Rodolfo Larios Betancourt
Expediente 722/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/11/2017
Partes del expediente
- Rodolfo Larios Betancourt
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 722/2017, promovido por Rodolfo Larios Betancourt, contra actos del Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que se precisarán en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En la misma fecha se registró la demanda con el orden 722/2017 y se previno al quejoso; después de que desahogó el requerimiento relativo, mediante auto de ocho de septiembre pasado se admitió a trámite el asunto; se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias, se precisa que los actos reclamados son los siguientes: - La resolución de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa FIZC/IZC-1/T2/02165/13-12, por la que se propuso el no ejercicio de la acción penal, así como su ejecución, pues así se especificó en la demanda, en que incluso se transcribió la parte relativa (fojas 6 y 7 del juicio). Actos que el quejoso atribuyó, de manera indistinta, al: a) Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas; b) Responsable de la Coordinación Territorial y Seguridad Pública IZC-1 de la Fiscalía Desconcentrada en Iztacalco (denominación correcta); y c) "Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación número Uno, Sin Detenido, de la Fiscalía Desconcentrada en Iztacalco". Todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. TERCERO. No es cierto el acto reclamado del subprocurador señalado como responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba en contrario. Por otra parte, tampoco es cierto el acto reclamado del responsable de agencia mencionado, pues no obstante que lo admitió al rendir su informe de ley, esa aceptación se vincula con la autorización de la propuesta de no ejercicio de la acción penal, acto que no constituye la materia de la litis en este asunto, lo que se considera así porque el quejoso fue claro y preciso en señalar como acto reclamado únicamente la propuesta de no ejercicio de la acción penal, lo que se corrobora con el hecho de que el amparista fue enfático al desahogar la prevención formulada en auto inicial, en señalar que no interpuso recurso de inconformidad porque -a su consideración-, la materia penal constituye una excepción al principio de definitividad. Aunado a lo anterior, la inexistencia últimamente mencionada también se confirma con las constancias que anexó en copia certificada al referido informe el citado responsable, pues de ellas se advierte que fue diversa autoridad la que emitió la propuesta de no ejercicio de la acción penal reclamada; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, Consecuentemente, en virtud de la inexistencia de los actos reclamados de las responsables mencionadas en párrafos precedentes, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia se sobresee en el juicio de amparo. CUARTO. Es cierto el acto reclamado del agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial y Seguridad Pública IZC-1 de la Fiscalía Desconcentrada en Iztacalco de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en su denominación correcta. Respecto de la denominación de tal autoridad, este juzgado considera necesario precisar que si bien es cierto tuvo por inexistente -con motivo de la razón actuarial visible a foja 35 de los autos-, a la que el solicitante del amparo señaló como "Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación número Uno, Sin Detenido, de la Fiscalía Desconcentrada en Iztacalco", no menos lo es que tal denominación fue indicada así por el promovente de la acción constitucional en razón de que así le fue proporcionada por el responsable de agencia referido en párrafos precedentes, como se observa en la notificación respectiva -foja 23-, de manera que si esa denominación errónea no deriva de causas atribuibles al quejoso, sino del responsable de que se trata, tal circunstancia no debe ser utilizada en perjuicio de aquél, en lo que concierne a la inexistencia mencionada. Por ello, se tiene como autoridad responsable a la mencionada en el párrafo primero de este considerando. Hecha tal precisión, este órgano de control constitucional considera que no obstante es cierto el acto reclamado de que se trata, esto es, la propuesta de no ejercicio de la acción penal, procede decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XII, ambos de la ley de la materia. Para determinar que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar el acto indicado en la demanda, resulta pertinente destacar que este juzgado se basa en la tesis P. CLXIX/97, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de justicia del país, publicada en la página 110 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, que establece: "ACCIÓN PENAL. LA RESOLUCIÓN POR LA QUE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PROPONE AL PROCURADOR EL NO EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO ES DEFINITIVA Y, POR TANTO, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL OFENDIDO, DENUNCIANTE O QUERELLANTE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De lo dispuesto en los artículos 4o. del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León y 6o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la referida entidad federativa, se desprende que los agentes del Ministerio Público tienen la función de proponer el no ejercicio de la acción penal al procurador general de Justicia, pero es éste el encargado de resolver en definitiva sobre el particular, en uso de un arbitrio regulado por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, no encontrándose supeditado a la propuesta ministerial, la que, por consecuencia, resulta ser sólo una opinión que el titular de la representación social puede o no seguir, que no es susceptible de afectar el interés jurídico de los gobernados, en especial, el del ofendido, denunciante o querellante, puesto que no constituye un acto definitivo, ni tampoco una determinación que vincule al procurador a resolver en ese sentido. Por tanto, la resolución relativa a la propuesta de inejercicio de la acción penal no afecta intereses jurídicos, por lo que al respecto se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo". Conforme a lo determinado por el Más Alto tribunal, resulta indudable que una propuesta de no ejercicio de la acción penal que está sujeta a aprobación por parte de diversa autoridad (superior jerárquico de la que formula la propuesta, en el caso el responsable de agencia), no tiene el carácter de definitiva, por lo que no es vinculante para quien debe autorizarla, de manera que al constituir sólo una propuesta, no afecta el interés jurídico del quejoso, pues en todo caso la resolución que le causaría perjuicio sería la relativa a dicha autorización, respecto de la cual, contrario a lo que aseveró el amparista, no opera la excepción al principio de definitividad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. En razón de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio de conformidad con el diverso 63 fracción V, de la misma legislación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las consideraciones expuestas en los considerandos tercero y cuarto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rodolfo Larios Betancourt, contra los actos consistentes en: - La resolución de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa FIZC/IZC-1/T2/02165/13-12, por la que se propuso el no ejercicio de la acción penal, así como su ejecución. Que atribuyó, de manera indistinta, al: a) Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas. b) Responsable de la Coordinación Territorial y Seguridad Pública IZC-1 de la Fiscalía Desconcentrada en Iztacalco; y c) Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial y Seguridad Pública IZC-1 de la Fiscalía Desconcentrada en Iztacalco de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en su denominación correcta. Todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete a las doce horas con veinte minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el representante social de la Federación adscrito, en atención a su contenido, con fundamento en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. En cuanto a la copia que solicita, una vez que este juzgado pronuncie la resolución correspondiente, expídase la misma con apoyo en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria.
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