Rodolfo Lopez Ibarra

Expediente 61/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
61/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Lopez Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    ...ha causado estado para todos los efectos legales...

  2. Principal

    Visto el estado procesal del presente asunto, se trae a la vista el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número quince CPS CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, acordado en auto que antecede, a través del cual, informó que brindó la atención médica especializada solicitada por el quejoso en la ampliación de demanda y al efecto remitió documentales que justifica su dicho. Corolario a ello, se recuerda que los actos reclamados son: Admisión: La falta de atención médica especializada. Ampliación de demanda. La falta de atención médica especializada, derivada de la intervención quirúrgica practicada el cinco de enero de dos mil veintitrés y de los informes que adjuntan los estudios médicos, comunicando que advierte diversos padecimientos que ponen en riesgo su salud. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Tomando en consideración los informes de las autoridades responsables que obran en autos, se estima que se encuentra actualizada una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XXI, cuya literalidad es la siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Lo anterior es así, pues en el escrito de demanda de amparo el quejoso Rodolfo López Ibarra reclamó la falta de atención médica especializada por diversos padecimientos, y en auto de seis de enero de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano, la cual fue acatada en primer término por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número quince CPS CHIAPAS, quien comunicó: - Que el dos de enero del dos mil veintitrés, el quejoso fue atendido por un médico particular del reclusorio a su cargo, proporcionándole diagnóstico y el plan de tratamiento. - El cuatro de enero siguiente, fue atendido en el Hospital General en esta ciudad, acudiendo al servicio de urgencias por el padecimiento de oclusión intestinal, donde solicitaron el estudio Tac de abdomen simple y contrastado, el cual fue realizado el cinco de enero actual. - Luego en esa misma fecha, el especialista en cirugía general, realizó la intervención quirúrgica al quejoso mediante colecistectomía abierta. - El seis de enero del año en curso, dieron de alta del Hospital General al directo agraviado. - Mediante nota médica de diecinueve de enero el médico del centro federal a su cargo, decidió dar de alta al quejoso. Actuaciones que se acreditan con las documentales anexas al dicho informe de suspensión de plano, además de los diversos rendidos por las autoridades responsables penitenciarias, y la constancia de notificación personal donde el quejoso realizó diversas manifestaciones relacionadas al acto en trato. No obstante, el impetrante solicitó el seguimiento al acto reclamado, por lo que, en proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, se le requirió para que aclarara si deseaba ampliar su demanda de amparo, obteniendo una respuesta afirmativa, de ahí que, el nueve de febrero del año en curso, se amplió la demanda respecto al acto reclamado: la falta de atención médica especializada, derivada de la intervención quirúrgica practicada el cinco de enero de dos mil veintitrés y de los informes que adjuntan los estudios médicos, comunicando que advierte diversos padecimientos que ponen en riesgo su salud. Respecto al segundo acto reclamado, se solicitó informes de suspensión de plano y justificados a las autoridades responsables, por lo que la Directora General del centro penitenciario, mediante memorándum DJ/1320/2023 exhorto a la Encargada de la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", realizar diversas gestiones para el debido cumplimiento a la medida suspensional. Ante la omisión de informar el cumplimiento conminado, en auto de diecisiete de marzo se requirió información a la Directora General, quien indicó que brindó la atención médica especializada solicitada por el quejoso, y al efecto remitió documentales que justifican su dicho, de las que se advierte: - La nota de interconsulta a urología de siete de marzo de dos mil veintitrés, realizada al quejoso por el Doctor Óscar Alejandro Sánchez Balboa, cirujano urólogo, quien concluye que el paciente por el momento, no tiene urgencia urológica. - Constancia médica firmada por el quejoso, en la que menciona que el directo agraviado informó al urólogo de todos sus padecimientos que presentó, y estuvo conforme con la atención médica especializada que recibió. Bajo este contexto, es evidente que en la especie, ha ocurrido un motivo que torna improcedente el presente juicio de amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo que, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 193758, tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, tomo XIV, junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para once horas con cuarenta minutos del doce de abril de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos a que haya lugar.

  3. Principal

    Glósese a los autos el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número quince CPS CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas; a través del cual cumple el requerimiento formulado en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, y remite diversas actuaciones con las que justifica su dicho. En tal tenor, se deja sin efectos el apercibimiento de multa conminado, y se toma conocimiento de lo informado para acordar lo propio al momento de resolver el presente asunto.

  4. Principal

    Visto el estado procesal del presente asunto, se trae a la vista la ampliación de demanda de nueve de febrero de dos mil veintitrés, respecto al acto reclamado consiste en: La falta de atención médica especializada, derivada de la intervención quirúrgica practicada el cinco de enero de dos mil veintitrés y de los informes que adjuntan los estudios médicos practicados, comunicando que advierte diversos padecimientos que ponen en riesgo su salud. En dicho auto, se concedió la suspensión de plano al quejoso, se requirió a las responsables su cumplimiento, así como los informes justificados y de suspensión de plano, sin embargo, fueron omisas en rendir su respectivo informe que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que, se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Corolario a ello, en auto de quince de febrero del año en curso, se tuvo a la Directora General y al Comandante encargado de la Sub Dirección de Seguridad y Custodia, ambos adscritos al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, rindiendo su respectivo informe de suspensión de plano. Luego, en cuanto a la Directora General, informó que mediante memorándum número DJ/1320/2023 de trece de febrero de dos mil veintitrés, conminó a la Encargada de la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS" realizar diversas gestiones para el debido cumplimiento a la medida suspensional; circunstancia que se convalida con las manifestaciones expresas de dicha autoridad exhortada en su informe de suspensión agregado en auto de dieciséis de febrero. Respecto al Comandante encargado de la Sub Dirección de Seguridad y Custodia, señaló que no está dentro de sus funciones proporcionar la atención médica especializada solicitada por el directo agraviado. SE REQUIERE INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Bajo este contexto, se observa que a la presente data, las autoridades penitenciaras han omitido en informar el cumplimiento total de la suspensión de plano concedida en este juicio, de tal forma que, se estima conveniente requerir a la Directora General y a la Encargada de la Dirección Técnica, ambos adscritos al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en auto de la ampliación de demanda y/o el seguimiento dado al memorándum número DJ/1320/2023, acompañando para ello copia certificada de la documentación que así lo acredite, o en su caso, informe la imposibilidad material o jurídica que tenga ... Bajo el apercibimiento, que de no hacerlo, se le impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa consistente en cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que equivale a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 m.n.), tomando en consideración la Unidad de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el país a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés; la cual se hará efectiva una vez que quede firme el presente proveído. Esto, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, asimismo se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III.

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