Rodolfo Gelacio García Martínez
Expediente 526/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rodolfo Gelacio García Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 526/2023, promovido por ********************. ANTECEDENTES. La parte quejosa indica que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós solicitó al Registros Agrario Nacional la inscripción de la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve dictada en el expediente ******************** de índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21. Sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la autoridad había sido omisa en darle atención a su solicitud; por lo que, ante la omisión de la responsable que la parte quejosa estima violatoria de su esfera jurídica es que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. ********************, presentó un escrito el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Delegado del Registro Agrario Nacional. La parte quejosa señaló como derecho fundamental violado el contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés y por auto de veinticuatro de mayo siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose bajo el número de expediente 526/2023, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de un acto en materia agraria y la autoridad responsable reside dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, en virtud que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de actos reclamados y de antecedentes, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir y con ello el órgano jurisdiccional se encuentre en calidad de resolver la Litis realmente planteada, se tiene como autoridad responsable y acto reclamado: Autoridad responsable. Delegado del Registro Agrario Nacional, en Oaxaca. Acto reclamado. La omisión de atender su escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó la inscripción de la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve dictada en el expediente ******************** de índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, para la expedición del certificado parcelario a su favor. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza del citado acto reclamado, en relación con la autoridad responsable. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al momento de rendir su informe justificado el encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, aludiendo en primer término que la solicitud relativa no se responde mediante algún acuerdo y en segundo lugar, que el veintitrés de mayo del año en curso la solicitud había sido atendida al quedar legalmente inscrita la sentencia dictada en el expediente ******************** de índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21. No obstante lo anterior, toda vez que la parte quejosa no tuvo conocimiento de esta circunstancia sino hasta la vista que este Juzgado otorgó con el informe justificado de mérito, esta negativa se desvirtúa y en consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado. Certeza que además, se corrobora con la constancia que acompañó la responsable a su informe justificado, documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El suscrito advierte que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, como ocurre en el presente caso. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, misma que tiene valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 1978 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que, el veintitrés de mayo del año en curso, la autoridad responsable registró la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ******************** de índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, y ordenó realizar las anotaciones y/o cancelación en el folio agrario respectivo, así como generar el nuevo certificado que ampara la parcela ******************** a favor del aquí quejoso ********************. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, pues las responsables subsanaron la omisión de la cual se duele la parte quejosa, en virtud de haberse emitido la atención correspondiente a la solicitud de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, relativa a la inscripción de la sentencia agraria previamente citada. En consecuencia, resulta evidente que la inactividad reclamada, traducida en la conducta omisiva que conforma la litis del presente asunto, ha dejado de existir, puesto que la responsable se pronunció en el sentido de realizar una conducta que extinguió la desatención que originó el acto reclamado a estudio. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubieran existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente los destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de acto que ha quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa haya promovido su demanda de amparo aduciendo la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de las constancias de autos se advierte que en realidad se trata de una violación al artículo 17 de dicho ordenamiento legal; lo anterior, habida cuenta que se trata de un trámite administrativo que el promovente debía realizar con la finalidad de cumplir con la sentencia del Tribunal Agrario. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable no se encontraba obligada a emitir una respuesta por escrito, sino a llevar a cabo el registró de la sentencia dictada en el juicio agrario ******************** de índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21, conforme a lo establecido en el artículo 152 de la Ley Agraria; de ahí que tampoco surgiera la necesidad de notificarle al quejoso el resultado de dicho trámite administrativo, pues es evidente que, es al solicitante a quien compete estar pendiente de la conclusión del mismo. Es por ello que, al haberse satisfecho el trámite administrativo solicitado por el disidente, es evidente que han cesado los efectos del acto combatido y que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la promoción de este juicio, pues la omisión atribuida a la responsable desapareció al llevar a cabo el registro correspondiente, por lo que dependerá del quejoso acudir a las oficinas de la delegación del Registro Agrario Nacional a recoger su certificado parcelario. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VII. DECISIÓN Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. Sobreseimiento que se decreta en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en el apartado VI de este fallo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las consideraciones expuestas en el considerando VI de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase al encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado y ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexa al mismo; con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio y delegados. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9° y 28 fracción I de la ley de la materia, ténganse a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que menciona y como domicilio el que indica. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 526/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. Igualmente, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto reclamado al Delegado del Registro Agrario Nacional. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a la apertura de incidente de suspensión en virtud de que la parte quejosa no lo solicitó ni se está en la hipótesis en que su apertura deba ordenarse de oficio. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir sus informes fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el actos reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberá exponer las razones y los fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o la legalidad del acto reclamado y acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con el proceso de origen. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas, siempre y cuando contengan la certificación y sellos correspondientes que permitan constatar su autenticidad. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Pruebas. Se tiene al promovente ofreciendo como pruebas la documental que adjunto a su libelo inicial de demanda, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados: Con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción I, de la ley de materia téngase como domicilio de la parte quejosa el que refiere en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Asariel Benito Díaz García, con número de cedula profesional 3769169 dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y con las restricciones que impone el referido precepto legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones así como para imponerse en los autos a las restantes personas que refiere por así solicitarlo expresamente. Medio de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalado el correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre ella y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notificación a la autoridad responsable. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se publica en este Juzgado. Notifíquese.
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