Rodolfo Lopez Zuñiga

Expediente 671/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
671/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Lopez Zuñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintidós. Estado de autos y certificación. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara la sentencia dictada en este juicio el veintiuno de junio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veintiuno de junio de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el juicio y que dicha determinación causa ejecutoria con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Devolución documentos originales. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia del documento que acompañó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución de los originales, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintidós. Estado de autos y certificación. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara la sentencia dictada en este juicio el veintiuno de junio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veintiuno de junio de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el juicio y que dicha determinación causa ejecutoria con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Devolución documentos originales. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia del documento que acompañó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución de los originales, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las once horas del veintiuno de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 671/2022-VI, la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo Juez Sexto de Distrito en el Estado, asistida del licenciado J. Guadalupe García Neri, Secretario que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el secretario requiere a la oficial de partes del juzgado para que proporcione toda la correspondencia relativa a este expediente, quien manifiesta que no hay promociones dirigidas a este asunto. Acto seguido, el secretario da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: a) escrito de demanda, anexos y auto admisorio de dieciocho de mayo de dos mil veintidós; b) informe justificado y acuerdo respectivo donde se agregó dicho informe; c) así mismo se da cuenta con la circunstancia de que el agente del Ministerio Público Federal sí presentó pedimento. Asimismo, el secretario certifica y hace constar que: el diez de junio de dos mil veintidós, se recibió el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, determinación que fue notificada por medio de lista autorizada fijada en los estrados de este juzgado el trece de junio de dos mil veintidós, por lo que al día de hoy no ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, ya que dicho término transcurre del quince al veinticuatro de junio del año en curso, previo descuento de los días inhábiles. A lo que la Juez acuerda: Téngase hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y tómese en consideración al momento de resolver. Respecto de la certificación de cuenta, se advierte que en el presente asunto no se desatiende la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", toda vez que del estudio analítico de la ejecutoria que da sustento al criterio plasmado en dicha jurisprudencia, se advierte que su espíritu no es diferir la audiencia constitucional en todos los casos en que el informe justificado no se rinda con la anticipación a que se refiere el numeral respectivo de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, sino que se atenderá al caso concreto, partiendo del supuesto de que la principal finalidad del diferimiento es que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen lo plasmado en el informe justificado o en las constancias que la responsable remita como justificación. En el caso, si bien mediante acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado cuyo informe no fue recibido con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional- a nada práctico conduciría diferir la presente audiencia ya que en el caso particular, se reclama un acto de carácter omisivo y por lo tanto éste se apreciará tal como aparezca acreditado ante la responsable, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, por lo que es innecesario consecuentemente el diferimiento de esta audiencia. Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las aportadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y por la autoridad responsable en su informe de ley. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia; por tanto, se cierra este período. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon y que el agente del Ministerio Público sí presentó pedimento. Al efecto la Juez acuerda: Téngase por precluido el derecho de las partes para formular alegatos y por reproducido el pedimento presentado por el representante social. Se da por concluida la presente audiencia y se declaran los autos vistos para dictar la sentencia que en derecho corresponde.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 671/2022-VI. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, turnado ese mismo día a este Juzgado, ***z apoderado jurídico de **** solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a quien le reclamó: ". la omisión de resolver y/o pronunciar laudo en el juicio laboral expediente N° 603/2017." SEGUNDO. Trámite. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se requirió a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que corresponde; no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haberse solicitado la parte quejosa; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado el presente asunto, tuvo verificativo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; así como los puntos Primero, Segundo, fracción IX, y Cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; al reclamarse una omisión por parte de autoridad, con residencia dentro de la jurisdicción que ejerce este órgano jurisdiccional; lo que implica que la parte quejosa cuenta con la potestad de presentar el juicio de amparo ante el órgano jurisdiccional que estime conducente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual se toman en cuenta los datos que emanan de la demanda, sus anexos, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, derivado preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión de dictar laudo en autos del expediente laboral 603/2017. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su informe justificado lo negó expresamente. Lo que además se corrobora con la constancia que adjuntó a su informe de ley la autoridad responsable, consistente copia certificada del laudo dictado el doce de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 603/2017.; documental que al haber sido expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto, resulta inconcuso que la omisión reclamada no existía a la fecha de la presentación de la demanda (diecisiete de mayo de dos mil veintidós), ya que con anterioridad, es decir, el doce de mayo de la misma anualidad, se resolvió el expediente laboral 603/2017. En efecto, al analizar el sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual se encuentra impreso en la parte superior del escrito de demanda, se desprende que fue presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, y como quedó establecido en el párrafo que antecede, el doce de mayo de la misma anualidad, se emitió la resolución del expediente laboral de origen; es por ello que en el presente asunto no puede ocuparse de la omisión reclamada toda vez que ésta no existía a la fecha de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de la omisión reclamada precisada en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo: XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la adscripción.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de junio de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó al rendir su informe de ley. Delegados. De igual manera, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva.

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