Rodolfo Héctor Villamar Guerra

Expediente 1196/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1196/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Rodolfo Héctor Villamar Guerra
  • Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA EMITIDA EN ESTE ASUNTO

  2. Principal

    CITATORIO-------------- ... Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar, respecto del acto reclamado a la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerado cuarto de este fallo. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1196/2018-V, promovido por Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar, en contra del acto que reclama de la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, en el expediente 314/2016, relativo al Procedimiento Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia promovido por el aquí quejoso, en contra de George Fernando Bachmann y su acumulado, en la que determinó improcedente el incidente de nulidad de actuaciones judiciales promovido por el citado quejoso, declarando por tanto, como legal y conservando todos sus efectos legales, la audiencia especial de fecha dos de julio de dos mil dieciocho. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, al rendir su informe justificado aceptó la certeza del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la nombrada responsable, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que el mismo deba considerarse como existente. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, en el caso a juicio de quien esto resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no ésta surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la revisión de las constancias que integran estos autos, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, aparece que en fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho la Juez del conocimiento dictó la sentencia definitiva y su correspondiente aclaración, en las cuales, en lo que interesa, determinó que los menores de edad de iniciales J.A.B.V y D.A.B.V., quedarían bajo el cuidado y la guarda y custodia definitiva de su padre George Fernando Bachmann, hasta que cumplan la mayoría de edad, adquieran estado o una autoridad competente disponga lo contrario, por lo que se ordenó que el quejoso Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar, restituyera a los menores a su padre, así como sus cosas de uso personal, tales como ropa, calzado, uniformes, útiles escolares, juguetes y demás, en el término de tres días, debiendo ser asistidos dichos infantes por un psicólogo que les pudiera acompañar y apoyar en el momento de la transición, a fin de que sufrieran la menor afectación posible; motivo por el cual, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ante el incumplimiento por parte de Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar de comparecer ante la responsable para hacer entrega de los infantes a su padre, se comisionó al Actuario adscrito al Juzgado de origen, a fin de dar fe y requerir al primero de los nombrados para que en el acto de la diligencia hiciera entrega de los menores. Sin embargo, de las constancias judiciales levantadas en esa propia fecha se puede apreciar que el citado fedatario judicial no pudo dar cumplimiento a lo ordenado en autos, toda vez que ni los menores ni el promovente Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar se encontraban en su domicilio, ni en la escuela a la cual acuden los niños regularmente. Seguidamente, ante la solicitud expresa del ahora quejoso realizada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el sentido de que se le concediera una prórroga para la entrega de los menores a su padre, a fin de que ésta sirviera como adaptación de los mismos y poder prepararlos para el cambio de custodia, la Juez de Primera Instancia citó al impetrante, a la Fiscal de la adscripción, a la Representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y a los psicólogos José Paulino Dzib Aguilar y Karime Esther Medina Farah, a una audiencia especial extraordinaria fijada para esa misma fecha, en la cual, se concedió una semana para tal fin, ordenando que los infantes acudieran a las terapias señaladas por los expertos en la materia, fijándose el día veintiséis del mismo mes y año para la realización de la primera terapia en el local que ocupa el Juzgado, citando a las partes a una junta ese mismo día, para platicar con el psicólogo Dzib Aguilar sobre el desarrollo y los detalles de dicha terapia. En la junta señalada, el citado profesionista precisó la manera en que se llevarían a cabo las sesiones, primeramente en el local del juzgado y con posterioridad, si fuera necesario, en el domicilio de los menores, aclarando que no se podía fijar la hora exacta en la que se llevaría a cabo la entrega de los niños a su padre, ya que esto dependería del desarrollo de las terapias, sin embargo la Juez aclaró que las partes serían informadas al respecto oportunamente. El dos de julio siguiente, se levantó el acta correspondiente a la diligencia programada para la entrega de los menores Bachmann Villamar a su padre, en la que la responsable asentó que ésta no pudo llevarse a cabo, debido a que a pesar de la asistencia del señor Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar, éste manifestó que no iba a entregar a sus nietos, retirándose del lugar sin haberlo hecho. Audiencia respecto de la cual el citado quejoso interpuso el incidente de nulidad de actuaciones, aduciendo que no fue notificado ni citado para acudir a dicha diligencia, por lo que solicitaba la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento, a partir de la celebración de la misma. En virtud de lo anterior, por auto dictado el diez de agosto de dos mil dieciocho, se admitió el incidente planteado, ordenado correr traslado a la parte demandada para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho corresponda. Posteriormente, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable determinó la improcedencia del incidente, por lo que declaró legal y conservando todos sus efectos legales, la audiencia especial de fecha dos de julio de dos mil dieciocho; resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Resulta en este punto importante destacar que al estar inconformes con la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de origen, las partes promovieron recurso de apelación en su contra, siendo que mediante resolución de fecha siete de diciembre de la anualidad en comento, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado modificó la resolución de primera instancia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, concediendo la custodia del adolescente J.A.B.V a su abuelo Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar, continuando el padre del mismo detentando la patria potestad, y declaró que el menor D.A.B.V. quedaría bajo el cuidado, guarda y custodia definitiva de su padre George Fernando Bachmann, ordenando la restitución de dicho infante en forma gradual, por lo que fijó un plazo que no debía exceder de doce meses a partir de que quedara ejecutoriada dicha resolución, para lograr la completa restitución del menor. De lo anterior, se colige que el acto reclamado en este juicio, es una resolución emitida en un incidente de nulidad de una actuación emitida para la ejecución de la sentencia dictada en primera instancia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, esto es, para la realización de la entrega de los menores de atención, a su padre George Fernando Bachmann, y con motivo de la impugnación realizada por las partes en el juicio de origen respecto a dicha circunstancia, el Tribunal de apelación modificó la misma, en el sentido de otorgar la guarda y custodia de los menores referidos, uno al abuelo y el otro al padre de los mismos, respectivamente, motivo por el cual se considera que esta nueva resolución ha sustituido procesalmente a la sentencia de primera instancia dictada en el juicio de origen y en cuya ejecución se realizó la audiencia especial que fue recurrida a través del incidente de nulidad de actuaciones, cuya resolución se reclama en este juicio. En esa tesitura, es inconcuso que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causal notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Se afirma lo anterior, ya que como se adelantó, la resolución reclamada fue emitida en atención al incidente de nulidad de actuaciones planteado por el ahora inconforme, al considerar que no fue debidamente notificado ni informado de la fecha y hora en la que se debería llevar a cabo la diligencia de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, en la cual se realizaría la entrega de los menores J.A.B.V y D.A.B.V, a su padre George Fernando Bachmann; por lo que se estima que el efecto jurídico y material de dicha resolución guardaba una relación directa con la orden de entrega de los menores a su padre, decretada en la sentencia de primera instancia. Efecto que ya no se sigue surtiendo actualmente en el caso, aun cuando subsiste el acto reclamado en este juicio de amparo, ante la determinación tomada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado en su sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, emitida con motivo de los recursos de apelación interpuestos, el primero por George Fernando Bachmann, el segundo por Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar, el tercero por Héctor Rodolfo Villamar Franco, y el cuarto por Blanca Rosa López Escaroz, en contra de la sentencia de primera instancia de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, y su correspondiente aclaración de esa propia fecha, dictadas por la Juez responsable, ya que en la misma dicho Cuerpo Colegiado estimó modificar la sentencia de primer grado en cuanto a la custodia de los menores de mérito y, conceder la custodia del menor J.A.B.V. a su abuelo, y la del infante D.A.B.V. a su padre. En tal virtud, es inconcuso que en el caso en particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 62, de la Ley de Amparo aplicable, pues aun cuando subsiste la resolución reclamada, la misma ya no surte efecto legal o material alguno, pues esta versó sobre la nulidad de una actuación realizada a efecto de ejecutar la sentencia de primera instancia, la cual ya quedó sustituida procesalmente por la resolución dictada en segunda instancia el siete de diciembre de dos mil dieciocho, y por tanto, ha acontecido un cambio en la determinación emitida en primer lugar respecto de la custodia de los menores de que se trata. Lo que resulta evidente, ya que aun cuando la resolución reclamada subsiste, ésta ya no está surtiendo efecto legal alguno, pues ya no es posible continuar con la ejecución de la sentencia de primera instancia en lo relativo a la entrega de los dos menores de edad sujetos al juicio de origen, pues la misma ha quedado modificada en ese aspecto. Al caso, resulta aplicable en lo conducente la tesis 2ª XLVIII/98, sustentada por el Segunda Sala de nuestro Más alto Tribunal, publicada en la página 241, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En efecto, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo del goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por lo tanto, se reitera, si la materia de este juicio de amparo versa esencialmente sobre la notificación realizada al señor Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar respecto a la celebración de la audiencia en la que debía llevar a cabo la entrega al tercero George Fernando Bachmann, de sus hijos menores de edad; entonces, es incuestionable que al haberse decretado un cambio en lo determinado sobre la custodia de los mismos, ya que el menor J.A.B.V. debe ahora permanecer con su abuelo materno, y el niño D.A.B.V. con su padre; el objeto material del acto reclamado y sus consecuencias han dejado de surtir sus efectos legales. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa en contra de la resolución dictada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, en el expediente 314/2016 y su acumulado, relativo al procedimiento Ordinario Familiar de Guarda y Custodia promovido por el aquí quejoso, en contra de George Fernando Bachmann, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el citado Villamar Guerra. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rodolfo Héctor Villamar Guerra alias Rodolfo Héctor Villamar, respecto del acto reclamado a la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerado cuarto de este fallo. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el memorial suscrito por Erik Jiménez Contreras, representante especial de los menores de iniciales Y.A.B.V. y D.A.B.V., mediante el cual solicita se le permita tanto a él como a las personas que designó como sus autorizados, acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, por lo cual proporciona los nombres de usuario correspondientes. Ahora bien, toda vez que el expediente principal relativo al juicio de amparo 1196/2018 se encuentra con audiencia constitucional levantada y en estudio para la emisión de la sentencia correspondiente, fórmese el expedientillo correspondiente y agréguese al mismo el memorial de cuenta. En tal virtud y toda vez que lo solicitado no genera impulso alguno al procedimiento de amparo respectivo, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjuntos 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza al promovente y las personas que señala, el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo a través del sistema integral de seguimiento de expedientes, notificaciones electrónicas y documentos de los acuerdos judiciales del presente asunto. Lo anterior, en virtud de que el referido representante especial proporciona a este órgano jurisdiccional su clave de usuario y las de sus autorizados con las que afirma se encuentran registrados. Una vez que se emita la sentencia correspondiente en el expediente principal relativo al juicio de amparo 1196/2018, glósese al mismo el presente expedientillo sin necesidad de nuevo acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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