Rodolfo Jacobo Pérez

Expediente 895/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
895/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Jacobo Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    9117 dos de mayo de dos mil veintidós El dos de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 15497. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual, solicita se le informe el estado procesal del presente juicio de amparo; agréguese a los autos, y se le informa que mediante auto de dos de abril de dos mil dieciocho se archivó el presente juicio, ello en virtud de que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, aceptó la competencia declinada, registrando la demanda de amparo bajo el número 336/2018-V, del índice del homólogo, lo que se informa para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Nes En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe

  2. Principal

    CUENTA. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Rodolfo Jacobo Pérez, Héctor González Barragán, Víctor Manuel Álvarez Soto, José Trinidad Arroyo Regalado, Ramón Bernal García, Esteban Urrea Tapia, Jaime Cantú Romero, Eliseo Landa Hernández, Uriel Rubalcava Nuñel, José Luis Muro Méndoza, Roberto Valdéz López, José Luis Mendez González, Rafael Leal Landín, Ramses Alejandro González Lugo, Demetrio de la Luz Rosales y Luis Enrique Pacheco Hernández, con registro 5101. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de marzo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Rodolfo Jacobo Pérez, Héctor González Barragán, Víctor Manuel Álvarez Soto, José Trinidad Arroyo Regalado, Ramón Bernal García, Esteban Urrea Tapia, Jaime Cantú Romero, Eliseo Landa Hernández, Uriel Rubalcava Nuñel, José Luis Muro Méndoza, Roberto Valdéz López, José Luis Mendez González, Rafael Leal Landín, Ramses Alejandro González Lugo, Demetrio de la Luz Rosales y Luis Enrique Pacheco Hernández, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 895/2018, que por su orden le corresponde, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. COMPETENCIA. Ahora bien, los actos reclamados que señalan los promoventes, consisten en la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a su dignidad humana, al obligarlos sin que exista un ordenamiento legal o que esté claramente estipulado en algún reglamento interno o protocolo de seguridad a rasurarse completamente la barba y bigote, así como a cortarse el cabello solo cuando ellos lo decidan y de la forma que ellos quieren. De los antecedentes de los actos reclamados manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en Puente Grande, El Salto, Jalisco. Ahora bien, en el caso este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, estima que por razón territorial, carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo. En efecto, en primer lugar es preciso dejar establecido que las reglas generales de competencia relativas al juicio de amparo, previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado no puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente si el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior surgen las hipótesis de competencia siguientes: 1) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, de la primera hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trata de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla; sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, en virtud de que del conjunto de los actos tendientes a consumir el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción; no obstante puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Bajo esa consideración, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a su dignidad humana, al obligarlos sin que exista un ordenamiento legal o que esté claramente estipulado en algún reglamento interno o protocolo de seguridad a rasurarse completamente la barba y bigote, así como a cortarse el cabello solo cuando ellos lo decidan y de la forma que ellos quieren, que refieren están siendo objeto, en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, así como la orden de traslado del citado centro penitenciario a uno diverso, en el territorio nacional. En ese tenor, analizados los actos reclamados, se obtiene que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se promueve, toda vez que los actos reclamados tienen y tendrán ejecución en el lugar en donde se encuentran recluidos los quejosos, que lo es en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco. Con ello, se tienen datos objetivos para fijar la competencia por territorio del juez que habrá de conocer de la demanda de amparo que se presenta, pues de la misma se obtiene que los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a su dignidad humana, que refieren los promoventes están siendo objeto, tienen ejecución en el lugar en donde se encuentran recluidos, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social número 2, "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco. En ese contexto, se advierte que los actos reclamados se encuentran en la hipótesis prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que es competente el Juez de Distrito donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues de la demanda de amparo se evidencia que los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables, tienen ejecución en el lugar de la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, distinta a la que corresponde a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por ende, es claro que el conocimiento de los actos reclamados corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en turno, con sede en Zapopan, de conformidad con el Acuerdo General Número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y no se actualiza la competencia de este juzgado, por los motivos que se aducen. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 1ª./J. 118/2011 (9ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Por lo que, resulta inconcuso que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Rodolfo Jacobo Pérez, Héctor González Barragán, Víctor Manuel Álvarez Soto, José Trinidad Arroyo Regalado, Ramón Bernal García, Esteban Urrea Tapia, Jaime Cantú Romero, Eliseo Landa Hernández, Uriel Rubalcava Nuñel, José Luis Muro Méndoza, Roberto Valdéz López, José Luis Mendez González, Rafael Leal Landín, Ramses Alejandro González Lugo, Demetrio de la Luz Rosales y Luis Enrique Pacheco Hernández; surtiéndose ésta en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en turno, con sede en Zapopan, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número P./J 8/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, página 5, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente."" En esas condiciones, remítase el original de la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en turno, con sede en Zapopan, previo cuaderno de antecedentes que se aperture, solicitando el acuse de recibo correspondiente. PRONUNCIAMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Con independencia de lo antes determinado, al tener en consideración que en la demanda de amparo se reclaman actos que se consideran violatorios a lo dispuesto por el artículo 22 Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 20, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que, en el caso de que los quejosos se encuentren sufriendo tratos inhumanos o degradantes, cesen de inmediato, quedando bajo su más estricta responsabilidad su integridad humana. Haciendo el acotamiento que de acuerdo con el artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario cuenta con una organización sobre la base del respeto a los derechos humanos, a través de diferentes medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, entre ellos se encuentra el de la salud, relacionado con el precepto 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, que prevé lo concerniente a la salud física y mental de los internos; y la circunstancia de que los quejosos tengan la obligación de rasurarse completamente la barba y bigote, así como cortarse el cabello, no se considera como un trato cruel e inhumano, sino como una medida para evitar enfermedades en el interior del centro penitenciario, además de cuidar el orden, la seguridad, disciplina e higiene al interior del establecimiento penitenciario. En consecuencia, con fundamento en el artículo 158 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informen sobre el cumplimiento dado a esta medida suspensiva, debiendo remitir las constancias relativas, apercibidas que en caso de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, y toda vez que los quejosos Rodolfo Jacobo Pérez, Héctor González Barragán, Víctor Manuel Álvarez Soto, José Trinidad Arroyo Regalado, Ramón Bernal García, Esteban Urrea Tapia, Jaime Cantú Romero, Eliseo Landa Hernández, Uriel Rubalcava Nuñel, José Luis Muro Méndoza, Roberto Valdéz López, José Luis Mendez González, Rafael Leal Landín, Ramses Alejandro González Lugo, Demetrio de la Luz Rosales y Luis Enrique Pacheco Hernández se encuentran actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan en Turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y proceda a notificar la presente determinación a los mencionados quejosos, informándoles la suspensión de plano decretada por este Juzgado Federal. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. En particular, en conformidad con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, comuníquese vía correo electrónico el presente oficio al director del citado centro penitenciario, a efecto de que pueda acatar de inmediato la suspensión decretada y certifíquese su recepción. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

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