RODOLFO GONZÁLEZ MORALES y Otros.
Expediente 96/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- RODOLFO GONZÁLEZ MORALES y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 44/2015 (número de orden 82/2015) del índice de este órgano jurisdiccional; por tal motivo, dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y acúsese recibo vía fax. Por otra parte, del estado procesal que guarda este asunto y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia este juicio, en el término legalmente establecido; por tal motivo, con fundamento en los artículos 357 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director de Asuntos Penales "B" de la Secretaría de la Función Pública, con residencia en México, Distrito Federal, en su carácter de tercera interesada; en atención a su contenido, ténganse por formulados los alegatos que expone, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos al tener verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por las autoridades responsables pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", residentes en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz; a través del cual, en atención a lo solicitado en autos, rinden el informe relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto, por tanto, téngase por cumplido el requerimiento efectuado; asimismo, como lo solicitan con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como sus delegados a los profesionistas que nombran en el comunicado que se provee. RESPECTO DE LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO RODOLFO GONZÁLEZ MORALES Por otra parte, del contenido de la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial de la adscripción para llevar a cabo la notificación personal del proveído de veintisiete de enero del año en curso, dictado en este asunto, debido a que al quejoso Rodolfo González Morales egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con domicilio en Villa Aldama, Veracruz. En mérito de lo anterior, requiérase únicamente al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, para que en el término de TRES DÍAS de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que acrediten que el quejoso nombrado egresó de dicho centro de reclusión, ya sea por traslado o por libertad, o bien informe la imposibilidad que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente de CINCUENTA A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
Analizada la demanda de amparo promovida por Rodolfo González Morales, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 37, 107, 108, 115, 117, y demás relativos a la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 96/2015, que le corresponde. SUSPENSIÓN DE PLANO Del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la segregación y privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial por la supuesta falta o infracción cometida (castigo); por lo que comuníquese a las autoridades responsables que la suspensión de plano se hace extensiva a dichos actos; de conformidad con los artículos 125 y 126 en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se suspenda la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial y el castigo del que se dice ser objeto el quejoso; asimismo, deberán restituir los estímulos y beneficios penitenciarios que hayan sido suspendidos, salvo que exista alguna causa justificada en contrario; lo cual deberá efectuarse bajo su más estricta responsabilidad, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. Se previene a las autoridades responsables para que informen a este Juzgado de Distrito en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262 y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se le reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en el artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro hómine. INCIDENTE Sin tramitarse incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, la cual se fija de manera discrecional, atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias que para tal efecto se lleva. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su informe justificado, para lo cual se les remite copia simple del escrito de demanda. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 que antecede, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, de ser el caso, deberán anexar copia certificada del reporte que dio origen al correctivo disciplinario impuesto al quejoso, el citatorio con el que se le hizo de su conocimiento la fecha y hora en que se resolvería sobre la infracción que le atribuyó y que originó dicha sanción y, en su caso, de las constancias relativas a la inconformidad que haya formulado contra la misma. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir su respectivo informe justificado remitan copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan los estímulos proporcionados al quejoso, en ese centro penitenciario, en términos del artículo 5º del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, se les impondrá una multa por el equivalente de CINCUENTA A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento lo previsto en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, el cual establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita el promovente téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el lugar de su reclusión, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, lo anterior de conformidad con lo que dispone la fracción I, inciso a), del artículo 26 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo AUTORIDAD INEXISTENTE En términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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