Rodolfo Enrique Zarco Cadenas

Expediente 695/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
695/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Enrique Zarco Cadenas
  • Rodolfo Enrique Zarco Cadenas y Otros.
  • Titular del Área Médica con sede en el Centro Federal Número 12 "CPS-Guanajuato"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Certificación de archivo.

  2. Principal

    I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que los quejosos o sus defensores ni recurrieron dentro del plazo legal el auto de veintiuno de junio de este año en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    León, Guanajuato, once de agosto de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se ordena notificar auto a defensores. Del estado de autos se advierte que no hay constancia de que se haya notificado personalmente a los defensores públicos de los quejosos el auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda; en consecuencia, túrnense los autos al actuario de la adscripción a fin de que lo realice a la brevedad. Cúmplase. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Jesús Salud Méndez García, secretario que da fe. Doy fe............................................................................................................................................................................ EN ATENCIÓN AL ACUERDO QUE ANTECEDE SE NOTIFICA DE MANERA ELECTRÓNICA AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL JESÚS DELGADO CASTILLO, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN RESUMEN DICE: León, Guanajuato, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 695/2023 y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por * y *, contra actos del titular del área médica del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como cuestión previa y para el adecuado trámite del juicio, resulta necesario precisar el acto combatido por los quejosos, a saber: La negativa de las autoridades responsables de proporcionarles atención médica. Al respecto, se considera que en relación con el acto reclamado, de forma manifiesta e indudable, se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Lo anterior, debido a que los peticionarios no agotaron el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se podía revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo ? principio de definitividad ?. Esto, conforme a la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 y de aplicación obligatoria de acuerdo al primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo6 . Criterio que establece lo siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo.

  4. Principal

    CITATORIO: En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica A LA DEFENSORA PÚBLICA MARITZA SALAZAR MARTÍNEZ, el proveído de ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS que en resumen dice: León, Guanajuato, once de agosto de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se ordena notificar auto a defensores. Del estado de autos se advierte que no hay constancia de que se haya notificado personalmente a los defensores públicos de los quejosos el auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda; en consecuencia, túrnense los autos al actuario de la adscripción a fin de que lo realice a la brevedad. Cúmplase. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Jesús Salud Méndez García, secretario que da fe. Doy fe

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