Rodolfo Joaquin Ramírez Silva
Expediente 1184/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/02/2023
Partes del expediente
- Rodolfo Joaquin Ramírez Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió del veintitrés de enero al tres de febrero de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de enero del año en curso, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio S.A./0125/2023 de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado por la quejosa; como justificación a su informe remite copia certificada del acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés y del oficio J.E.I./016/2016 de dos de enero del año en curso, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las copias certificadas de las constancias que acompaña a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1184/2022-II 3 del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Rodolfo Joaquín Ramírez Silva, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, consistentes en la negatividad de darle entrada a su escrito de seis de septiembre de dos mil veintidós, en los autos del expediente laboral 016/2016 Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, asimismo, manifiesta que en proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 016/2016, se acordó la promoción escrita de seis de septiembre de dos mil veintidós, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal de la actora Rodolfo Joaquín Ramírez Silva (aquí quejoso), quien solicitó se ordenara la regularización de las pruebas pendientes por desahogar, marcadas con el número 5 y 6, así como fijara fecha y hora hábil para que se lleve la audiencia de ley y el actuario realice las notificaciones correspondientes. Para acreditar lo anterior, proporcionó copia certificada del acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 016/2016 y y del oficio J.E.I./016/2016 de dos de enero del año en curso, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, cuentan con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se afirma lo anterior, en razón de que de las constancias de referencia, se desprende que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, residencia en Ciudad del Carmen, el dos de enero de dos mil veintitrés, acordó lo conducente respecto del escrito de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, presentado por el hoy quejoso Rodolfo Joaquín Ramírez Silva, en el expediente laboral 016/2016. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1184/2022-II 5 Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y personalmente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1184/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio S.A./0125/2023 de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado por la quejosa; como justificación a su informe remite copia certificada del acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés y del oficio J.E.I./016/2016 de dos de enero del año en curso, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las copias certificadas de las constancias que acompaña a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1184/2022-II 3 del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Rodolfo Joaquín Ramírez Silva, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, consistentes en la negatividad de darle entrada a su escrito de seis de septiembre de dos mil veintidós, en los autos del expediente laboral 016/2016 Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, asimismo, manifiesta que en proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 016/2016, se acordó la promoción escrita de seis de septiembre de dos mil veintidós, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal de la actora Rodolfo Joaquín Ramírez Silva (aquí quejoso), quien solicitó se ordenara la regularización de las pruebas pendientes por desahogar, marcadas con el número 5 y 6, así como fijara fecha y hora hábil para que se lleve la audiencia de ley y el actuario realice las notificaciones correspondientes. Para acreditar lo anterior, proporcionó copia certificada del acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 016/2016 y y del oficio J.E.I./016/2016 de dos de enero del año en curso, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, cuentan con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se afirma lo anterior, en razón de que de las constancias de referencia, se desprende que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, residencia en Ciudad del Carmen, el dos de enero de dos mil veintitrés, acordó lo conducente respecto del escrito de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, presentado por el hoy quejoso Rodolfo Joaquín Ramírez Silva, en el expediente laboral 016/2016. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1184/2022-II 5 Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y personalmente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio a los terceros interesados: 1. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. 3. Operadora y Comercializadora Tierra Nova Sociedad Anónima de Capital Variable. 4. Mónica Elizabeth Camargo Salinas. 5. Francisco Javier Camargo Salinas. Y, notificarles personalmente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de amparo 1184/2022-II 3 obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a: 1. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable de Capital Variable. 3. Operadora y Comercializadora Tierra Nova Sociedad Anónima de Capital Variable. 4. Mónica Elizabeth Camargo Salinas. 5. Francisco Javier Camargo Salinas. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 4 la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Notifíquese por lista a las partes.
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