Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz
Expediente 1262/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2018
Partes del expediente
- Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz
- Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro
Actuaciones
- Principal
Querétaro, Querétaro, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con la demanda promovida por José Luis Ontiveros González, y la diversa promovida por Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz, y escritos aclaratorios de tales demandas de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1261/2018-II y su acumulado 1262/2018-II; contra actos del Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, y otra autoridad, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 131, 138 y 140 de la Ley de Amparo. Solicitud de informe previo Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, preferentemente, sin perjuicio que desee usar la correspondencia común; el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la en que reciban la notificación respectiva; en dicho informe se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen, que determine la existencia del acto que se reclama, pudiendo agregar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Audiencia incidental Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia incidental. Acto reclamado Ahora bien, del análisis integral de los escritos de demanda y aclaratorios de los mismos se advierte que los quejosos, hacen consistir esencialmente sus actos reclamados en los siguientes: José Luis Ontiveros González: La orden de lanzamiento dictada en los autos del juicio sumario hipotecario 507/2017, del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, llevada a cabo el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, respecto del inmueble ubicado en calle Paseo del Argel número 302, Fraccionamiento Residencial Tejeda, Corregidora, Querétaro, del que se ostenta como arrendatario. Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz: El ilegal emplazamiento al juicio sumario hipotecario 507/2017, del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, quien se ostenta como propietario y arrendador del inmueble ubicado en calle Paseo del Argel número 302, Fraccionamiento Residencial Tejeda, Corregidora, Querétaro. Y como efectos de la suspensión, solicitan: José Luis Ontiveros González: Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz: Por tanto, este juzgador únicamente proveerá en cuantos a los específicos efectos que señaló el quejoso, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J.111/2003, aplicada por analogía, Página 98, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." SUSPENSIÓN Por lo anterior, debe establecerse que se está ante la presencia de actos positivos, porque implican una conducta de hacer por parte de la autoridad, por ello admiten la concesión de la medida cautelar, cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Resulta ilustrativo a lo considerado, la tesis número 9, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, Tomo VI, Común, página 9, que dice: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS).- Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Porque el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. Por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso. El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo". Cabe mencionar que el objeto de la suspensión, como regla general, es paralizar o mantener las cosas en el estado que guardan para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen, destruyendo la materia del juicio de amparo, o bien, produzcan daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, y procederá siempre que se reúnan los requisitos señalados en los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo. Luego, la concesión de la suspensión del acto reclamado, procede cuando acontece lo siguiente: a).- Que lo solicite el quejoso. b).- Que dicha medida pueda otorgarse cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. c).- Que al resolver sobre su procedencia, cuando el acto lo permita, puede realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En el caso, respecto al primero de los requisitos precisados para la concesión de la medida suspensional, existe la solicitud expresa realizada por la parte quejosa en las demandas de amparo. Ahora, para obtener la medida suspensional, es necesario acreditar que se es agraviado, pues la petición de parte es un requisito de procedencia, y su examen implica generalmente el análisis del interés o de la titularidad de la quejosa. En el presente caso, el interés suspensional del quejoso Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz se encuentra acreditada cuando menos en forma indiciaria, toda vez que reclama el ilegal emplazamiento al juicio sumario hipotecario 507/2017, del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, de donde derivan los actos reclamados, y donde refiere le recae el carácter de parte demandada. Cobra aplicación la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 199-2004 Sexta Parte, Séptima Época, página 94, que dice: "INTERES JURIDICO PARA LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, que se da si el quejoso es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado". Así como, la diversa tesis número VII.2o.C.32 K, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 1416, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN, BASTA CON QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE SU CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, PARA QUE SE ACREDITE EL REQUISITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. Si del informe previo rendido por las autoridades responsables se desprende que el quejoso es un tercero extraño a juicio por equiparación, pues fue señalado como parte demandada en el juicio natural y se dictó sentencia condenatoria que implica la desocupación y entrega del inmueble litigioso a favor de la parte actora, es inminente que la orden de lanzamiento que se llegue a emitir en ejecución de ella estará dirigida al quejoso y traerá como consecuencia su desposeimiento; de ahí que se satisfaga el requisito de procedibilidad de la medida cautelar sujeta a estudio, previsto por el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que la anterior conclusión contravenga el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número P./J. 96/97, publicada en el Semanario Judicial del Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 2007, página 23, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.", pues tanto de la lectura de su texto como de la ejecutoria de donde derivó, se pone de manifiesto que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento se ocupó de analizar ese supuesto, sino que en la contradicción de tesis número 37/97, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, el punto a dilucidar se estableció a partir de que el primero de los mencionados órganos jurisdiccionales consideró que aun cuando se haya afirmado bajo protesta de decir verdad que se tiene la posesión del inmueble, ello no basta porque debe demostrarse, aunque sea indiciariamente, el interés suspensional que puede resultar lesionado con los daños y perjuicios de difícil reparación, mientras que el segundo consideró que no puede estarse sino a lo expresado bajo protesta de decir verdad en la demanda de garantías, atendiendo a la naturaleza del acto, privación de la posesión, lo cual es suficiente para tener por demostrado, aunque sea presuntivamente, el aludido interés en el otorgamiento de la suspensión provisional; esto es, nunca efectuó pronunciamiento respecto de los medios de convicción que pueden tomarse en cuenta para tener por acreditado el interés suspensional del quejoso cuando, como en la especie, se ostenta como tercero extraño por equiparación." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2°.A.T.12K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia (s): Común, página 1006, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN AL DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES" Mientras que José Luis Ontiveros González acredita su interés suspensional por lo menos en forma indiciaria, con el contrato de arrendamiento de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete que celebró en su carácter de arrendatario con el aquí quejoso Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz, como arrendador, mismo que exhibe en su escrito de demanda. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 714, Tomo VIII, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA.- Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación". De igual forma, la jurisprudencia 4/2009, visible en el Tomo XXIX, Abril de 2009, página 515, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación de su Gaceta que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." En relación con el segundo de los requisitos, aun cuando no se ha establecido un criterio que, de manera concluyente, que defina lo que debe entenderse por "interés social" y por "disposiciones de orden público", a partir de los ejemplos que se citan en el artículo 129 trascrito, es factible establecer razonablemente, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Así pues, dichos términos se relacionan con un perjuicio que se pudiera generar a la colectividad. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 522, publicada en la página 343, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que expresa: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". El artículo 129 de la Ley de Amparo, señala los casos en los cuales se entiende que se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, pero ese señalamiento no es limitativo sino enunciativo, y el propio precepto al enumerarlos se refiere a esos casos. Con relación a lo anterior, se señala que el "orden público" y el "interés social" son nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de "orden público", deben entenderse como aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto, se cita la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 58, del Volumen 47, Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad, con la suspensión, de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría". Ahora, del texto del artículo 138, se desprende que la procedencia de la suspensión de los actos reclamados requiere ciertamente considerar la naturaleza de la violación alegada, para lo cual, en términos de la ley reglamentaria respectiva, el órgano de control constitucional debe realizar un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. Sobre el tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 315, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". De conformidad con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó que a efecto de pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, estudio que debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. En mérito de lo expuesto, es de concluir que la procedencia de la suspensión de los actos reclamados en una demanda de amparo, se encuentra condicionada a que el órgano resolutor realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita, lo cual en consecuencia también implica la realización de un cálculo de probabilidades, de forma tal que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, con la limitante de no prejuzgar sobre la certeza del derecho, esto es, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no la certeza de la existencia de las prestaciones. En el caso uno de los quejosos reclama el ilegal emplazamiento al juicio de origen, y el diverso aduce reclamar la orden de lanzamiento ejecutada en el domicilio ubicado en calle Paseo del Argel número 302, Fraccionamiento Residencial Tejeda, Corregidora, Querétaro, del cual el primero de los mencionados se ostenta como propietario y arrendador y el segundo como arrendatario, siendo que son coincidentes en solicitar la suspensión de los actos reclamados, a efecto de que se ordene restituirles la posesión de tal bien, respecto del cual acredita interés suspensional en los términos anotados con antelación. Respecto a la documental citada y las demás que acompaño a su escrito de demanda, se ordena a la Secretaria, cotejarlas a efecto de que obren en el incidente de suspensión en que se actúa. Lo anterior tiene apoyo en la tesis jurisprudencial número 2ª./J.19/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010". También sirve de apoyo la tesis jurisprudencial número 2ª./J.20/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE ORDENARLA SI EL JUEZ FEDERAL OMITIÓ DISPONER, DE OFICIO, LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A LA DEMANDA DE AMPARO". Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte aludida, la que se han relacionado en el presente acuerdo. De ahí que si la suspensión de los actos involucraría que no se prive a los incidentistas de la propiedad y posesión que respectivamente detentan del referido bien inmueble, lo anterior pues no se advierte que dicha medida pudiese generar perjuicio al orden público e interés social; con lo cual se satisface el segundo de los requisitos previstos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo; y en caso de que se permitiera que el lanzamiento se prolongue en el tiempo, se ocasionaría en su perjuicio daños de difícil reparación, de derechos que, hasta este momento acreditan de una manera indiciaria. Ante esa perspectiva, si con la concesión de la medida cautelar solicitada no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, entonces, es de concluirse que en el caso no se actualiza alguna violación a lo dispuesto los numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo. Siguiendo esa secuencia, ahora es pertinente ocuparse del tercer requisito que se debe colmar para conceder la medida suspensional solicitada, consistente en realizar un análisis de los actos reclamados ponderado la apariencia del buen derecho. Ante esa perspectiva, aplicando al particular la apariencia del buen derecho, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados y los derechos discutidos (propiedad y posesión de los quejosos, respectivamente); luego, si los efectos de la suspensión son para que no se prive de dichos derechos a los quejosos respecto del bien inmueble que defienden, y por otro, para que sean restituidos provisionalmente de la posesión del mismo, ya que el quejoso José Luis Ontiveros González ya fue desposeído del bien inmueble que defiende sin haber sido oído y vencido previamente; al contar como se vio, con un interés suspensional al ser arrendatario del citado bien; aunado a que el propietario del mismo, es decir, el quejoso Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz, refiere que fue ilegalmente emplazado al juicio natural, defendiendo de igual forma la propiedad y posesión del inmueble, acreditando su interés al ser parte demandada de tal juicio; en un cálculo de probabilidades, da certeza de que se transgredió en su perjuicio los derechos humanos de certeza y legalidad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que en un ejercicio de mera probabilidad es que obtenga la concesión de la medida cautelar solicitada, sin que ello constriña al resolver sobre la suspensión definitiva en el mismo sentido, pues ello dependerá del material probatorio que se allegue al incidente de suspensión. En las relatadas condiciones, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, a fin de que se restituya en el goce del derecho de posesión del bien inmueble del que los quejosos se ostentaron como poseedor y propietario, respectivamente; es decir, la autoridad responsable deberá señalar fecha y hora pronta para ser restituido temporal o provisionalmente en la posesión del inmueble del que fue lanzado el quejoso José Luis Ontiveros González en autos del juicio de origen, esto es, el ubicado en Calle Paseo del Argel, número 302 del Fraccionamiento Residencial Tejeda en el Municipio de Corregidora, en esta ciudad; y para que no se escriture a favor de terceros el inmueble en cita. Sirve de apoyo por similitud, lo expuesto la 1a./J. 21/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 672, del Libro 31, correspondiente al Tomo I de la Gaceta de junio de 2016, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado". Cabe reiterar, que con el otorgamiento de la suspensión no se sigue perjuicio al interés social, no se contravienen disposiciones de orden público; toda vez que de lo narrado en las demandas de amparo y escritos aclaratorios, no existen evidencias de que la concesión de la medida cautelar afectaría a la colectividad, que se le privaría del beneficio que le otorgan las leyes, que se le ocasione un daño, o que se le permitiera la realización de alguno de los actos que el legislador enunció como ejemplos de lo que podría causar un perjuicio al interés social y contravención al orden público; por ende, debe otorgarse la suspensión en los términos referidos. En apoyo de lo considerado, es ilustrativa la jurisprudencia número P./J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 16, del Tomo III, correspondiente a abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.- La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión". Requerimiento a la autoridad responsable Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir del en que reciba la notificación del presente auto, se sirva remitir a este juzgado de Distrito, la constancia que acredite el cumplimiento de la medida suspensional concedida, o bien, adjunta al informe previo que en su defecto rinda. Apercibimiento autoridad requerida Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento en la forma y término solicitados sin causa justificada, se le impondrá una MULTA de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Garantía La medida cautelar anterior surte efectos desde ahora, pero dejará de hacerlo si los quejosos Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz y José Luis Ontiveros González, no otorgan de manera conjunta dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de la presente resolución, una garantía por la cantidad de $21,000.00 (VEINTIUN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en UN SOLO BILLETE DE DEPÓSITO o en cualquiera de las formas permitidas por la ley EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. En el entendido de que el monto de garantía fijado con anterioridad, deriva de las siguientes cantidades: La suma de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al monto que el quejoso Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz debe garantizar para responder de los daños y perjuicios, que se le pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, esto es, la perdida y menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación y la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera o debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, a la parte tercera interesada con la presente medida cautelar, de conformidad con lo que establece el ordinal 136 de la Ley de Amparo vigente. Garantía se fija, tomando en consideración que el que el inmueble que defiende como de su propiedad, se encuentra ubicado en Corregidora, Querétaro dentro de un fraccionamiento, por lo que, en el caso, se estima justa y equitativa la cantidad fijada como garantía para que pueda surtir efectos la medida cautelar otorgada. Así como la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) que el quejoso José Luis Ontiveros González deberá otorgar, tomando en consideración el monto de la renta mensual fijada en el contrato de arrendamiento de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete que celebró en su carácter de arrendatario con el aquí quejoso Rodolfo Emigdio Martínez Quiroz, como arrendador; así como el término de seis meses, que es el tiempo probable que pudiera durar el juicio de amparo del que deriva de la presente incidencia; cantidad que se fija para garantizar los daños y perjuicios, que se le pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, esto es, la perdida y menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación y la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera o debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, a la parte tercera interesada con la presente medida cautelar, de conformidad con lo que establece el ordinal 136 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia II.2o.C. J/19, materia común, de la Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible a página 1264, Tomo XX, Diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto." Así como la diversa la tesis de jurisprudencia II.2o.C. J/28, materia común, de la Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible a página 2112, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA GARANTÍA QUE SE FIJE PARA QUE SURTA EFECTOS DEBE SER JUSTA, LÓGICA Y PROPORCIONALMENTE RAZONADA, SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS ACTOS DE LA CONTROVERSIA DE ORIGEN. Cuando la autoridad responsable señale a los promoventes por concepto de garantía un monto notoriamente excesivo, en su caso, el equivalente al valor total del inmueble, sin relación con algún posible daño o condena al respecto, entonces resulta fundada la queja planteada. Ciertamente, para la fijación de la garantía relativa, la autoridad responsable deberá atender a la naturaleza de lo reclamado en el juicio de origen, así como si fue o no determinada una sanción por daños y perjuicios; por consiguiente, en todo caso el monto a señalar por tal concepto no deberá exceder de una proporción prudente, lógica y razonada en orden a las circunstancias y al valor de lo reclamado atendiendo, desde luego, a los fines que persigue la suspensión y, a su vez, el juicio constitucional de garantías que son, precisamente, tutelar los derechos elementales de los gobernados; sobre todo, en la materia suspensional que no se ejecute el acto reclamado con el fin de evitar que se causen daños y perjuicios de imposible reparación a la parte interesada." Además, resulta aplicable en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época, Página 653, que menciona: "GARANTÍA, ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA. Si bien es cierto que de conformidad con los artículos 125, 128 y 173 de la Ley de Amparo queda al arbitrio del juzgador la fijación de la garantía para obtener la suspensión de los actos reclamados, también resulta cierto que dicha facultad está limitada por las pruebas rendidas y el importe de los daños y perjuicios que la parte tercero perjudicada pudiera resentir con la suspensión, de ahí que, la determinación del monto de la garantía no debe hacerse de forma arbitraria, sino que debe atender a las constancias de autos y a los datos que suministren las partes, para hacer el cálculo de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse con la suspensión de mérito." En la inteligencia de que si no se presenta la garantía aludida dentro del término indicado y en un solo certificado o exhibición , dejará de surtir efectos la medida cautelar de que se trata, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables, para que procedan a la ejecución de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 61/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA. La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, mientras que la caución que se otorga para que surta efectos esa medida cautelar debe responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional. En ese contexto, la suspensión no es una figura jurídica que tenga un fin en sí misma, sino que depende del proceso principal y, por ende, sus efectos no inciden en la validez y existencia del acto reclamado; igualmente la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero perjudicado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Consiguientemente, la caución no debe atender a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en virtud de que ésta obra sobre su ejecución y es ajena al acto reclamado, de manera que si únicamente debe responderse por los daños y perjuicios derivados de los efectos de la concesión de la medida cautelar, se concluye que éstos no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena en el juicio natural." Del mismo modo, la tesis número LIII/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta." Aunado a lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que la medida cautelar decretada surte sus efectos desde ahora, hasta en tanto se dicte la correspondiente a la suspensión definitiva. Se habilitan días y horas inhábiles Por otra parte, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita los días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente sumario. Notificación a los terceros interesados Se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que notifique a los terceros interesados: Arturo García Figueroa, con domicilio en: Plaza San Agustín, número 109, colonia Plazas del Sol, primeras sección, de esta ciudad. Ignacio Ricardo Núñez Basaldúa, con domicilio en: Plaza San Agustín, número 109, colonia Plazas del Sol, primeras sección, de esta ciudad. Inés María Esther Basaldúa Ortiz, con domicilio en: Plaza San Agustín, número 109, colonia Plazas del Sol, primeras sección, de esta ciudad. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LOS TERCEROS INTERESADOS. Así lo acordó y firma el licenciado Eduardo Mujica Martínez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, encargado del despacho por ministerio de ley, por encontrarse de licencia oficial el Titular del Juzgado en términos del artículo 43 párrafo primero de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdo dos de octubre de dos mil dieciocho, comunicada mediante circular CCJ/ST/4834/2018, quien actúa ante la licenciada Claudia Gómez Peralta, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Autoridad da cumplimiento y se reserva Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad oficiante cumple el requerimiento formulado en auto de diez de octubre de ésta anualidad, y al efecto exhibe las constancias con las que refiere acreditar la información que proporciona; de lo que se toma conocimiento y se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto fenezca el término otorgado al promovente del presente juicio de amparo, a fin de que dé cumplimiento a los puntos de prevención que le fueron formulados en el aludido auto; cuyo término otorgado para tal efecto a la fecha le está trascurriendo. CÚMPLASE.
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