Rodolfo Mariano Suarez Lopez

Expediente 1264/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1264/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • Rodolfo Mariano Suarez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Documentos agregados en autos. Como existe un documento agregado en autos, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, dese vista a la parte quejosa, a fin que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger la documental exhibida, apercibido que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Documentos agregados en autos. Como existe un documento agregado en autos, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, dese vista a la parte quejosa, a fin que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger la documental exhibida, apercibido que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese."

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de noviembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el expediente relativo al juicio de amparo indirecto 1264/2017, promovido por ***. Lo anterior, en razón que mediante resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por la suscrita, mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (fojas 40 a 45). Conforme a su contenido, este órgano de control constitucional no insiste en la competencia planteada ante la autoridad oficiante, por tanto se avoca al conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese de recibo; glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, toda vez que el mismo consta de las actuaciones del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; en consecuencia, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dependiente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dependiente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: (.) De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. (.) Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado esencialmente el siguiente:  La determinación emitida el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca civil ***, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dependiente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por medio de la cual se declara procedente la excepción dilatoria de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en el juicio ordinario civil de divorcio necesario***, instaurado por el quejoso en contra de ***, y en consecuencia, declaró incompetente para seguir conociendo del juicio a la Jueza Segunda del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esa ciudad, y quien deberá remitir los autos al Juez Civil en turno de la Ciudad de México, para su continuación. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y VII, de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: (.) De la interpretación de los artículos en cita, se advierte por una parte que el juicio de amparo procede en contra de aquéllos actos de autoridad, en los cuales se determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora, es claro que, una cuestión de competencia, se suscita por el desacuerdo entre autoridades sobre quién debe conocer de cierto asunto, por lo que cada una de ellas bien puede emitir resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia o su conocimiento; pero la amplitud del citado texto legal, en cuanto a los supuestos que establece, no puede llevar al absurdo de que, en una cuestión de competencia, puedan impugnarse en amparo indirecto cada una de las determinaciones que van emitiendo las autoridades involucradas pues, de ser así, una impugnación podría afectar a la otra y se desplazaría al sistema legal previsto en la ley respectiva, para dilucidar las cuestiones de competencia, lo cual no corresponde a la finalidad del juicio de derechos fundamentales. Por ende, la aplicación de la norma aludida no debe interrumpir ni sustituir los procedimientos legales ordinarios para la sustanciación de las cuestiones de competencia, por lo que, en cada vía o tipo de juicio, habrá de analizarse cuál es el momento oportuno para que el asunto sea del conocimiento de los tribunales de amparo, armonizando los principios de la legislación que rija al acto reclamado, con los del referido juicio constitucional. En ese sentido, el vocablo "determinen" utilizado en la fracción en comento, debe entenderse referido a aquella resolución que en definitiva establezca el conocimiento del asunto de origen, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto; esto es, tanto la inhibitoria como la declinatoria se componen de dos decisiones judiciales, la que inicia y la que concluye. Así, el amparo indirecto sólo procede contra la que concluye cualquiera de esos dos tipos de procedimientos competenciales, salvo cuando la decisión concluyente sea en sentido negativo pues, en ese caso, se generaría el conflicto competencial, el cual tiene una tramitación especial. Asimismo, del examen relacionado de las disposiciones transcritas, cabe precisar que, son actos que no tienen la calidad de definitivos, esto es, no se trata de determinaciones mediante las cuales culmine la competencia declinada, que en su caso, puede causar efectos de imposible reparación. En ese sentido, la acción de amparo en todo caso, operaría en relación con actos de procedimiento que tengan la calidad de definitivos, esto es, la resolución con que culmine dicho procedimiento, emitida por la autoridad a quien se declina la competencia para conocer y resolver el asunto respectivo, o bien la del recurso que la confirma. Por lo que, al constituir la cuestión de competencia un aspecto procesal donde participan diversas autoridades, que bien pueden rechazar o aceptar el conocimiento del asunto, no es legalmente justificable que el juicio de amparo proceda contra cada una de esas resoluciones que recaigan, sino solo con aquella que culmina tal procedimiento. De lo que se sigue, que la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca civil ***, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dependiente del Poder Judicial de Justicia del Estado de Chiapas, por medio de la cual se declara procedente la excepción dilatoria de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en el juicio ordinario civil de divorcio necesario ***, instaurado por el quejoso en contra de ***, y en consecuencia, declaró incompetente para seguir conociendo del juicio a la Jueza Segunda del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esa ciudad, y quien deberá remitir los autos al Juez Civil en turno de la Ciudad de México, para su continuación, no es una acto definitivo para los efectos del juicio de amparo, por cuanto está supeditada a la aceptación o rechazo de la diversa a quien se declinó, y sería en todo caso, la resolución que esta última emita la que causaría agravio y pudiera ser materia del juicio de amparo indirecto. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la resolución de incompetencia reclamada haya sido emitida por una autoridad de segunda instancia, pues si bien es cierto, una resolución de esa naturaleza, debe considerarse como un acto dentro del juicio que, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, puede ser reclamado en amparo indirecto, ello sólo acontece, en los términos del propio precepto, cuando es de imposible reparación, que ocurre cuando la resolución de segunda instancia estima fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado y ordena remitir los autos a otro Juez común sujeto a la misma jurisdicción, pues en esta hipótesis, la decisión del Tribunal Superior tendrá que ser acatada por ambos Jueces. Sin embargo, ello no sucede cuando se declina la competencia a favor de un Juez común de otra jurisdicción o de un Juez de Distrito, como en el caso acontece, ya que en la resolución reclamada, se ordena que la Jueza Segunda del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esa ciudad, remita los autos al Juez Civil en turno de la Ciudad de México, para su continuación, por tanto, al no obligarlo a éste último, la resolución del Tribunal Superior ésta no causa perjuicio irreparable, ya que, tendrá que ser el Juez Civil en turno, en la Ciudad de México, el que acepte o rechace la competencia. Por consiguiente, en este caso, no procede el amparo indirecto en contra de la determinación del Tribunal Superior. (.) En las relatadas condiciones, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y VII, de la Ley de Amparo; con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1264/2017-1-B. INCOMPETENCIA Agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dependiente del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 2. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dependiente del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i) Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii) Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii) Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la determinación emitida el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca civil 238-A-1C03/2017, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dependiente del Poder Judicial de Justicia del Estado de Chiapas, por medio de la cual se declara procedente la excepción dilatoria de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 1211/2016, instaurado por el quejoso en contra de Lilia Aguilar Ramírez, y en consecuencia, declaró incompetente para seguir conociendo del juicio a la Jueza Segunda del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esa ciudad, y quien deberá remitir los autos al Juez Civil en turno de la Ciudad de México, para su continuación. La citada resolución, al implicar que las actuaciones del juicio natural sean enviadas a determinado juzgador que la Sala responsable consideró legalmente competente para conocer del negocio jurídico con la finalidad de que dé trámite a la demanda y resuelva lo que en derecho corresponda, se trata de una actuación de la autoridad judicial que requiere ejecución material; por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Establecido lo anterior, la lectura integra de la resolución combatida denota que la cuestión competencial resuelta por la responsable involucró a dos órganos jurisdiccionales, como lo son el Jueza Segunda del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esa ciudad, órgano que previno en el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda, emplazó a la demandada y ordenó la remisión de las actuaciones al Ad quem para la sustanciación de la excepción procesal opuesta, y el Juzgado Civil en turno en la Ciudad de México, al que finalmente se ordenó enviar los autos para la continuación del procedimiento, advertida su competencia para tramitar el asunto. Luego, es la ciudad de México en donde habrá de tener ejecución la sentencia que resolvió la excepción de incompetencia, máxime que ahí reside el juzgador de primer grado declarado competente, quien estará a cargo de la tramitación del juicio de origen. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para seguir conociendo del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado será ejecutado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito , de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL DE INCOMPETENCIA CUANDO SE SEÑALA LA AUTORIDAD A QUIEN SE CONSIDERA COMPETENTE PARA ELLO Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE LOS AUTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE MATERIALIZA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de incompetencia efectuada por una autoridad jurisdiccional, quien precisa la competente para ello y ordena la remisión de los autos, el competente para conocer del juicio en su contra es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual reside la autoridad a cuyo favor fue declinada la competencia. Lo anterior es así, porque no debe atenderse al lugar en el que se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución del mandamiento aludido, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, ya que para ello, debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Así como, la tesis IX.2o.19 K , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO QUE DEBA CONOCER DEL NEGOCIO JURÍDICO. La interlocutoria que resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria y la declara improcedente, ordenando que el Juez ante quien se presentó la demanda de origen continúe conociendo del contradictorio, no constituye una resolución de mera declaración, sino que tiene el efecto positivo de remitir los autos al Juez considerado legalmente competente, a fin de que continúe conociendo del procedimiento de origen; es decir, esa clase de resolución conlleva una orden inmediata al Juez del proceso para proceder en determinado sentido: seguir conociendo del negocio jurídico. Bajo ese contexto, si la Sala responsable que resolvió la excepción de incompetencia, radica en la ciudad capital del Estado y el Juez de origen al cual estimó competente y le ordenó continúe conociendo del juicio natural, reside en algún Municipio del propio Estado, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido contra esa interlocutoria, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional declarado competente quien estará a cargo de la tramitación del juicio de origen." En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno; a quien se considera competente para conocer del asunto. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a José Alfredo Fonseca García, Salustio René Culebro Díaz y Miguel Ángel Terjo Cigarroa, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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