Rodolfo Fernández Soto

Expediente 766/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
766/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Fernández Soto
  • Juez de Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Verónica Uranga Luviano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio y anexo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se tiene a la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, residente en esta localidad, rindiendo informe justificado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional, por lo que se ordena dar vista con ello a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene por recibida la documental que la autoridad exhibe en calidad de medio probatorio para sostener lo dicho en su informe, la cual, será tomada en consideración en el momento procesal oportuno; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se tiene a la Coordinadora del Área Penal del Instituto de la Defensoría Pública del Distrito Judicial Bravos, residente en esta localidad, desahogando el requerimiento realizado mediante oficio del trece de octubre de dos mil veintiuno, al respecto informa que designa a la licenciada ********************, como Defensora Pública del quejoso ********************, para que lo asista durante la tramitación del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente correspondan. Así, atento a su contenido se tiene a Rodolfo Fernández Soto, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez de Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, por lo que, provéase como a continuación se indica: Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos, en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 766/2021-VI. Sin tramitarse el incidente de suspensión relativo, al no haber sido solicitado. Requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe; apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID- 19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán de rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Atinente a ello, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos público, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18 de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señala las QUINCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual podrá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Por lo que se requiere a la parte quejosa para que de ser de su interés comparezca a la misma, para lo cual deberá indicar los datos del correo electrónico y el nombre de la persona que comparecerá vía electrónica en su representación, a fin de que se le remitan los datos necesarios para acceder a la audiencia de mérito. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 251 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Se tienen por ofrecidas las documentales que exhibe la parte quejosa, mismas que serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno, en términos de lo dispuesto por el ordinal 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. Asimismo, se hace destacar que los actuarios adscritos a este órgano judicial de amparo deberán ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; debiendo la Secretaria con quien se actúa, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Requiérase a las partes para que en caso de exhibir documentación o información reservada con el carácter de reservada o confidencial, la envíen debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como medida para asegurar su custodia y conservación. Apercibidas que en caso de no hacerlo como se indica en el párrafo precedente, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (89.62) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Finalmente, en apoyo en el criterio jurisprudencia 43/2019, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO", así como que el impetrante del amparo se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, atañe solicitar a la defensoría pública del Estado para que designe un asesor en el presente controvertido constitucional a efecto de que oriente al quejoso Rodolfo Fernández Soto, quien se, reitera, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, de esta ciudad. En esa tesitura, gírese oficio al Titular de la Defensoría Pública del Estado, con sede en la localidad, para que, en auxilio de este Órgano Jurisdiccional, apoyo a lo expuesto en el párrafo que precede y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 y 9, fracciones III y IX, de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Chihuahua, le asigne al aquí quejoso un asesor jurídico para que lo oriente adecuadamente en este juicio, a quien le deberá hacerle saber que deberá comparecer dentro del término de tres días siguientes a su designación, a aceptar y protestar el cargado conferido, a fin de que entre de inmediato en el desempeño de dicho cargo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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