Rodolfo Ismael Tuk Mas

Expediente 567/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
567/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Ismael Tuk Mas

Actuaciones

  1. Principal

    :: Agréguese a los autos la promoción de cuenta, firmada electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante la cual informa que por proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 1553/2022-V del índice del juzgado de su adscripción, el citado juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del presente asunto. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Finalmente, se determina que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, por ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo mencionado del acuerdo antes citado.

  2. Principal

    :: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmada por Mauricio Córdova Correa, apoderado de la parte quejosa; y en atención a su contenido, se acuerda: a. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que indica en el escrito de cuenta. b. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, téngase como autorizados de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan José Álvarez Bolaños, Héctor Abraham Toledo Orozco, Luis Eduardo Tuyuc Valle, y Cynthia Rubí Ronquillo Gamboa, hasta en tanto acrediten su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, o demuestren encontrarse autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. De igual forma, para oír y recibir notificaciones, así como documentos, a las diversas personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente.

  3. Principal

    ::I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida vía electrónica por Rodolfo Ismael Tuk Mas, por conducto de su apoderado Mauricio Córdova Correa, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, ya que demuestra que tiene reconocida su personalidad ante la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, con la fotocopia con firma autógrafa de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, verificada en autos del juicio laboral 76/2020 del índice de dicha autoridad, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Mérida, Yucatán y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 567/2022-IV. III. Incompetencia. Este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la lectura de los preceptos legales citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la exige. En el caso, del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama los siguientes actos reclamados: Del 1] Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Mérida, Yucatán: a) La omisión de ordenar y verificar se realicen con presteza las notificaciones personales a la parte demandada, derivadas de los exhortos librados por la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el juicio laboral 76/2020 de su índice y recibidos por la responsable el i) veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ii) diecinueve de enero y iii) veinticuatro de mayo, todos de dos mil veintidós. Del 2] Actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Mérida, Yucatán: b) La omisión de realizar las notificaciones a la parte demandada, quien tiene su domicilio en Progreso, Yucatán, ordenadas mediante exhortos recibidos por la responsable el i) veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ii) diecinueve de enero y iii) veinticuatro de mayo, todos de dos mil veintidós, en auxilio de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo En ese contexto, dado que los actos reclamados en esta instancia se traducen en la omisión de emplazar a juicio al demandado en el juicio laboral 76/2020 del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, acto omisivo con ejecución material en el municipio de Progreso, Yucatán; es evidente que a quien corresponde continuar con el conocimiento y resolución del presente juicio de amparo es a un Juez de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en turno, al ser el juzgador de amparo competente para conocer de los actos reclamados con ejecución en aquella población. Por tanto, la regla para definir la competencia debe regirse por el primero de los criterios de resolución señalados en líneas anteriores; y conforme a dicha regla, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar en el que el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; esto es, el del lugar en el cual se debe efectuar el emplazamiento a juicio cuya omisión se reclama en este asunto, esto es, en el municipio de Progreso, Yucatán. Luego, en la especie se actualiza la regla de competencia prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que del presente asunto debe conocer un Juez de Distrito del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con jurisdicción en el municipio de Progreso, Yucatán, lugar en donde se debe llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; por tanto, este juzgado federal declara carecer de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo y declina competencia en su favor. Afirmación que se sostiene porque los actos reclamados en el presente asunto, se insiste, se trata de actos omisivos, pero que tienen ejecución sólo en el Estado de Yucatán (esto es, fuera del ámbito territorial donde este juzgado de distrito ejerce jurisdicción). Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial contenido en la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024553 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 17/2022 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Pues incluso, en la parte conclusiva de la ejecutoria de la que deriva, se precisó: "53. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque se paraliza el procedimiento a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales (omisión de llevar a cabo el emplazamiento), que dicho sea de paso representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan lugar al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que en su caso aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, que culminará con la resolución que dicte el derecho. 54. Motivo por el cual, y recordando que ha sido criterio de esta Segunda Sala que la ejecución material de los actos reclamados no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.(11) 55. Es de concluirse que la omisión de llevar a cabo el emplazamiento dentro de un juicio ordinario tiene ejecución material, pues incluso en el caso de que la autoridad decida cumplir con ese deber constitucional, y realizar el emplazamiento, tendrá ejecución en el lugar donde habrá de efectuarse la correspondiente notificación. 56. Corolario de lo anterior, para el caso de que en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone que será Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución." Esto es, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis referida, señaló expresamente que la ejecución de los actos reclamados, cuando se reclame la falta de emplazamiento del demandado, se llevará a cabo donde se deba efectuar dicha actuación, lo que implícitamente excluye a las demás omisiones que pudieran efectuarse en el lugar donde se sigue el juicio; pues, de efectuarse el primer llamamiento de la parte demandada, éste tendría que ejecutarse en aquél circuito judicial; de ahí que se insista en sostener que, a quien corresponde conocer del presente juicio de amparo, por razón de competencia territorial, sea a la juzgadora oficiante. IV. Remisión de los autos. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en turno, para que conozca del presente asunto, solicitando se sirva comunicar la determinación que adopte; previa copia certificada que se obtenga para formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: Rodolfo Ismael Tuk Mas, por conducto de su apoderado Mauricio Córdova Correa. a. Domicilio. Tal como lo solicita el promovente téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Las Playas, número sesenta y seis (66), supermanzana treinta (30), manzana catorce (14), en esta ciudad. b. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, téngase por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a Mauricio Córdova Correa y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gabriel Pérez Esquinca Cámara, Lino Ángel Carrillo Ramírez, Montserrat Laguna Ramírez, Adela Santiago Ramos y Juan Manuel González López, hasta en tanto acrediten su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, o demuestren encontrarse autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. c. Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa señalando la cuenta de correo electrónico y número telefónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, de conformidad con los artículos 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. VII. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea) haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. VIII. Transparencia y aviso de privacidad. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo.

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