Rodolfo Floriberto Mendoza de la Rosa
Expediente 1097/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 29/04/2021
Partes del expediente
- Rodolfo Floriberto Mendoza de la Rosa
Actuaciones
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- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 29 DE ABRIL DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Se desecha ampliación de la demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito de *** mediante el cual, en atención a la vista otorgada en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, pretende ampliar la demanda y señala como nuevo acto reclamado la orden de entrega del bien inmueble identificado como ***, y señala como autoridad responsable al Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México. Ahora, con el fin de proveer sobre la ampliación de demanda propuesta, conviene hacer una breve relatoría de lo actuado en el presente juicio: En la demanda, el quejoso únicamente señaló como autoridades responsables al Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de Exhortos de la zona metropolitana de Puebla, y señaló como actos reclamados el ilegal desahogo del traslado de posesión del bien que defiende a favor de la parte tercera interesada, así como su ejecución. Mediante auto del diez de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda propuesta, por lo que se ordenó pedir el informe justificado a las autoridades responsables. En el auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se tuvo rendido el informe justificado de la Juez de exhortos responsable, y se recibieron las constancias que anexó a dicho informe, con lo cual se ordenó dar vista a las partes, y se notificó mediante lista. De las constancias remitidas por la citada Juez se pudo advertir que su intervención en la emisión de los actos reclamados sólo podría ser en su carácter de autoridad ejecutora, pues de las constancias que remitió se desprende que la orden de desposesión que se le atribuye se emitió originariamente por el Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio especial hipotecario ***; por tal motivo, en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se requirió dicho juez para que remitiera las constancias relativas a ese procedimiento, las cuales se recibieron en el diverso auto de veintitrés de marzo siguiente. Analizado su contenido, así como lo actuado en el presente juicio, de lo cual se advirtió, como ya se dijo, que únicamente se tenía como autoridades responsables a la Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de exhortos de la Zona Metropolitana, en el auto de veintinueve de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, y como acto reclamado, la orden de entregar el inmueble adjudicado. Para tal fin se hizo una breve relatoría de lo actuado en el citado juicio hipotecario *** del Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, y se hizo la precisión en el sentido de que la vista concedida no vinculaba a considerar procedente el juicio de amparo contra los actos que en su caso se señalen en su escrito de ampliación, sino que sería hasta que manifestara su voluntad de ampliar la demanda y precise los actos que reclama, que podría realizarse un pronunciamiento al respecto. Expuesto lo anterior, y como ya se dijo, la parte quejosa pretende ampliar la demanda respecto de la orden de entregar la posesión del inmueble adjudicado en el juicio hipotecario *** del Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, esto es, el identificado como ***. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la ampliación de la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo -o como en el caso, su ampliación-, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En el caso, el motivo notorio y manifiesto de improcedencia del juicio de amparo, deriva de que el acto de desposesión que reclama se emitió durante la etapa de ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen. Para mejor comprensión de lo anterior, es importante citar los antecedentes del acto reclamado, de los que se advierte lo siguiente: *** Expuesto lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta de la ampliación de la demanda de amparo, deriva de que el acto que señala como reclamado, fue emitido con el fin de ejecutar la sentencia emitida en el citado juicio hipotecario *** sin que constituya la última resolución de esa etapa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Así, de los antecedentes narrados se desprende que en ejecución de la sentencia emitida en el juicio especial hipotecario de origen, se decretó a favor de Sofihaa Financiera, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, la adjudicación de diversos predios, entre ellos, el inmueble embargado que defiende el quejoso, y por tal motivo se emitió la escritura de adjudicación correspondiente. Conviene precisar que para los efectos del juicio de amparo, el procedimiento de remate se concluyó con el citado auto que ordenó otorgar la referida escritura de adjudicación, de acuerdo con los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 13/2016 (10a.) y 57/2019 (10a.), que establecen lo siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Posteriormente, se emitió el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el Juez de origen ordenó requerir al demandado quejoso para que entregara la posesión de, entre otros, el inmueble del fue desposeído y que defiende en la presente instancia. En esas condiciones, es evidente que el acto reclamado se trata de un acto tendente a lograr la ejecución de la sentencia, pues se ubica en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, así como procedimiento de remate, en el que se determinó adjudicar el bien a la parte actora, de ahí que la entrega del inmueble adjudicado se incorpora al propio procedimiento de ejecución, dado que no podría considerarse cumplida la sentencia que condenó al pago por la sola adjudicación del bien embargado, sino que es necesario además que dicho bien se entregue a la parte vencedora, para concretar dicho pago. Por tanto, se insiste, el acto reclamado se trata de un acto tendente a lograr la ejecución de la sentencia, sin que constituya la última determinación pronunciada en esa fase, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenan el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. Al caso resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 52/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así, por las consideraciones expuestas, procede desechar la ampliación de la demanda que propone la parte quejosa, por consistir un acto emanado en la etapa de ejecución de sentencia, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, entendida como aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia, o en su caso, declara la imposibilidad para ejecutarla. Ahora, dado que no se admitió la demanda de amparo, es evidente que no se colma la condición necesaria para pronunciarse sobre la suspensión solicitada por la quejosa. Sobreseimiento fuera de audiencia. Con base en las premisas expuestas para desechar la ampliación de la demanda, de las cuales se pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo contra los actos de ejecución de la sentencia emitida en el juicio hipotecario de origen, también resulta procedente sobreseer en el juicio, respecto de los actos de ejecución que se reclaman del Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana. Lo anterior es así, ya que si durante la tramitación del juicio de garantías se actualiza una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, entonces es procedente decretar el sobreseimiento de este sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio jurisprudencial siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el caso, se recuerda que la parte quejosa reclamó el auto que decreta el traslado de la posesión del predio identificado como cuarta y última fracción del terreno denominado "Coatzala", lote sesenta y dos, San Juan Tetela, Municipio San Lorenzo Chiautzingo, Distrito Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, así como su ejecución, los cuales atribuyó al Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla. Sin embargo, como ha quedado precisado, tales actos fueron emitidos durante la etapa de ejecución de la sentencia emitida en el juicio hipotecario *** del Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, y en la cual se decretó a favor de la tercera interesada Sofihaa Financiera, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, la adjudicación del citado inmueble, y se ordenó su desposesión forzada -ante la renuencia de hacerlo de manera voluntaria-, para lo cual se ordenó su cumplimiento mediante exhorto, el cual se radicó ante el Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, con el número de exhorto 2942/2020, en el que mediante diligencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, entendida personalmente con el quejoso, se llevó a cabo la entrega del inmueble. En ese sentido, resulta evidente tales actos de ejecución se ubican en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, así como procedimiento de remate, en el que se determinó adjudicar el bien a la parte actora, de ahí que el traslado de la posesión del inmueble adjudicado se incorpora al propio procedimiento de ejecución, dado que no podría considerarse cumplida la sentencia que condenó al pago por la sola adjudicación del bien embargado, sino que es necesario además que dicho bien se entregue a la parte vencedora, para concretar dicho pago. Por tanto, se insiste, los actos de ejecución reclamados son tendentes a lograr la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen, sin que pueda considerarse que constituyen la última determinación pronunciada en esa fase, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En esas condiciones, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Dada la conclusión alcanzada, resulta procedente dejar sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Se desecha ampliación de la demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito de *** mediante el cual, en atención a la vista otorgada en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, pretende ampliar la demanda y señala como nuevo acto reclamado la orden de entrega del bien inmueble identificado como ***, y señala como autoridad responsable al Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México. Ahora, con el fin de proveer sobre la ampliación de demanda propuesta, conviene hacer una breve relatoría de lo actuado en el presente juicio: En la demanda, el quejoso únicamente señaló como autoridades responsables al Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de Exhortos de la zona metropolitana de Puebla, y señaló como actos reclamados el ilegal desahogo del traslado de posesión del bien que defiende a favor de la parte tercera interesada, así como su ejecución. Mediante auto del diez de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda propuesta, por lo que se ordenó pedir el informe justificado a las autoridades responsables. En el auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se tuvo rendido el informe justificado de la Juez de exhortos responsable, y se recibieron las constancias que anexó a dicho informe, con lo cual se ordenó dar vista a las partes, y se notificó mediante lista. De las constancias remitidas por la citada Juez se pudo advertir que su intervención en la emisión de los actos reclamados sólo podría ser en su carácter de autoridad ejecutora, pues de las constancias que remitió se desprende que la orden de desposesión que se le atribuye se emitió originariamente por el Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio especial hipotecario ***; por tal motivo, en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se requirió dicho juez para que remitiera las constancias relativas a ese procedimiento, las cuales se recibieron en el diverso auto de veintitrés de marzo siguiente. Analizado su contenido, así como lo actuado en el presente juicio, de lo cual se advirtió, como ya se dijo, que únicamente se tenía como autoridades responsables a la Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de exhortos de la Zona Metropolitana, en el auto de veintinueve de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, y como acto reclamado, la orden de entregar el inmueble adjudicado. Para tal fin se hizo una breve relatoría de lo actuado en el citado juicio hipotecario *** del Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, y se hizo la precisión en el sentido de que la vista concedida no vinculaba a considerar procedente el juicio de amparo contra los actos que en su caso se señalen en su escrito de ampliación, sino que sería hasta que manifestara su voluntad de ampliar la demanda y precise los actos que reclama, que podría realizarse un pronunciamiento al respecto. Expuesto lo anterior, y como ya se dijo, la parte quejosa pretende ampliar la demanda respecto de la orden de entregar la posesión del inmueble adjudicado en el juicio hipotecario *** del Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, esto es, el identificado como ***. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la ampliación de la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo -o como en el caso, su ampliación-, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En el caso, el motivo notorio y manifiesto de improcedencia del juicio de amparo, deriva de que el acto de desposesión que reclama se emitió durante la etapa de ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen. Para mejor comprensión de lo anterior, es importante citar los antecedentes del acto reclamado, de los que se advierte lo siguiente: *** Expuesto lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta de la ampliación de la demanda de amparo, deriva de que el acto que señala como reclamado, fue emitido con el fin de ejecutar la sentencia emitida en el citado juicio hipotecario *** sin que constituya la última resolución de esa etapa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Así, de los antecedentes narrados se desprende que en ejecución de la sentencia emitida en el juicio especial hipotecario de origen, se decretó a favor de Sofihaa Financiera, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, la adjudicación de diversos predios, entre ellos, el inmueble embargado que defiende el quejoso, y por tal motivo se emitió la escritura de adjudicación correspondiente. Conviene precisar que para los efectos del juicio de amparo, el procedimiento de remate se concluyó con el citado auto que ordenó otorgar la referida escritura de adjudicación, de acuerdo con los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 13/2016 (10a.) y 57/2019 (10a.), que establecen lo siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Posteriormente, se emitió el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el Juez de origen ordenó requerir al demandado quejoso para que entregara la posesión de, entre otros, el inmueble del fue desposeído y que defiende en la presente instancia. En esas condiciones, es evidente que el acto reclamado se trata de un acto tendente a lograr la ejecución de la sentencia, pues se ubica en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, así como procedimiento de remate, en el que se determinó adjudicar el bien a la parte actora, de ahí que la entrega del inmueble adjudicado se incorpora al propio procedimiento de ejecución, dado que no podría considerarse cumplida la sentencia que condenó al pago por la sola adjudicación del bien embargado, sino que es necesario además que dicho bien se entregue a la parte vencedora, para concretar dicho pago. Por tanto, se insiste, el acto reclamado se trata de un acto tendente a lograr la ejecución de la sentencia, sin que constituya la última determinación pronunciada en esa fase, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenan el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. Al caso resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 52/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así, por las consideraciones expuestas, procede desechar la ampliación de la demanda que propone la parte quejosa, por consistir un acto emanado en la etapa de ejecución de sentencia, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, entendida como aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia, o en su caso, declara la imposibilidad para ejecutarla. Ahora, dado que no se admitió la demanda de amparo, es evidente que no se colma la condición necesaria para pronunciarse sobre la suspensión solicitada por la quejosa. Sobreseimiento fuera de audiencia. Con base en las premisas expuestas para desechar la ampliación de la demanda, de las cuales se pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo contra los actos de ejecución de la sentencia emitida en el juicio hipotecario de origen, también resulta procedente sobreseer en el juicio, respecto de los actos de ejecución que se reclaman del Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana. Lo anterior es así, ya que si durante la tramitación del juicio de garantías se actualiza una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, entonces es procedente decretar el sobreseimiento de este sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio jurisprudencial siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el caso, se recuerda que la parte quejosa reclamó el auto que decreta el traslado de la posesión del predio identificado como cuarta y última fracción del terreno denominado "Coatzala", lote sesenta y dos, San Juan Tetela, Municipio San Lorenzo Chiautzingo, Distrito Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, así como su ejecución, los cuales atribuyó al Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla. Sin embargo, como ha quedado precisado, tales actos fueron emitidos durante la etapa de ejecución de la sentencia emitida en el juicio hipotecario *** del Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, y en la cual se decretó a favor de la tercera interesada Sofihaa Financiera, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, la adjudicación del citado inmueble, y se ordenó su desposesión forzada -ante la renuencia de hacerlo de manera voluntaria-, para lo cual se ordenó su cumplimiento mediante exhorto, el cual se radicó ante el Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, con el número de exhorto 2942/2020, en el que mediante diligencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, entendida personalmente con el quejoso, se llevó a cabo la entrega del inmueble. En ese sentido, resulta evidente tales actos de ejecución se ubican en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, así como procedimiento de remate, en el que se determinó adjudicar el bien a la parte actora, de ahí que el traslado de la posesión del inmueble adjudicado se incorpora al propio procedimiento de ejecución, dado que no podría considerarse cumplida la sentencia que condenó al pago por la sola adjudicación del bien embargado, sino que es necesario además que dicho bien se entregue a la parte vencedora, para concretar dicho pago. Por tanto, se insiste, los actos de ejecución reclamados son tendentes a lograr la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen, sin que pueda considerarse que constituyen la última determinación pronunciada en esa fase, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En esas condiciones, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Dada la conclusión alcanzada, resulta procedente dejar sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 29 DE MARZO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista para ampliar. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa promovió el presente asunto como tercero extraño y reclamó del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, y otra autoridad, el auto que decreta el traslado de la posesión del predio identificado como ***, así como su ejecución Ahora, conviene señalar que en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla -autoridad responsable-, dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte y para el efecto remitió copia certificada de todo lo actuado en los exhortos *** de su índice, que se formaron con motivo de la orden de desposesión emitida por el Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio especial hipotecario ***; sin embargo, dado que no se consideraron legibles, se le requirió para remitirlas nuevamente; asimismo, se ordenó requerir al citado juez de lo civil residente en la Ciudad de México, para que remitiera copia certificada del citado juicio especial hipotecario. Así, en el auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidas las constancias que remitió la Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla -autoridad responsable-, y por rendido el informe justificado de la citada autoridad, por lo que se ordenó dar vista a las partes, lo que se realizó mediante lista. Posteriormente, en el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México remitiendo copia certificada de todo lo actuado en el juicio especial hipotecario *** de su índice, del cual se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: *** Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa reclamó del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, y otra autoridad, el auto que decreta el traslado de la posesión del predio identificado como ***, así como su ejecución. Sin embargo, que de las constancias remitidas por dicha autoridad, y las recabadas por este Juzgado, se advierte que los actos de desposesión reclamados derivan del juicio especial hipotecario *** del índice del Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, en el que al solicitante de amparo le reviste el carácter de parte demandada, e incluso compareció para formular su contestación y fue señalado como representante común de los demandados, y con ese carácter realizó la defensa de los derechos que pudieron corresponderles. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión al solicitante de amparo, con fundamento en el artículo 111, en relación con el diverso numeral 108, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo siguiente: Si es su deseo ampliar su demanda a fin de señalar como autoridad responsable al Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México y como acto reclamado la orden de entregar el inmueble adjudicado. En el entendido de que su escrito de ampliación deberá cumplir con los requisitos que establece la Ley de Amparo a ese respecto. Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J.112/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 93, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Es importante destacar que en caso de que la parte quejosa afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, lo anterior en términos del artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el plazo concedido, se resolverá este juicio de amparo únicamente respecto de los actos reclamados y las autoridades responsables señalados en el escrito inicial de demanda de amparo, ***. En la inteligencia que la vista concedida a la parte quejosa no vincula a considerar procedente el juicio de amparo contra los actos que en su caso se señalen su escrito de ampliación, sino que será hasta que expresamente manifieste su voluntad de ampliar la demanda y precise los actos que reclama, que podrá realizarse un pronunciamiento al respecto. Diferimiento audiencia constitucional. En consecuencia, y para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirven de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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