Rodolfo Gaspar Hernández

Expediente 1039/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 31 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1039/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Gaspar Hernández
  • Gobernador Constitucional del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante el cual remite diligenciado el despacho 252/2022, de su índice, derivado del diverso 113/2022-V, orden 465/2022, de este juzgado. Acúsese recibo. Contenido del despacho. Del citado despacho se advierte que la parte quejosa fue notificada del proveído de siete de junio de dos mil veintidós, en el cual se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. Archivo. Finalmente, como se encuentra ordenado en auto de siete de junio de dos mil veintidós, devuélvase el presente expediente al archivo de este juzgado como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese sin mayor proveído el telegrama del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, comunica que el despacho 174/2022, de su índice, derivado del diverso 67/2022-V, orden 204/2022, de este juzgado, fue devuelto a este juzgado mediante oficio 1983/2022.Lo anterior es así, dado que vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que el citado despacho ya fue agregado mediante acuerdo seis de junio de este año.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, mediante el cual remite diligenciado el despacho 174/2022, de su índice, derivado del diverso 67/2022-V, orden 204/2022, de este juzgado. Acúsese recibo. Del citado despacho se advierte que la parte quejosa fue notificada del proveído de dieciocho de abril del año en curso, en que se ordenó darle vista con los oficios registrados bajo folios 2080 y 2721 allegados por la autoridad responsable, así como con las manifestaciones vertidas por este en diligencia de once de marzo de dos mil veintidós, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado al fallo protector, el once de mayo del año en curso.Por otra parte, del estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho.En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida.Mediante sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió la protección federal a Rodolfo Gaspar Hernández, para los efectos siguientes:"SEXTO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia los efectos de la concesión se reproducen de la manera siguiente: 1. Las autoridades responsables deberán proveer de forma oportuna, permanente y constante al quejoso, esto es, sin interrupciones, los medicamentos para su tratamiento de la enfermedad de leucemia linfoide aguda, de conformidad con su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; entregándole los medicamentos adecuados, ya sean originales o genéricos que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia para su efectividad. 2. En el entendido de que, de carecer de los recursos necesarios para su entrega, debe de demostrar que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento. 3. Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud del quejoso, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento diagnosticado en agosto de dos mil veintiuno, justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. En el entendido de que el suministro de los medicamentos deberá ser hasta en tanto, derivado de la valoración periódica al que se encuentra sujeto conforme a su enfermedad, realicen los especialistas tratantes, bajo su más estricta responsabilidad, y no dispongan lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y, por ende, la entrega del medicamento. 4. Respecto al estudio denominado biopsia que le fue practicado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se deberá localizar su resultado y remitirlo a los médicos tratantes a efecto de que se le informe al quejoso el avance la enfermedad que padece". En auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, el apoderado y representante legal del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto"- remitió copia certificada de las últimas atenciones otorgadas al paciente Rodolfo Gaspar Hernández, así como de la entrega de los medicamentos efectuada el diez de enero de dos mil veintidós. Mediante nota de evolución, interconsulta y alta de diez de enero de dos mil veintidós -allegada por el apoderado y representante legal del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto"- el quejoso expresó su voluntad para no continuar con sus tratamientos. En proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, se requirió al promovente para que en el término de tres días, informara si decidió no continuar con la atención médica de su padecimiento en el Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto" y de ser posible, manifestara los motivos por los cuales tomó esa decisión; determinación que fue notificada el diecisiete de febrero del año en curso a su autorizada. Atento a ello, en acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil siguiente, se ordenó notificar de manera personal al quejoso Rodolfo Gaspar Hernández, el acuerdo de quince de febrero del presente año; notificación que fue practicada el once de marzo de dos mil veintidós en la que el promovente precisó que el motivo de su salida del hospital, fue por voluntad propia y que ya se sentía mejor de su padecimiento, por lo que ya quiso estar en casa con su familia. Con motivo de lo anterior, mediante proveído de dieciocho de abril del año en curso, se ordenó dar vista al quejoso con los oficios registrados bajo folios 2080 y 2721 allegados por la autoridad responsable, así como con las manifestaciones vertidas por este en diligencia de once de marzo de dos mil veintidós, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado al fallo protector. La citada determinación fue notificada al quejoso el once de mayo del año en curso. Por lo que el término concedido transcurrió del trece al diecisiete de mayo de este año, sin contar catorce y quince de mayo del año en curso, por ser inhábiles, sin que a la fecha nada expresara al respecto. Cumplimiento sin materia. Atento a lo previamente expuesto, resulta patente que la parte quejosa ha demostrado su desinterés por continuar con el tratamiento médico correspondiente. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. Por lo que el interés de las partes por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro y con motivo de éste, representa un aspecto imperioso dentro del trámite del amparo hasta su resolución final; caso contrario, no habría razón de emitir una sentencia o agotar las instancias procedimentales, de no existir interés de la quejosa por ello. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que su interés no puede generar per se la apertura del juicio o su agotamiento hasta el cumplimiento de un fallo que se dirige directamente al resarcimiento de un derecho violado a uno de aquéllos, en tanto que éste ya no tenga interés en continuar con ese procedimiento. En mérito de ello, resulta que la ponderación entre el principio de interés social que reviste al cumplimiento de las sentencias de amparo y el de prosecución judicial, no encuentra conflicto en la especie, pues en ningún momento colisionan sus pretensiones y efectos con la renuencia de la parte quejosa de proseguir con le ejecución del fallo amparatorio. Esto ya que no subsiste el interés por la ejecución del fallo constitucional, en razón de que si el promovente, ha expresado que no desea continuar con el tratamiento respectivo es evidente su desinterés de continuar con la ejecución de la sentencia de amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que el propio afectado es quien ha decidido no continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que las autoridades responsables hayan cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante las omisiones del quejoso en el sentido que no tiene interés en continuar con el procedimiento de amparo y, por ende, de su ejecución de fallo amparatorio, debe tenérsele por desistido. Consecuentemente, el efecto jurídico del manifiesto desinterés por la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia amparatoria, teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, en que se trata de atención médica personal, respecto de la cual el quejoso ha señalado su deseo de ya no continuar con el tratamiento médico, materia del cumplimiento de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla". Archivo. Dado que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del referido Acuerdo General. Depuración. Con fundamento en capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Gira despacho. Con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en C. San Agustín 72, localidad Pahuayo Santiago, Tamazunchale, San Luis Potosí y notifique de manera personal al quejoso Rodolfo Gaspar Hernández, el presente acuerdo dictado en el juicio de amparo 1039/2021-V. Para ello, se faculta al Juez de Primera Instancia para que habilite al actuario judicial de su adscripción que corresponda, o a quien tenga que practicar la diligencia solicitada, días y horas inhábiles, para el efecto de agilizar el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de Ley de Amparo, atento a los principios de economía procesal y de concentración en el proceso y a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional....

  4. Principal

    ...ya obra glosado el acuse de recibo antes señalado, por lo que no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento sobre ello.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano