Rodolfo Estrada Colín

Expediente 355/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
355/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Estrada Colín

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Visto el estado de autos y certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: "Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad." Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se prevé lo siguiente: Criterio de valoración "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo" A). Expedientes de Relevancia Documental "Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; Los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; Los que traten de delitos contra la administración de justicia; Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; Los que versen sobre materia agraria; y Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." "Artículo 16. Plazos de resguardo. Los expedientes de relevancia documental serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido." B). Expedientes conservables "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: (.) II. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: Causas Penales; Expedientes generados en los Juzgados de Ejecución de Penas; Citatorios, Órdenes de Aprehensión, Presentación o Comparecencia; Extinción de Dominio; Extradición; Jurisdicción Voluntaria; y Juicios Orales. (..) D.1 Plazo para destrucción. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. Impedimentos; Recusaciones Excusas; Returnos; Incompetencias; Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." 1. Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. Expediente destruible Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso d) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo. 2.2 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés al veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, y una vez cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción o depuración que se prepare, una vez trascurridos los plazos citados en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obren las notificaciones del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inició y fin del procedimiento de depuración o destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción o depuración; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a), lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa VI, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Eutimio Ordóñez Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Manuel López Reyes, quien firma y da fe. Doy fe. El Juez El Secretario cygc

  2. Principal

    VI. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, SIN FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 355/2023-VI. +++. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. En este caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo. +++. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho de la quejosa, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, la demanda que dio origen a este juicio no fue firmada electrónicamente por el promovente, ni tiene signo gráfico alguno, pues así se advierte del contenido de ella; por ende, no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que obste a lo anterior que se haya promovido de manera electrónica, porque el escrito presentado en dicha vía debe autentificarse con el uso de la firma electrónica (FIREL) o autógrafa, por lo que al no haberla utilizado, no se tiene certeza si la demanda efectivamente fue intentada por el promovente. De conformidad con el artículo 3°, párrafos cuarto y quinto, de la ley de la materia, los escritos presentados en forma electrónica se harán utilizando la Firma Electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; sin que en el caso se tenga certeza de que ésta última haya sido asentada por el promovente. Lo anterior se corrobora con la impresión de la pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del apartado de demandas electrónicas, así como de la parte final del ocurso de cuenta. Por lo que, ante la falta de firma electrónica (FIREL) y autógrafa, en el escrito que se provee, no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Dicho concepto jurídico se definió en los acuerdos generales referidos, como "... el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa ...". Así, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, no puede sustituir el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107, de la Constitución Federal, que es rector del juicio de amparo, el cual debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información, por lo que no es jurídicamente factible que la demanda carezca de firma electrónica, (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea el quejoso por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo. Por ende, si la demanda presentada vía electrónica, valga la redundancia, no está firmada electrónicamente, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente. Esto es así, porque de estimar lo contrario, es decir, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica); lo que traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, lo que faculta a este juzgador, desechar de plano la demanda, por no estar firmada electrónicamente. +++ En lo relativo a que el quejoso tampoco estampó su firma electrónica, pues ello se desprende de la siguiente imagen: +++. De igual forma, se desprende la improcedencia de la demanda, porque la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, de manera que si la demanda de amparo no cuenta con ella, se debe considerar que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional, siendo que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento se expresan para realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En esas condiciones, la demanda resulta improcedente, ya que tal deficiencia no se puede corregir mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. +++. Lo expuesto revela que la firma autógrafa integra un requisito indispensable del acto jurídico, que de carecer de ella implicará la omisión de exteriorización de la voluntad de quien el mismo emana. CONCLUSIÓN Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6° de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida +++. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En tal virtud, de conformidad con los artículos 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; así como lo dispuesto lo dispuesto en el artículo 3° de la ley de la materia y el numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "+++". NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado Federal a fin de que las notificaciones de las determinaciones que se dicten en el presente juicio se realicen a la parte quejosa de manera electrónica, a través del usuario +++, por así haberlo solicitado. Se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda a aperturar los campos necesarios. Asimismo, el Actuario adscrito deberá certificar que los campos para la consulta del expediente electrónico estén habilitados y asentar la razón correspondiente al juicio. AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a +++ y, en términos restringidos de dicho numeral a la persona restante, limitación que subsiste hasta en tanto registre su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción. CORREO ELECTRÓNICO Respecto del correo electrónico proporcionado se tiene como una forma especial de contacto, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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