Rodolfo López Valenzuela

Expediente 497/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
497/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo López Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, y fue negada la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, y con apoyo además en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SOLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el trece de junio de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS, Los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 497/2022, promovido por Rodolfo López Valenzuela, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet; Fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado; Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca y Comandante de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal el veintiocho siguiente, Rodolfo López Valenzuela, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades y actos que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.- Señalo como autoridad responsable a las (sic) siguiente. Autoridades señaladas como ordenadoras: a) Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Ixcotel [.]; b) [.] Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet [.]; c) [.] a la Fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado [.]; Autoridades señaladas como ejecutoras: d) [.] Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca [.]. e) Al C. Comandante de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones [.]. Actos reclamados: De las autoridades responsables señaladas como ordenadoras reclamo la orden genérica de privación de la libertad y/o captura y/o detención y/o presentación y/o comparecencia y/o aprehensión girada en mi contra, sin que exista motivo o fundamento para ello y atento a los antecedentes del caso que se expresen en esta demanda. De las ejecutoras reclamo la ejecución material de las órdenes mencionadas que se traducen en la privación genérica de mi libertad personal. b) de las autoridades responsables ejecutoras reclamo: la ejecución material, que pretende llevar a cabo, de las orden de aprehensión emitida por la ordenadora. Asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de demanda y trámite del juicio de amparo. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró el expediente con el número 497/2022; se admitió la demanda de mérito, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En auto de diecisiete de mayo del año en curso, se dejó de tener como autoridad responsable a la que el quejoso denominó "Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca", en virtud de su inexistencia, y la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados son atribuidos a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa a las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet; Fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la orden de aprehensión girada en su contra. Al Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca y Comandante de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, la ejecución de dicha orden. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas responsables Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca y Comandante de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". CUARTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete con cuarenta y cinco minutos a catorce con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente determinación se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 497/2022 promovido por Rodolfo López Valenzuela, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo, en términos de los fundamentos y motivos expuestos en el diverso penúltimo, ambos de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de siete de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este Juzgador procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso REYNALDO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, efectuara las gestiones que hicieran falta e inmediatamente dictara la sentencia que en derecho procediera en el plazo de ley; concesión que se hizo extensiva a la autoridad ejecutora en vía de consecuencia. Dicha sentencia causó ejecutoria el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y se requirió a las responsables su cumplimiento. La Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, mediante oficio 14/2022, remitió copia certificada de la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictada en las causas penales acumuladas 51/2005, 66/2005 y 70/2005, de su índice, de la que se advierte, se dictó sentencia condenatoria a Reynaldo Martínez Álvarez o Reynaldo Álvarez Martínez, por su responsabilidad penal en los delitos ahí mencionados, imponiéndole la pena de prisión correspondiente y sus demás consecuencias. Asimismo, mediante oficio SSP/SPRS/DGRS/CPE/ST/508/2022, el director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca, informó el cumplimiento a dicha sentencia condenatoria. Por tanto, se considera que las autoridades responsables, cumplieron con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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