Rodolfo González Carbajal

Expediente 1936/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1936/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo González Carbajal
  • Coordinador General de Centros Federales Que Depende del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Y Readaptacion Social Con Residencia En la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda da cuenta, promovida por Rodolfo González Carbajal, por derecho propio, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, radíquese y regístrese bajo el número 1936/2022-III-C. Del escrito inicial que se provee, se advierte lo siguiente: ACTO RECLAMADO - La orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" a uno diverso. DESECHAMIENTO Toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; es menester establecer que en el caso concertó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. En ese sentido, respecto de la orden de traslado reclamada, se precisa que los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen el procedimiento a seguir ante el Juez de Control o Ejecución respecto a la figura de los traslados voluntarios e involuntarios, de los cuales se obtiene lo siguiente:

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