Rodolfo Gelacio García Martínez
Expediente 514/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rodolfo Gelacio García Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ésta ha CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, tomando en consideración que NO existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción I del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, considerando que obran glosados en el presente asunto, medios de convicción en original exhibidos por la parte quejosa; requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Probanzas que se le entregarán personalmente o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos serán susceptibles de destrucción, de conformidad el Acuerdo General invocado. Se autoriza a la persona secretaria y/o actuario judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que refiere la Secretaria, para los efectos legales procedentes. Enseguida, se abre el período probatorio, se da cuenta con las documentales que la parte impetrante acompañó a su demanda y la que remitió la autoridad responsable Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, consistente en el oficio de ejecución de sentencia número OAX/000359/2023. La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las citadas documentales, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para ser valoradas al resolver este asunto; y al no haber más pruebas por desahogar en esta audiencia, se declara cerrada esta fase. Cerrado el período probatorio, se declara abierto el período de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos, ni la agente del Ministerio Público Federal adscrita presentó pedimento. La Jueza acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos; y se ordena cerrar este periodo. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, la Jueza da por concluida la audiencia constitucional, de la cual se levanta la presente acta, y se procede a resolver el presente asunto. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 514/2023 y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; remitido por razón de turno, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el mismo día, Rodolfo Gelacio García Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional, los cuales se precisarán más adelante. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derecho fundamental violado el previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación de la demanda. Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo con el número 514/2023; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal el día de hoy (veintidós de junio de dos mil veintitrés), tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, a los apartados Primero, fracción III, Segundo, fracción III, punto 3 y Cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 y 20/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una omisión atribuida a la autoridad señalada como responsable. SEGUNDO. Fijación de los actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa a las autoridades responsables consiste en: - La omisión en dar contestación al escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, en el que solicitó la inscripción de la sentencia del expediente 1493/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXI para la expedición del certificado parcelario correspondiente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa que se desvirtúa en razón a que en el propio informe realizó manifestaciones que evidencian la existencia de la abstención atribuida; por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto del acto aquí reclamado, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, se establece en primer término el significado de las palabras "cesar" y "efecto", que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que, la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada; por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión en dar contestación al escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, en el que solicitó la inscripción de la sentencia del expediente 1493/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXI para la expedición del certificado parcelario correspondiente. Por tanto, para que opere la causa de improcedencia en comento, resulta necesario demostrar que la autoridad responsable atendió la solicitud de la parte quejosa contenida en el escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, esto es, que ordenó la inscripción de la sentencia emitida en el expediente 1493/2019, de su índice. Lo que así acontece, pues de la documental que remitió la responsable se advierte mediante oficio terminación OAX/000359/2023 de veintitrés de mayo de este año, quedó inscrita la sentencia emitida en el expediente 1493/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Veintiuno y en esa misma data se realizó la expedición del certificado parcelario 1059223. En esas circunstancias, se considera que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable atendiera la solicitud que presentó la parte quejosa el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; es como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del quejoso, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía al caso la tesis VI.1o.T.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, legible en la página 2522, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del registro 2012413, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio en que se actúa, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la misma ley de la materia. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación. Por otra parte, se autoriza a la Secretaria Judicial para que firme el oficio que derive de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rodolfo Gelacio García Martínez, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca; mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que adjunta la autoridad en mención; las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Delegado y domicilio. Asimismo, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le tiene autorizando como delegados a las personas que indica, por señalado domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones el que señala. Diferimiento anticipado. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, así como 115 y 124, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta y dos minutos del quince de junio del año en curso; y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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