Rodolfo Espinoza Cortes
Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Rodolfo Espinoza Cortes
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero, del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "FIRME NO PRESENTADA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Informes sobre suspensión de plano Agréguense a los autos sin mayor trámite los informes respecto de la suspensión de plano decretada por este juzgado mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, rendidos por las autoridades responsables: Fiscal Regional Oriente. Directora General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Oriente. Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional Oriente. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Control con Detenido de la Fiscalía Regional Oriente. Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal. Lo anterior, en atención a que mediante auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda, toda vez que el directo quejoso ********************no ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por********************, cuando aún ejercía su representación, por lo que, acorde con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, quedaron sin efectos las providencias dictadas. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Demanda de amparo no ratificada por el quejoso Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la cual se advierte que el directo quejoso ***, no ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por Martha Espinosa Cortés, cuando aún ejercía su representación. Del estado físico del directo quejoso Ahora bien, se hace constar que acorde con lo asentado en la razón de cuenta el quejoso aparenta tener buen estado físico y de salud; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Se tiene por no presentada la demanda En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de enero de la presente anualidad y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en relación al quejoso antes mencionado. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su domicilio procesal.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, en representación del directo quejoso ***, contra actos del Fiscal Regional de la Zona Oriente del Estado de Morelos. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 66/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Ordenadoras Fiscal Regional de la Zona Oriente del Estado de Morelos. Director de Investigaciones y Procesos Penales del Estado de Morelos. Agente del Ministerio Público o Fiscal Titular de Atención Temprana de la Región Oriente en el Estado de Morelos. Agente del Ministerio Público o Fiscal Titular de Control de Detenidos. Ejecutora Director y/o Encargado de la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de la Región Oriente en el Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados 1. Detención Ilegal. 2. La incomunicación. 3. La privación ilegal de la libertad. 4. Tortura física. 5. Temor de desaparición forzada. Cabe hacer notar que la anterior precisión de los actos reclamados, se realiza de manera preliminar y sin perjuicio de que en la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, éstos sean fijados, con base en la totalidad de la información y las constancias que obren en este expediente con motivo de su tramitación, puesto que ello se debe armonizar con los datos que emanan del escrito de demanda, a efecto de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Suspensión de plano respecto de los actos reclamados De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la detención Ilegal o privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y temor de desaparición forzada. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados señalados, para el efecto de que inmediatamente cesen la detención Ilegal, incomunicación y tortura psicológica o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir, malos tratos, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie o cualquiera otra acción inusitada y trascendental, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas en la demanda como responsables. Por lo que hace a la detención Ilegal que refiere el promovente se ejecutó y encuentra materializándose en contra del directo quejoso, cabe precisar que en términos de los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, se debe atender a lo siguiente: "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." "Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado a su juez". De estas disposiciones, se sigue que cuando la detención sea efectuada por autoridades administrativas, distintas al Ministerio Público, la suspensión tendrá el siguiente efecto: -Si la detención tiene relación con la comisión de un delito, de que la misma cese sin demora, para lo cual, se pondrá al detenido en inmediata libertad, o bien, con la misma prontitud a disposición del Ministerio Público. -Si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, para que el detenido sea puesto en libertad. Se procederá conforme a las dos hipótesis antes precisadas, siempre y cuando la detención no haya ocurrido en flagrancia, en cuyo caso, la actuación de las autoridades responsables deberá ceñirse a lo dispuesto en el citado artículo 165. En caso de que la detención haya sido ordenada por el Ministerio Público y la detenida se encuentre a disposición de éste, la suspensión tendrá el efecto de que: - Dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o consignada ante el juez penal correspondiente. Cuando la detención ocurra en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a disposición del Ministerio Público. - En cualquier caso en los que el Ministerio Público no ordene la detención, la suspensión tendrá el efecto de que la detenida sea puesta en inmediata libertad o consignada ante la autoridad judicial competente. Por ello, si el directo quejoso se encuentra en alguno de los supuestos de flagrancia o detención por mandato judicial, no es posible atender la petición de la parte promovente de que el efecto de la suspensión sea para que quede en inmediata libertad. Por tanto, las autoridades responsables tienen la obligación de atender lo antes expuesto, bajo su más estricta responsabilidad y en caso de no observar cualquiera de las conductas que les son exigibles conforme a los efectos de la suspensión del acto reclamado, es evidente que su proceder implicaría una violación a la suspensión concedida. Requerimiento de informe sobre suspensión de plano De igual manera, se requiere a las autoridades responsables para que informen a este juzgado en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, así como a todas y cada una de las medidas decretadas. De las penas en que incurren Hágase saber a las autoridades responsables que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme con lo que dispone el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Sanción ante manifestaciones falaces En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale el código penal aplicado en materia federal. Correo electrónico institucional como medio de comunicación En aras de una pronta impartición de justicia, se exhorta a las responsables para que remitan su informe sobre la suspensión de plano solicitado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 10jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que, de presentarse promociones o recurso a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, página 2537, registro digital 2023740, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)." Ratificación de demanda Por otro lado, toda vez que la promovente refiere que el directo quejoso se encuentra recluido e incomunicado en el interior del área de separos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de la Zona Oriente del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que se constituya en dicha agencia de investigación y lo requiera para que en el acto de la notificación de este auto o a más tardar dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor por Martha Espinosa Cortés, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedarán sin efectos la providencias dictadas en este cuaderno de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de la Materia. Se comisiona al actuario adscrito para que al momento de realizar la notificación del presente proveído, dé fe del estado físico, del directo quejoso, esto es, si cuenta con alguna lesión o maltrato físico. Para la efectividad de lo anterior, se conmina al titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de la Zona Oriente del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, a fin de que bajo su estricta responsabilidad, gire la instrucción correspondiente al personal bajo su mando, para que se otorgue las facilidades necesarias al actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para el cumplimiento de lo ordenado en párrafos precedentes; con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de la fracción I del artículo 237, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, se acordará lo relativo a la admisión de la demanda de amparo. Intervención del Agente del Ministerio Público de la adscripción Dese vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, para que inicie la investigación correspondiente sobre la posible comisión del delito de tortura en perjuicio de la quejosa, lo cual hará del conocimiento a este órgano jurisdiccional. Sobre el caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el Protocolo para la Actuación para quienes Imparten Justicia en Asuntos que Involucren Hechos Constitutivos de Tortura y Malos Tratos, en el que destacó que los Tribunales del Poder Judicial de la Federación tienen una serie de obligaciones y responsabilidades penales y administrativas cuando conocen de asuntos en los que se alegue la existencia de tortura y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, precisó que los tribunales de amparo, se encuentran constreñidos a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal, a fin de que se investiguen las conductas que posiblemente podrían constituir hechos ilícitos; lo anterior, como medida para prevenir y sancionar el delito, aunado a que el amparo es una medida apta para suspender la continuación de las conductas atribuidas, cuando los actos son ejecutados de manera continua. En el citado protocolo, el Alto Tribunal del País, destacó: "Obviamente la investigación de los delitos no es tarea judicial; sin embargo existen obligaciones y responsabilidades del personal del Poder Judicial de la Federación de denunciar y formular quejas por actos de tortura o delitos relacionados para hacer que se investiguen los mismos. [.] Si bien las juezas y los jueces no poseen facultades de investigación, del estándar internacional mencionado, se deriva que tienen la obligación de realizar una denuncia ante el MP para impulsar la inmediata investigación de los hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dicha denuncia constituye una medida efectiva para prevenir y sancionar la tortura y daría cumplimiento al estándar internacional mencionado. En efecto, la omisión de denunciar los delitos en cuestión constituye una forma evidente de ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones de los juzgadores y otros funcionarios y empleados judiciales que al mismo tiempo afectan la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial. Adviértase que para incurrir en responsabilidad administrativa, no se requiere actuar con dolo, sino que bastan que estos servidores públicos se conduzcan descuidadamente. La existencia de tortura y malos tratos constituye una violación a los derechos humanos reclamable por vía de amparo indirecto, en contra de actos fuera de procedimiento. Si bien las y los juzgadores quedan obligados a sobreseer los juicios respectivos ante su consumación previa a la presentación de la demanda de amparo, existen numerosos casos donde los malos tratos o las torturas son continuos o continuados, dando lugar no sólo a la procedencia del amparo, sino a la suspensión de los actos reclamados. Piénsese, por ejemplo, en la reiteración de extorsiones, seguidas de golpizas de las que pueden ser objeto las y los internos por parte del personal de los centros penitenciarios, con o sin la participación de otros internos. Aunque ya se haya consumado un acto de esta naturaleza, el carácter reiterativo de la conducta violatoria y delictiva mantiene la materia del juicio de garantías. Es preciso señalar la obligación de las y los juzgadores, resultado de la conjugación del principio general de eficiencia y de la obligación de todos los servidores públicos de prevenir violaciones a los derechos humanos, establecidos en los artículos 109, fracción III y primero, párrafo tercero de la CPEUM, respectivamente, de otorgar garantías a las y los quejosos privados de la libertad que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Para ello pueden echar mano de todas las medidas que tengan a su disposición, incluyendo la suspensión oficiosa de los actos reclamados con las modalidades específicas requeridas para salvaguardar a las personas en riesgo, las solicitudes de informes a las autoridades administrativas bajo cuya responsabilidad se encuentren aquellos/as, las medidas de apremio y las sanciones conducentes, las denuncias penales, las quejas por responsabilidad administrativa de los servidores públicos, las quejas ante los organismos públicos de protección a los derechos humanos, y el apersonamiento del personal judicial -titular del juzgado o actuario/a- en el lugar de detención." Es ilustrativa, la tesis CCVII/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 561 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA". Asimismo, es orientadora la tesis LVII/2015 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página1425 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, de rubro siguiente: "TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA DE REALIZAR SU INVESTIGACIÓN." Además, es aplicable la tesis CCV/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 561 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, cuyo rubro es: "TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES." También, es orientadora la tesis CCVI/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 562 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro: "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO." Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada con facultades amplias que establece el precepto normativo antes invocado a María de los Ángeles Rosales Grahanda, en razón de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a Marly Sánchez Solís, por no colmar dicho requisito, por tanto, se tiene por autorizada en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Solicitud de copias De conformidad con el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídase a la parte quejosa las copias certificadas del presente proveído, en un solo tanto y por única vez, previa constancia de recibo que obre en autos. En tal virtud, a continuación, se explica de manera detallada las instrucciones que debe seguir para que se lleve a la entrega de las copias que solicita. Instrucciones para su obtención. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de copias. Día de entrega de copias: martes y jueves. En el presente asunto, las copias solamente se entregarán en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado. Notifíquese; y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano y por oficio a las autoridades responsables.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 2,949 expedientes
- Rocio Salgado Organes346/2023
- Rocio Veronica Bustos Arizmendi181/2022
- Rocio Veronica Bustos Arizmendi1171/2022
- Rodolfo Abundez Quintana402/2022
- Rodolfo Alfredo Jaramillo Castillo15/2023
- Rodolfo Cruz Gomez185/2022
- Rodolfo Gutiérrez Juárez1437/2023
- Rodolfo Jacinto Peralta969/2023
- Rodolfo Martínez Flores1431/2022
- Rodolfo Rodríguez Castelan1340/2022
- Rodolfo Rodríguez Pulido987/2022
- Rodrigo Gibran Gutierrez Sanchez296/2022