos se retiraron, dejando pegada en el portón dicha citación, sin señalar el motivo y solicitándole que presentara un vehículo. De esta forma es evidente que a la fecha de la afectación real y actual en contra del promovente, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Ahora, respecto al acto reclamado señalado con el inciso b) consistente en el citatorio derivado de la carpeta de investigación CI-FIBJ/BJ-1/UI-1S/D/76/02/2020, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que con el citatorio la autoridad señalada como responsable no creó, modificó o extinguió una situación jurídica concreta sobre la esfera de derechos del quejoso, puesto que únicamente se le citó para continuar con la referida carpeta de investigación. En primer lugar, es importante señalar que, en el caso concreto, el estándar de análisis es el de interés jurídico y no el de interés legítimo, toda vez que la afectación que alega el promovente no la hace depender de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, sino de la cita que se le formuló para comparecer dentro de un expediente de investigación. En efecto, al promoverse el juicio de amparo el quejoso debe situarse en alguna de las referidas hipótesis; esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado -interés jurídico-, o bien, aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situarse en uno u otro supuesto, pero no en ambos. En ese sentido, se concluye que, en el caso, el citatorio reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, ya que no transgrede de manera directa, real y actual su esfera jurídica. Lo anterior resulta relevante en la medida en que, para este juzgador, un acto a través del cual se requiere a un particular para que lleve a cabo determinada conducta no genera una afectación real, actual y directa sobre su esfera jurídica, toda vez que el solo requerimiento no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta en sus derechos. De ahí que se afirme que el citatorio, por sí mismo, no causa perjuicio ni afecta los intereses jurídicos de la parte promovente del amparo, ya que se trata del medio a través del cual se le otorga derecho de audiencia, en términos del artículo 14 constitucional. No obsta a lo anterior el hecho de que, en caso de no comparecer injustificadamente a la citada diligencia, puedan hacerse efectivas cualquiera de las medidas de apremio para el caso de que no se presente, pues ello es un acto futuro de realización incierta, porque está condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación a dicha audiencia es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la posibilidad de que se haga efectivo el apercibimiento no le depara perjuicio real y directo, en razón 11/01/21 10:43:28 que la aplicación de esa medida depende de la conducta que el propio quejoso asuma y despliegue. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, materia Común, Penal, página 239, de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, materia Común, Penal, página 1341, de rubro: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA". Así como, la tesis II.2o.P.51 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, materia Común, Penal, página 2601, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, toda vez que se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito y por autorizadas a las personas que menciona, para los efectos que precisa. Por lo que respecta a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, se toma conocimiento, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bertha Carrillo Romero, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

  3. Principal

    II. Se desecha la demanda de amparo.

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