Rodolfo Eliseo Dzib Dzib

Expediente 97/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
97/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
25/04/2016

Partes del expediente

  • Rodolfo Eliseo Dzib Dzib

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, proveído que fue debidamente notificado y al haber transcurrido a la fecha el término de diez días para la interposición del recurso de revisión, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; consecuentemente queda firme el auto mencionado. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Agréguese el incidente de suspensión respectivo. Así mismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, deberá depurarse el original del incidente de suspensión de amparo al haberse concedido, tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, mismas que quedan sin efectos. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Por último, en términos del capítulo tercero, punto undécimo, segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de quince de marzo del año en curso, respecto a la causal de improcedencia que oficiosamente se advirtió en el presente juicio, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo que se hace efectivo el apercibimiento y se procede a resolver lo que en derecho procede. En la especie, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia comprendida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, como quedó asentado, el quejoso hace consistir el acto reclamado en: "De las autoridades responsables se señala la privación ilegal del salario del suscrito, al aplicar descuentos de forma por demás ilegal, en la forma que se especificará a lo largo de este memorial, CANCELANDO DE FORMA DEFINITIVA TODO DESCUENTO QUE NO ES PREVISTO EN LEY. Todos y cada uno de los actos de autoridad que reclamo en la presente demanda de garantías, los atribuyo a las autoridades señaladas como responsables, bien sea que los hayan llevado a cabo por sí mismas o por conducto de sus factores, dependientes, agentes, ejecutores, inferiores jerárquicos, subalternos o subordinados." Actos cuya existencia se corroboran con el informe justificado emitido por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 38 a 48), quien manifiesta los siguiente:  Respecto a los descuentos marcados como "CREDIAMIGO" y "CREDIAMIGO COMPENSACIÓN": - El once de noviembre de dos mil catorce, la parte impetrante presentó un formato único para autorizar descuentos vía nomina, ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en el que solicitó que fueran descontados de sus percepciones mensuales, la cantidad de $19,744.00 (diecinueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), divididos en veinticuatro pagos mensuales de $822.66 pesos (ochocientos veintidós pesos 66/100 moneda nacional), cada uno prorrateados en catorcenas y compensaciones, los cuales debían ser entregados a la empresa "Prestaciones Finmart, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.", hasta la total liquidación de la referida cantidad, debido al préstamo que ésta le otorgó en efectivo (fojas 86 a la 115). - Posteriormente, el veintiséis de febrero de dos mil quince, la parte quejosa presentó otro formato único para autorizar descuentos vía nomina, ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en el que solicitó que fueran descontados de sus percepciones mensuales, la cantidad de $9,872.00 (nueve mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), divididos en veinticuatro pagos mensuales de $411.34 pesos (cuatrocientos once pesos 34/100 moneda nacional), cada uno prorrateados en catorcenas y compensaciones, los cuales debían ser entregados a la empresa "Prestaciones Finmart, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.", ello en razón del préstamo en efectivo que obtuvo de dicha persona moral (fojas 140 a la 146). - El trece de abril de dos mil quince, el impetrante del juicio de amparo presentó un tercer formato único para autorizar descuentos vía nomina, ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en el cual solicitó que fueran descontados de sus ingresos mensuales, la cantidad de $8,654.00 (ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), divididos en dieciocho pagos mensuales de $480.78 pesos (cuatrocientos ochenta pesos 78/100 moneda nacional), cada uno prorrateados en catorcenas y compensaciones, los cuales también debían ser entregados a la empresa "Prestaciones Finmart, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.", con motivo del préstamo monetario que la aludida empresa le otorgó (fojas 142 la 145). En atención a dichas peticiones, es que desde las fechas indicadas el suscrito Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, por ser la autoridad facultada para ello (como se dejó claro con anterioridad), comenzó a realizar los descuentos correspondientes a la parte quejosa divididos entre sus catorcenas y compensaciones, tal como éste lo solicitó, mismos que en razón del sistema que se utiliza para generar la nómina de los trabajadores se le asignó el nombre "CREDIAMIGO" y "CREDIAMIGO COMPENSACIÓN", y fueron marcados con las claves alfanuméricas J9 y KI, respetivamente.  Ahora bien, por lo que hace al descuento denominado como "TOTAL CREDIT": - El catorce de julio de dos mil catorce, la parte quejosa presentó un formato único para autorización de descuentos vía nomina, ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en el que solicitó que con motivo del contrato de financiamiento del préstamo en efectivo que celebró con la empresa "Total Crédit, S.A.P.I. de C.V"., se le descontará de sus percepciones mensuales la cantidad de $20,055.60 (veinte mil cincuenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional), divididos en treinta y seis pagos quincenales de $557.10 (quinientos cincuenta y siete pesos 10/100 moneda nacional) (fojas 73 y 74). Así las cosas, atendiendo al escrito de la parte quejosa, el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, realizó los descuentos salariales correspondientes, a los cuales dentro del sistema automatizado que se utiliza para cubrir la nómina a los trabajadores de las dependencias de la administración pública centralizada, se le asignó la clave alfanumérica M9.  Por otro lado, en relación con los descuentos denominados como "MONTO FACIL" es de señalarse que: - El catorce de abril de dos mil catorce, la parte quejosa presentó el ya multicitado formato único para autorizar descuentos vía nómina, ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en el que solicitó que con motivo del préstamo que adquirió con la empresa "Monto Fácil S.A.P.I. de C.V.", se le descontará de sus percepciones mensuales la cantidad de $17,435.94 (diecisiete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 94/100 moneda nacional), divididos en cincuenta y dos pagos catorcena les de $328.98 (trescientos veintiocho pesos 98/100 moneda nacional), a partir del trece junio de dos mil catorce y hasta el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis (fojas 83 a 85). En ese entendido, el Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno, realizó los descuentos solicitados por la parte quejosa, en los términos que estipuló en el escrito referido en el párrafo que antecede, mismos a los que se les asignó la clave alfanumérica N1, para efectos del manejo del sistema electrónico que se utiliza para el control de la nómina laboral.  Ahora, en lo referente a los descuentos salariales identificados como "DINERO FACIL y RAPIDO": - El veintisiete de agosto de dos mil catorce, la parte quejosa presentó un nuevo formato único para autorizar descuentos vía nomina, ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en el cual solicitó que con motivo del préstamo que adquirió con la empresa "Dinero Fácil y Rápido S.A. de C.V. SOFOM ENR", se le descontara de sus percepciones mensuales la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), divididos en setenta y ocho pagos catorcenales de $151.24 (ciento cincuentaiún pesos 24/100 moneda nacional), a partir del diecinueve septiembre de dos mil catorce y hasta el primero de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 168 a la 171). En atención a dicha petición, es que el Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno, realizó los descuentos salariales de la forma que fueron solicitados por la parte impetrante, a los cuales se les asignó la clave alfanumérica N2, en el sistema electrónico que se utiliza para el manejo de la nómina de los empleados de la administración pública centralizada. Remitiendo al efecto copia certificada de contratos de préstamo celebrados con "Prestaciones Finmart, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.", "Total Credit, S.A.P.I. de C.V.", y formato único para autorizar descuentos vía nómina de "Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V." y "Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM ENR." (fojas 49 a la 172); documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento. De lo anterior se evidencia que en el presente juicio de amparo 97/2016-2, los actos reclamados que reclama el quejoso de las autoridades responsables, es la privación de su salario bajo los rubros de "Crediamigo", bajo la denominación J9, "Dinero Fácil y Rápido, bajo clave alfanumérica N2, "Monto Fácil", con clave alfanumérica N1, Total Credit Compe", con clave alfanumérica M9, y "Crediamigo Compensación", con clave alfanumérica K1. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado descrito y a la calidad con que las autoridades responsables actuaron en momento de realizar el acto reclamado, consistente en los descuentos desglosados anteriormente, a juicio de quien ahora resuelve considera que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente como se anticipó, al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el primer párrafo del diverso 1º y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben para una mejor comprensión. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver todas las controversias que se susciten: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte;..." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." En el último de los preceptos legales indicado, el legislador secundario federal identificó a los sujetos en contra de cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Al respecto se debe identificar que independientemente de su naturaleza formal, autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta forma, a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas. Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que para identificar a un acto producido por particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Al respecto, en el proceso legislativo del proyecto de Ley de Amparo, que finalizó con la expedición de la vigente ley, en relación con la identificación de los particulares como equivalentes a autoridades para efectos del juicio de amparo, la Cámara de Origen en su dictamen consideró: "Autoridad responsable y particulares. Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5o., fracción II, del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el 'enemigo a vencer' por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la 'garantía individual' de supra-subordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad y, por lo mismo, la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales. La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados, de tal suerte que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, el respeto y la protección de este tipo de derechos deben verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales. La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo proviene del Estado, sino que también proviene de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar. Y, finalmente, la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. En muchos casos, en la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado Mexicano. En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea porque sus disposiciones normativas lo contemplen expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en la legislación secundaria y en la interpretación jurisprudencial. En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a las de ésta, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. En casos paradigmáticos sobre el tema, en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los Constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a la del Estado. En otros casos, donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva. A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo de del (sic) artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de (sic) tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión." En ese sentido, la implementación de la figura del particular equivalente a autoridad en la Ley de Amparo, tuvo su origen en el derecho comparado y se recogió en la legislación nacional para casos sui géneris, en los cuales: i) Un particular se ubique frente a otro en una posición de supra a subordinación; ii) Su acto destacado afecte directamente derechos fundamentales de otro particular; y, iii) El juicio de amparo sea el proceso más viable para reparar esa vulneración. En relación con esto, es decir, al analizar el concepto de autoridad responsable o particular responsable en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil catorce, de la contradicción de tesis 4/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Tercero del Segundo Circuito, Tercero del Tercer Circuito, Segundo, Sexto y Décimo Séptimo del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: '... para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente, la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. [...] Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...] Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. "Las relaciones de subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. "Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. "Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Que, con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad." De lo transcrito se advierte que para la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la nueva Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones identificadas por la Sala son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, siguiendo a la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Incluso, lo anterior se corrobora con una nueva reflexión sustentada por la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, donde definió cuáles son las notas distintivas para estimar que se está ante la presencia de actos de autoridad, ente u organismo, para efectos del juicio de amparo, de la cual emanó la tesis 2a. CVI/2014 (10a.), de título y subtítulo siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. En ese contexto, es de concluir que de la interpretación legislativa, gramatical y sistemática del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del juicio de garantías contra actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", ha de atenderse a su contenido semántico respecto del vocablo "equivalente", esto es, que el actuar del particular se coloque en un plano semejante respecto al de las autoridades coercitivas y que realice actos unilaterales e imperativos; por lo que la realización de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una supra subordinación estatal, no constituye causa para tenerles legalmente con el carácter de autoridades responsables. En efecto, el acto reclamado carece de las notas que definen todo acto de autoridad como son la imperatividad, coercitividad y unilateralidad; sin que dicho acto se desdoble en efectos que de alguna manera o en alguna medida modifiquen, restrinjan o alteren los derechos de los gobernados. De ahí que el hecho de que dichas autoridades señaladas como responsables, únicamente participaron en la realización de los descuentos reclamados, de los cuales las mismas, fungen como intermediarias, toda vez que son en favor de terceros, a fin de cumplir con las obligaciones, que el quejoso contrajo con ellas. En tal virtud, es claro que el acto impugnado no participa de las características de un acto de autoridad, sino que se trata de uno de coordinación entre las autoridades responsables y los terceros acreedores, motivo por el cual carece de imperatividad y coercitividad, características de las que participa todo acto de autoridad. Al respecto, es aplicable la Tesis I.15º.A.36 K, sustentada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 1316, del Tomo XXVIII, noviembre de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se cita bajo el rubro siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." De igual forma, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número XVI.1º.A.22 K (10ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, visible en la página 1943, Tomo III, junio de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN." Reafirma la consideración anterior, el hecho de que las autoridades que se señalaron como responsables solo funjan como intermediarios, entre los acreedores y el ahora quejoso, limitándose a realizar descuentos, para luego enterarlos a los señalados en primer término; pero se insiste, no por decisión propia ni de manera unilateral si no fungiendo como un auxiliar dentro de una relación jurídica entre particulares. Es aplicable por analogía la tesis número VII.2o. T.31 L (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible el 4 de marzo de 2016, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, materia común, que se cita bajo el rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO RETIENEN CUOTAS O HACEN DESCUENTOS EN LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES, AL ACTUAR COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" . Consecuentemente, el hecho que a dichas autoridad señaladas como responsables, se les reclame la realización de los descuentos de que se duele el quejoso, de los cuales las mismas fungen como intermediarias, toda vez que son en favor de terceros a fin de cumplir con las obligaciones que el quejoso contrajo con ellas; es claro que esos actos no participan de las características de un acto de autoridad, sino que se tratan de una controversia entre un trabajador (en el caso burocrático) y su empleador (autoridad pública patronal), sobre la intervención en la realización de descuentos a favor de terceros, por lo que deberá tramitarse dicha controversia ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, como lo establecen los artículos 1, 108 y 109 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, con relación al artículo 3 del reglamento Interior del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, el cual dispone: "ARTÍCULO 3.- El Tribunal es autónomo con plena jurisdicción y competencia para tramitar y resolver los asuntos a que se refiere Ley (sic) del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California." ** La Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, corresponde a la anterior denominación de la actual Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, que regulan idénticas relaciones laborales. Por lo anterior, en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo comprendida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, por lo que se refiere al acto reclamado por el hoy quejoso Rodolfo Eliseo Dzib Dzib. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tal motivo, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del once de abril de dos mil dieciséis. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 7481, 7482 y 7483.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos los oficios enviados por el Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y el Jefe del Departamento de Nóminas de la Dirección de Egresos del Estado, ambos con sede en esta ciudad, los cuales contienen informe justificado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. -Causal de Improcedencia- Igualmente, se le tiene haciendo valer las improcedencias a que hacen alusión en dichos informes; por tal razón, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con las causales de improcedencia que invocan, apercibiéndosele que de no hacer manifestación alguna, se resolverá lo que en derecho corresponda. -Delegados y domicilio- Asimismo se les tiene designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los profesionistas que mencionan. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en sus ocursos.

  4. Principal

    .......SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y EN SU LUGAR SE SEÑALAN LAS 9:30 HORAS DEL 11 DE ABRIL DE 2016 PARA SU CELEBRACIÓN................

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