Rodolfo Juárez Jiménez
Expediente 251/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rodolfo Juárez Jiménez
Actuaciones
- Principal
Vista la tercera y cuarta certificación que anteceden, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, para interponer el recurso de revisión que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra la sentencia engrosada el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo al quejoso; sin que lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado fallo definitivo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Devolución de constancias. Devuélvase al Juzgado Sexto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recepción asentado por la citada autoridad hace las veces de acuse de recibo. Orden de archivo. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa; por lo que deberá conservase la demanda y la sentencia respectiva. . Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Devolución de documentos. Finalmente, se hace constar que en el presente asunto, no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, sin que ello implique transgresión alguna a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Precisado lo anterior, se tiene que son jurídicamente ineficaces los argumentos combativos propuestos por el quejoso. En efecto, del análisis integral hecho a la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa sostiene que la interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil veinte18, es ilegal porque varió las condenas impuestas en la sentencia firme de once de enero de dos mil diecinueve; motivo de inconformidad que se hace descansar, esencialmente, en lo siguiente: En primer término, se aduce que en el "resolutivo séptimo" de la sentencia firme de once de enero de dos mil diecinueve, se condenó al aquí quejoso al pago de los intereses moratorios "que se generen" y que se sigan generando hasta la total solución del asunto; razón por la cual, debe entenderse que esa prestación reclamada -intereses moratorios-, comenzó a generarse a partir de que el aquí inconforme fue condenado a su pago, esto es, a partir de la emisión de esa sentencia de once de enero de dos mil diecinueve, pues fue hasta ese momento en que se tuvo por concluido anticipadamente el contrato base de la acción, comenzando hasta ese entonces a correr los intereses moratorios. Que es por ello que, en el "resolutivo séptimo" de la sentencia de once de enero de dos mil diecinueve, sólo se le condenó al pago de los intereses moratorios "que se generen" y se sigan generando, y no así los generados con antelación a la emisión de ese fallo, pues de haberse estimado así por el juzgador de origen, se habría condenado el pago de esa prestación desde una determinada fecha, o al menos, al pago de los intereses moratorios ya generados más los que se siguieran generando, lo que en la especie no aconteció. Que aunado a lo anterior -expone el quejoso-, no es obstáculo el hecho de que el juez responsable haya indicado en la parte final del "considerando IX" de la sentencia en comento, que procedía condenar al aquí quejoso al pago de intereses moratorios conforme lo previsto en el artículo 85, fracción I, del Código de Comercio, pues esa determinación no es congruente con la condena expresa contenida en el "resolutivo séptimo" de la propia sentencia de once de enero de dos mil diecinueve; además de que, la sola cita del referido artículo no es suficiente para modificar un resolutivo de una sentencia firme, en el cual, el juez sí fue claro y preciso al fijar la condena relativa al pago de esos intereses moratorios. Es por ello que -asegura el peticionario del amparo-, la sentencia interlocutoria que se combate atenta contra sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, pues se pretende modificar una condena expresa que ha causado ejecutoria, incorporando argumentos o afirmaciones que no formaron parte de dicha resolución; lo anterior, en el entendido de que la ejecución de una sentencia debe ceñirse a las condenas expresas contenidas en ella (las cuales constituyen su límite), por lo que resulta ilegal que la autoridad responsable pretenda variar esa resolución mediante argumentos novedosos formulados con posterioridad a la fecha en que quedó firme ese fallo. Como se ve, el motivo de inconformidad propuesto por el quejoso se centra en cuestionar el lapso por el que fue condenado al pago de "intereses moratorios" pues, asegura, la determinación adoptada por el juez responsable en el "considerando IX" de la sentencia firme de once de enero de dos mil diecinueve, no puede tener el alcance de modificar el "resolutivo séptimo" de ese mismo fallo, en el cual, dicho juzgador sí fue claro y preciso en fijar la condena relativa al pago de esos intereses moratorios. De ahí que -asegura el quejoso-, contrario a lo resuelto en la interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil veinte19, se le debió condenar al pago de "intereses moratorios" a partir 19 En la que se resolvió el incidente de ejecución de sentencia de cálculo de intereses moratorios y aplicación de pago parcial de la condena. de que se emitió la sentencia firme de once de enero de dos mil diecinueve, pues de su "resolutivo séptimo" claramente se advierte que se le condenó al pago de los intereses moratorios "que se generen" y se sigan generando, y no así a los ya generados con antelación a la emisión de ese fallo. El anterior razonamiento, como se anunció al inicio del presente estudio, es jurídicamente ineficaz. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que una sentencia definitiva emitida en un juicio ejecutivo mercantil -como toda decisión jurisdiccional-, debe interpretarse en su conjunto, concentrándose su intelección en el análisis de su parte considerativa, cuyo sentido y determinación necesariamente habrán de regir los puntos resolutivos, pues son éstos un reflejo concreto de las decisiones jurídicas adoptadas en aquéllos. Se invoca en apoyo de lo anterior, por el criterio que informa, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "COSA JUZGADA. AL ANALIZARLA DE OFICIO, EL JUZGADOR DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE QUE EN EL ESTUDIO DE CUALQUIER SENTENCIA LOS CONSIDERANDOS RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. La cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, por lo que el Juez está obligado a analizarla de oficio en cuanto advierta su existencia. Ahora, en ese ejercicio el juzgador debe respetar un principio esencial en el estudio de cualquier sentencia, consistente en que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. Esa postura es reconocida por la doctrina procesal moderna, ya que ésta ha admitido que así como para interpretar la demanda es necesario su estudio conjunto y racional, el mismo criterio rige para interpretar una sentencia".20 (Lo destacado es de este juzgador). Por ello, es conveniente destacar que en la sentencia firme de once de enero de dos mil diecinueve -origen de la interlocutoria aquí reclamada-, concretamente en su "considerado III", el juez responsable fue patente en determinar que la parte actora había acreditado su acción y parcialmente sus pretensiones; en tanto que del "considerando IX" de ese mismo fallo, al resolver el reclamo de "intereses moratorios", determinó: "IX. Ahora, respecto del pago de los intereses moratorios reclamados por la parte actora en el inciso H) del proemio de su escrito de demanda, debe decirse que de conformidad con lo establecido por las partes en el inciso B) de la cláusula Séptima del documento base de la acción, en la que de manera expresa pactaron lo siguiente: 'SÉPTIMA. B).- Intereses moratorios.- A partir de que el 'Acreditante' deje de aplicar la sanción señalada en el párrafo precedente y tomando en cuenta la facultad de 'La Acreditante' que tiene para dar por vencido anticipadamente el plazo de vencimiento de este contrato, 'El Acreditado' está obligado a pagar, en sustitución de los intereses ordinarios, intereses moratorios a 'La Acreditante' a la tasa que resulte de multiplicar por uno punto cinco la tasa de interés ordinaria pactada en este contrato por todo el tiempo que dure la mora, que se computará sobre la totalidad del saldo insoluto del crédito'. En ese tenor y tomando en consideración lo pactado por las partes en el contrato de referencia, y de que el demandado dejó de cumplir con sus obligaciones de pago en la forma y términos acordados en el mismo, tal como se señaló en el considerando cuarto que antecede, resulta procedente condenar a Rodolfo Juárez Jiménez, al pago de dichos conceptos, lo que deberá de cuantificarse en ejecución de sentencia a través del incidente respectivo, ello conforme a lo previsto en el artículo 85, fracción I, del Código de Comercio".21 (Lo destacado es de este juzgador). Determinación que se reflejó en el "resolutivo séptimo" de ese fallo, conforme lo siguiente: "SÉPTIMO.- Se condena al demandado Rodolfo Juárez Jiménez a pagar a la actora los intereses moratorios que se generen y que se sigan generando hasta la total solución del presente asunto, en los términos acordados por las partes en el contrato base de la acción, las cuales deberán cuantificarse en ejecución de sentencia". (Lo destacado es de este juzgador). Ahora bien, en la parte que trasciende de la resolución interlocutoria de diecisiete de febrero de dos mil veinte -acto aquí reclamado-, se determinó que la excepción opuesta por el demandado -aquí quejoso- era infundada, pues se partió de la base de que el enjuiciado había sido condenado al pago de "intereses moratorios" a partir del dictado de la sentencia de once de enero de dos mil diecinueve, lo que -estimó el juez responsable- era incorrecto, porque de la parte final "considerando IX" de la sentencia invocada supralíneas, se advertía que había quedado establecido a partir de cuándo se debían cuantificar los "intereses moratorios" a cuyo pago se condenó a la parte demandada, siendo necesario destacar que el referido juzgador se apoyó para emitir la condena relativa al pago de los "intereses moratorios", además del artículo 85, fracción I, del Código de Comercio22 , en el inciso B) de la cláusula Séptima del documento base de la acción, aspecto este último que no es controvertido por el peticionario del amparo, por lo que al encontrarnos ante un asunto en el que impera la figura de estricto derecho, debe continuar rigiendo en el sentido en que fue vertido. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el "resolutivo séptimo" en que se apoya el quejoso, remite de manera clara a los términos acordados por las partes en el contrato base de la acción, en cuya "cláusula séptima, inciso B)" se establece una obligación a cargo del acreditado 22 "Artículo 85.- Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán: I.- En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento; [.]" para pagar, en sustitución de los intereses ordinarios, "intereses moratorios" a la tasa que resulte de multiplicar por uno punto cinco la tasa de interés ordinaria pactada, por todo el tiempo que dure la mora, la cual se computará sobre la totalidad del saldo insoluto del crédito. De ahí que resulten jurídicamente ineficaces los argumentos que aquí se atienden. En ese sentido, sólo resta destacar que no pasa inadvertido para quien esto resuelve, el hecho de que el quejoso aduce que se le debió condenar al pago de "intereses moratorios", a partir de la fecha en que se emitió la sentencia definitiva de once de enero de dos mil diecinueve, pues considera que fue hasta esa data en que se tuvo por concluido anticipadamente el contrato base de la acción, comenzando hasta ese entonces a correr los intereses moratorios. Sin embargo, no es dable considerar lo anterior, porque no existe medio de prueba alguno que sustente su aseveración, además de que, como se precisó en el punto de estudio que antecede, en el contrato base de la acción se precisó que dichos "intereses moratorios" correrían a partir del incumplimiento de la obligación de pago. De ahí lo ineficaz del argumento que aquí se atiende. IX. DECISIÓN Conforme a lo expuesto, se niega el amparo solicitado por Rodolfo Juárez Jiménez. Por lo expuesto, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, y en lo dispuesto por la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Virus COVID-19, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodolfo Juárez Jiménez, por propio derecho, contra los actos del Juez Sexto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, por las razones expresadas en el penúltimo considerando de este fallo. SEGUNDO. Con fundamento en la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Virus COVID-19, notifíquese personalmente esta sentencia a las partes una vez que se normalicen las actividades de este Juzgado de Distrito.
- Principal
."Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que ya se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio, y los autos principales quedaron vistos para dictar la sentencia correspondiente. Fórmese expedientillo. Ahora, agréguese a los autos el escrito signado por Francisco Javier Aguirre Vieyra apoderado de Banco Inmobiliario Mexicano, sociedad anónima, institución de banca múltiple, quien a su vez es apoderada de la tercera interesada Banco Invex, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Invex grupo financiero, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico. Como solicita el promovente, se autoriza al usuario de nombre "3976562", para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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