Rodolfo Eduardo Sánchez Almeida

Expediente 543/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
543/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Rodolfo Eduardo Sánchez Almeida
  • Agente del ministerio Público de la Federación de Salamanca, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de cuatro de julio del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al gestionante del amparo en proveído de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, para que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ***********, en representación de ***********, contra actos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese el ingreso de la demanda en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 543/2019-VI. A) El suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables." El precepto en cita establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la obligación de señalar en su demanda de amparo a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló con el carácter de autoridades responsables ordenadoras, a las siguientes: 1).- El Juez Penal del Distrito Judicial de Guanajuato." 2).- El Juez Penal Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3).- El Juez Penal del Distrito Judicial de santa cruz de Juventino Rosas. 4).- El Juez Penal del Distrito Judicial de Salamanca. 5).- Agencia del Ministerio Publico de la Federación en Salamanca, Guanajuato. 6).- Agencia del Ministerio Público Especializada en la desaparición forzada de personas en el Estado de Guanajuato. 7).- Agencia del Ministerio Público Especializada en la desaparición forzada de personas en el Estado de Guanajuato. En su carácter de ejecutoras: Director General de la Procuraduría General de la Republica adscrito al Estado de Guanajuato. Director General de la Procuraduría General de la Republica adscrito al Estado de Guerrero. Director General de la Procuraduría General de la República. Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Estado de Guanajuato. Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Estado de Guerrero. Sin embargo, dicho señalamiento es ambiguo, en razón de que en el distrito judicial de Guanajuato, existen diversos jueces penales tanto del sistema tradicional como del acusatorio; en tanto que en los municipios de Guanajuato, Salamanca y Santa Cruz de Juventino Rosas, también hay más de un juez penal; finalmente, los jueces de distrito de esta entidad federativa no tienen materia especial (como lo señala al referir que es autoridad responsable el Juez Penal Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato), por lo que no existe certeza a quiénes desea llamar como responsables. Ante actos concretos y específicos, es imprescindible que el quejoso determine con claridad a las autoridades que estima los emitieron, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga. B) La segunda irregularidad, surge de lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta que establece: En relación con la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso, el promovente del juicio aduce en su demanda que: Es una persona residente en Acapulco, Guerrero. Que lleva aproximadamente cuatro años trabajando como policía federal en la división Gendarmería. Que el dos de septiembre, a él y a sus compañeros de unidad se les atribuyó la desaparición forzada de una persona. Que se les instruyó la carpeta de investigación número ***********. Que existe (o se promovió) el juicio de amparo número 862/2017-A. Lo anterior, hace evidente la omisión del quejoso, en precisar porqué el acto que reclama (aprehensión, búsqueda y detención), pudiere ejecutarse en el lugar en el que este Juzgado de Distrito tiene jurisdicción, conforme al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que, en su escrito, se limita a expresar que tiene aproximadamente cuatro años trabajando como Policía Federal de la División de Gendarmería y reside en su domicilio localizado en Acapulco, Guerrero, señalando, inclusive, como autoridades responsables a las que tienen su residencia en aquel lugar. Empero, ningún dato adicional proporciona la parte quejosa, que permita determinar que las autoridades que señala en su escrito de demanda, con residencia en esta entidad federativa, pudieren ejecutar los actos que tilda de inconstitucionales precisamente en esta localidad, lo que impide que este órgano jurisdiccional pudiere considerarse competente para dar trámite a la demanda que se instó. Además, los demás datos que proporciona, son insuficientes para determinar si con motivo de la carpeta de investigación que dice se le instruyó, ya conoció algún Juzgado de Distrito, pues, el quejoso, hace mención a la existencia del juicio de amparo 862/2017-A, pero no expresó la autoridad ante la que lo promovió y el resultado de éste. Datos que al constituir los antecedentes de los actos que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resultan determinantes para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda. Conclusivamente, con fundamento en el artículo 108, fracciones II y V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Precise la denominación de cada una de las autoridades judiciales que desea llamar como responsables. Atendiendo a lo expuesto en el inciso B) de esta determinación, manifieste bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahogan, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Toda vez que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado federal. Respecto a su solicitud de que sea notificado a través de la página electrónica, dígasele que una vez que proporcione el nombre de usuario otorgado al momento de registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se proveerá lo conducente. De igual forma, autorizando en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Osmara Guadalupe Jiménez Cuevas y José Osvaldo Tannos Sánchez, al no contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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