Rodolfo García Valadez

Expediente 220/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
220/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo García Valadez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. En esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Finalmente, devuélvanse a la Décima Sala Civil y Juzgado Segundo de lo Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los cinco tomos que se ordenaron formar por separado, consistentes en los tocas 400/2021/1, 400/2021/2 y 400/2021/3, el expediente 180/2018 y una bolsa con documentos, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo. Notifíquese; por oficio a las autoridades señaladas. Mesa V.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio al tribunal en cita. Mesa V.

  3. Principal

    aviso judicial se notifica por medio de lista el proveido de dieciocho de marzo de dos mil veintidós a la parte promovente acepta la competencia planteada, asumiendo el conocimiento del asunto. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y regístrese en el libro de gobierno con el número 220/2022-V. Desechamiento. De acuerdo con el precepto 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ********************** La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Ahora, del análisis integral efectuado a la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado es: ***** Por otra parte, en la determinación combatida, se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que previo al emplazamiento por edictos se realice la correcta búsqueda del domicilio de la demandada en el juicio natural. Como se advierte, el acto combatido consistente en la resolución de la sala que dejó insubsistente la sentencia definitiva del juicio de origen y ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de que previo al emplazamiento por edictos se realice la correcta búsqueda del domicilio de la demandada; en consecuencia, para la procedencia de la presente instancia constitucional debe atenderse a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 25, Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205810, que se aplica sólo en lo conducente, de rubro y texto siguientes: *********** Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: *****. En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". Conforme a lo anterior, debe atenderse a los efectos o consecuencias de la reposición del procedimiento, a fin para determinar sobre la procedencia del amparo indirecto. Por lo que, partiendo de esa base, el suscrito juzgador concluye que cobra vigencia la causa de improcedencia establecida en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...)". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo indirecto, como en el presente asunto. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento relativo con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que fue taxativo al señalar qué debe entenderse por dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, del análisis de la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 400/2021/3, por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de la demanda de amparo, se advierte con objetiva claridad que el aquí combatido en estudio por su naturaleza no es irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la constitución, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que la resolución que ponga fin a la controversia de origen sea favorable al quejoso, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado el acto reclamado desaparecerían, pues sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo que inciden en la conducta que ha tomado en el procedimiento de primera instancia con vista a obtener un fallo favorable. Por tanto, el acto reclamado no constituye un acto dentro del procedimiento natural cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasionan consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esas determinaciones no privan del derecho de defensa a las partes, ni alteran las cuestiones debatidas. Esto es, dicha determinación no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que tal resolución no puede considerarse como un acto en la controversia de origen que tenga efectos de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental constitucional o convencionalmente tutelado, sino que, en todo caso, esa violación produce únicamente una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, no obstante que, como acontece en el presente caso, se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento de primera instancia, sino que se presenta justamente dentro de éste. En efecto, el acto reclamado no puede considerarse que tenga efectos de imposible reparación, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, dado que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a esos derechos de forma directa; sin embargo, ello por sí solo es insuficiente para considerar procedente el amparo, ya que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino que debe tenerse presente la naturaleza jurisdiccional del procedimiento del cual derivan los actos reclamados. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto combatido, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la ley de la materia, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la determinación que aquí se combate no afecta materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. En efecto, el juicio de amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1947, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009302, que establece: ***************************** Lo expresado, además, porque se trata de aspectos que se desarrollan en la secuela del procedimiento que se sigue en la vía planteada por el quejoso, de lo que se concluye que se está en presencia de cuestiones que no afectan derechos sustantivos, sino que sólo generan la posibilidad de que ello ocurra. Habida cuenta que, se insiste, tal acto produce efectos meramente intraprocesales, en virtud de que esa violación el solicitante de amparo la podrá hacer valer cuando impugne el fallo que resuelva en definitiva el procedimiento de donde deriva el acto combatido; por tanto, aquella determinación no causa afectación material a los derechos sustantivos del quejoso (propiedades, posesiones o derechos), siendo inaplicable en el contexto de la nueva Ley de Amparo el criterio de las violaciones en grado predominante o superior como actos de ejecución irreparable, el cual regía conforme a la Ley de Amparo abrogada. Así se determina, ya que el acto combatido no encuadra en la hipótesis a que se refiere el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener ejecución ni efectos de imposible reparación para el quejoso, en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, en virtud de que al tener la calidad de parte dentro del procedimiento de origen, puede emprender su defensa conforme a su derecho convenga, y por ende, la resolución que se dicte en ese proceso puede resultarle favorable, con lo cual los efectos de la violación de que se trata, desaparecerán en la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, pudiendo en su caso, reclamar tales violaciones a través del juicio de amparo que llegare a promover contra el fallo respectivo, en caso de que éste le resultara adverso. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que de que previo al emplazamiento por edictos se realice la correcta búsqueda del domicilio de la demandada en el juicio natural, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con la búsqueda del domicilio de la demandada, previo a emplazarla por edictos y dicha parte sea involucrada, y con ello se prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente. Por lo que como se indicó anteriormente se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. ******* A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." ******* Criterio que se considera que no aplica a casos resueltos con la Ley de Amparo vigente a partir del tres de marzo de dos mil trece, pues admite la procedencia del amparo indirecto, dado que se consideró que la resolución de segunda instancia, que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento para integrarlo, afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, característica que no es acorde a la ley vigente, en la cual se definió, que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo expuesto, atento al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en cita, no aplica para casos como el que nos ocupa. Además, la reposición del procedimiento no afecta el derecho a la jurisdicción, en su vertiente al apego en los plazos y términos que fijan las leyes, pues no se debe privilegiar la prontitud de una decisión judicial y los términos previstos por la ley para llegar a la decisión, frente a la violación de las formalidades esenciales del procedimiento, con la búsqueda del domicilio de la demandada, previo a emplazarla por edictos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO

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