Rodolfo Hernández Bueno
Expediente 2019/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2019/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Rodolfo Hernández Bueno
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 1152/2022 de su índice, así como el expediente citado al rubro, y una memoria extraíble (USB), acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se CORRIGE la incongruencia advertida y se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al ciudadano ************, en su carácter de particular, así como a la Secretaria de Gobernación, al Director General de Diario Oficial de la Federación, y al Banco de México, precisados en el segundo considerando de la presente ejecutoria. TERCERO. Se DESECHA el recurso interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. [.]" Así, del testimonio de la resolución se advierte que el órgano colegiado al estimar que no son ciertos los actos reclamados al presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como al ciudadano *********, en su carácter de particular, a la Secretaría de Gobernación, al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación y al Banco de México con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo sobreseyó en el juicio y respecto del recurso de revisión presentado por el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, lo desechó por falta de legitimación, como a continuación se trascribe: "[.] Precisado lo anterior, tal como se anticipó, se estima que en la sentencia que se revisa, el Juez de Distrito incurrió en falta de exhaustividad, al no atender lo reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en la demanda de amparo, consistente en los actos u omisiones por los que ordenara, ejecutara o tratara de ejecutar el decreto tildado de inconstitucionalidad, y los actos relacionados a la fijación de su remuneración en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Además de los actos reclamados a dicha autoridad en la ampliación de demanda, relativos al envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; las condiciones sugestivas en el sentido de reducir la remuneración, realizadas a los diputados federales del partido político denominado "*******"; la orden de publicación de dicho presupuesto; los actos u omisiones por los que ordene, ejecute o trate de ejecutar, el presupuesto reclamado, con objeto de disminuir las remuneraciones del quejoso; los efectos y consecuencias de la disminución de las remuneraciones de la propia autoridad responsable, con respecto a las remuneraciones del quejoso. Así como en lo que respecta a los actos reclamados en la ampliación de demanda al ciudadano *************, en su carácter de particular, relativos a la preparación y el envío del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; injerir en atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, para que en dicho presupuesto se fijara su remuneración como Presidente en "$1********** pesos mexicanos"; las consecuencias y efectos que los actos reclamados pudieran tener sobre las remuneraciones del quejoso, de manera particular, en la reducción de las mismas. Y en lo tocante a los actos reclamados en la ampliación de demanda, a las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras, esto es, la Secretaria de Gobernación, el Director General del Diario Oficial de la Federación, y el Banco de México, los cuales tuvieran como efecto y consecuencia el inicio, tramitación y determinación de responsabilidades administrativas y/o penales, con motivo de la aplicación del presupuesto tildado de inconstitucional. Así, este Tribunal Colegiado, en reparación a la inobservancia del principio de exhaustividad en que se incurrió dentro de la sentencia recurrida, procede a realizar el pronunciamiento correspondiente a los actos no atendidos por el juzgador de amparo. Los actos en comento, reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al ciudadano *************, en su carácter de particular, así como a la Secretaria de Gobernación, al Director General del Diario Oficial de la Federación, y al Banco de México; no son ciertos. [.] Conforme a lo anterior, se estima que no son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como al ciudadano *************, en su carácter de particular, y al Banco de México, precisados con antelación, cuyo estudio fue omitido en la sentencia recurrida. Tampoco son ciertos los actos que tuvieran como efecto y consecuencia el inicio, tramitación y determinación de responsabilidades administrativas y/o penales, con motivo de la aplicación del presupuesto tildado de inconstitucional, reclamados en la ampliación de demanda a la Secretaria de Gobernación y al Director General del Diario Oficial de la Federación. [.] Conforme a lo expuesto y fundado, respecto de los actos que no resultan ciertos, resulta procedente SOBRESEER en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto dentro del artículo 63, fracción IV 41, de la ley de la materia. [.] En la especie, se considera que el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, pues el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia de la Unión en la sentencia de amparo que recurre, no le perjudica y, por ello, carece de legitimación. [.]" De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones en el libro de control electrónico. Asimismo, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, toda vez que son copia fiel de las constancias que integran este sumario. De igual forma, intégrese a los autos la memoria extraíble (USB) que envía el tribunal colegiado para su resguardo. Ahora, de la resolución dictada el once de octubre de dos mil veintitrés, se advierte que los efectos de la concesión del amparo fueron para lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Banco de México, realice lo siguiente: Deberá dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al Instituto Mexicano del Seguro Social en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las cuotas que fija la ley relativa causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, sin los descuentos fundados en la norma referida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México. Asimismo, deberá dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. (.)" Se requiere cumplimiento de sentencia En tales condiciones, con fundamento en lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo, en el 193 y en el 194 de la Ley de Amparo, se requiere al titular del Banco de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada y legible de las constancias que lo acrediten. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de lo establecido en la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido que: 1. La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo que se establece en el artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo; lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.
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