Rodolfo de Jesús Rincón León
Expediente 399/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/04/2023
Partes del expediente
- Rodolfo de Jesús Rincón León
Actuaciones
- Principal
Vistos; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de lo que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se inconformara contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 21, inciso a), por ser un asunto sobreseído fuera de audiencia; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se formó el incidente de suspensión relativo, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Visto; el oficio signado por la Jueza Especializada del Juzgado Primero Especializada en Materia Laboral, Región Uno del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y exhibe constancias relativas al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio y anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. De igual forma, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjunta la responsable, mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la responsable el que indica en su comunicación. Por otra parte, la responsable proporciona correo electrónico, para mantener contacto en relación con el presente juicio; en ese sentido, tomando en consideración que se trata de un correo electrónico oficial, se deberá tomar nota de dicho dato; para que, en el caso de ser necesario, se pueda entablar comunicación a través de dicho medio, en términos del ordinal 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese tenor, la suscrita juzgadora, estima que respecto del acto reclamado en la demanda, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que cesaron los efectos de los actos reclamados, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Consideraciones las anteriores que se ven respaldadas a partir del criterio P. CL/97, con número de registro 197367, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que se inserta al efecto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, con fundamento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del estudio integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que la parte quejosa reclamó la omisión de acordar el escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 812/2022. En ese orden de ideas, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora, tal y como quedó precisado, la parte quejosa reclama del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés, en el del expediente laboral 812/2022, de su índice. En tesitura, del examen a las documentales exhibidas por la responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo, se desprende que mediante acuerdo de diez de marzo de este año, acordó el escrito presentado por la parte actora (hoy quejosa), el tres de enero de dos mil veintitrés; inclusive, notificó a la parte actora (hoy quejosa) el contenido del acuerdo indicado y emplazó a juicio a la parte demandada, dentro del expediente laboral 812/2022. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo cesó en sus efectos, pues fue subsanado con la actuación de la autoridad señalada como responsable; es decir, el diez de marzo de dos mil veintitrés, acordó lo conducente respecto al escrito de tres de enero pasado; por ende, es evidente que existe un pronunciamiento respecto de sus pretensiones. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto al acto y autoridad señalada. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
La Jueza declara abierta la audiencia, y el Secretario da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda. 2 Auto admisorio. 3 Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. 4 Constancia de notificación a las autoridades responsables y a la parte tercera interesada. 5 Informe justificado Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Es cierto Veintiséis de enero de dos mil veintitrés. La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Copia certificada del juicio laboral 1667/2020 (tres tomos). Veintiséis de enero de dos mil veintitrés. La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más probanzas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar que los formuló la parte tercero interesada mediante escrito presentado el diecinueve de enero del año en curso, por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 1795/2022-IX, promovido por el ********************, a través de ********************. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. el ********************, a través de ******************** presentó escrito de demanda el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, advirtiendo que la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que enseguida se precisan: SEGUNDO. Autoridad responsable. Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. TERCERO. Acto reclamado. ".el proveído de fecha 28 de noviembre de 2022, dictado en el juicio burocrático 1667/2020 ." CUARTO. Tercero interesado. Los actores en el juicio laboral a través de su apoderada legal Matilde Cruz Hernández, así como los diversos actores Esther Gutiérrez García y Josefina Morales Ramírez. QUINTO. Admisión y trámite. Previa aclaración de la demanda, por auto de tres de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número 1795/2022-IX, se pidió informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; con relación al 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que la emisión del acto reclamado y su ejecución, se atribuye a una autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de éste juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el quejoso señaló como autoridad responsable: Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Asimismo, se advierte que el acto reclamado resulta ser el siguiente: Único. El proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral 1667/2020, en el que se ordenó el pago a los trabajadores por la cantidad de $6´918,074.6 (seis millones novecientos dieciocho mil setenta y cuatro pesos 06/100 moneda nacional), derivado de las cuentas BANCARIAS 0118707286 y 01193711583. TERCERO: Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, según constancias de autos, se advierte lo siguiente: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, aun cuando al rendir su informe justificado el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez lo haya negado, toda vez que del contenido del mismo realizó manifestaciones que evidencian su certeza, en el sentido de que adujo haber emitido la determinación que constituye el acto reclamado Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la documental que remitió la autoridad responsable, consistente en copia certificada del expediente 1667/2020 antes 739/A/2012; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, por tratarse de una actuación emitida por la autoridad responsable en el ejercicio de su encargo y dentro del ámbito de su competencia legal. Resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo expuesto con anterioridad, permite tener la certeza del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Expuesto lo anterior, este juzgado advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se explican. De la lectura de los preceptos legales en cita, revelan que el juicio de amparo indirecto, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido, siendo que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución y, que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como la que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o Que ordena el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia excepcionalmente pueden reclamarse sin necesidad de esperarse hasta la última resolución, aquellos que afectan de manera directa bienes sustantivos, aplicando por analogía la fracción V del referido artículo 107 de la Ley de Amparo. Empero, para que prospere el amparo tratándose de actos en ejecución de sentencia de imposible reparación, es necesario también que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada. Ahora bien, los artículos 162 y 164, de la Ley de Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, establecen lo relativo a la ejecución del laudo, el cual inicia con la emisión del auto de ejecución, previa solicitud del vencedor, en la que se comisiona al actuario para que asociado de la parte interesada se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera su cumplimiento; agotados los requerimientos y de persistir el incumplimiento a petición de parte se procederá al embargo precautorio de bienes, comisionándose a un actuario a efecto de que se constituya en el domicilio de la demandada. En esa línea de argumentación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En otro aspecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido el criterio de tratándose del embargo de un numerario contenido en una cuenta bancaria, el juicio de amparo procede contra la resolución definitiva que requiere a la institución de crédito la entrega a la autoridad laboral de las cantidades embargadas y ordena la notificación personal al patrón para los efectos antes mencionados. Así lo estableció en la jurisprudencia de la literalidad siguiente: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes." Ahora bien, para evidenciar la causal de improcedencia, es menester destacar los siguientes antecedentes inmediatos del acto reclamado, que se desprenden de las constancias derivadas del expediente 1667/2020, relativo al juicio laboral instaurado contra el Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. 1.- Por laudo dictado el seis de mayo de dos mil quince, la entonces Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dictó laudo en el expediente 739/A/2021, ahora 1667/2020, en el que determinó que la parte actora acreditó parcialmente su acción, por ende, condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. 2.- El dos de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó la apertura del incidente de liquidación de laudo, y el once de octubre posterior, dicha sala dictó resolución interlocutoria. 3.- En auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, ordenó requerir el pago y, en su caso el embargo de bienes propiedad del ayuntamiento quejoso. 4.- Mediante diligencia de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el actuario adscrito al juzgado responsable procedió al embargo de las cuentas bancarias señaladas por la parte actora (quien señaló cuentas generales y la especificada con el número 00118707413, de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima. 5.- Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio a la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, para que informara todas y cada una de las cuentas que se encontraban aperturadas de manera general a nombre de la demandada, así como las especificadas con los números 00118707413 y 0118707286, a partir del dieciocho de marzo y diecisiete de junio de esa misma anualidad, y de ser así se depositara a la cuenta a nombre del Consejo de la Judicatura del Estado. 5.- Mediante oficio CJ/J2EB/2As/2693/2022, de quince de noviembre de dos mil veintidós, la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, remitió ficha de depósito a favor de la cuenta a nombre del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por la cantidad de $9,081,028.12 (nueve millones ochenta y un mil veintiocho pesos 12/100, moneda nacional) correspondiente a las cuentas embargadas en las cuentas localizadas a favor de la demandada, siendo estas las identificadas con los números 01118707282 y 0119371583. 6.- En proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio al Director del Fondo Auxiliar para la administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, para que elaborara los cheques a favor de los trabajadores, derivado de la transferencia de recursos de las cuentas BANCARIAS 0118707286 y 01193711583, para el pago del laudo. (acto reclamado en esta instancia constitucional) De lo antes aducido se desprende que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte quejosa no reclamó la resolución dictada en el procedimiento respectivo tratándose de embargo de cuentas bancarias, que en forma definitiva requirió a la institución bancaria la entrega del numerario embargado, lo cual lo constituía el acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, por el que ordenó girar oficio a la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, para que informara todas y cada una de las cuentas que se encontraban aperturadas de manera general a nombre de la demandada, y lo depositara a la cuenta a nombre del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, lo que no aconteció puesto que reclamó un acuerdo posterior. En otras palabras, si bien la parte quejosa reclamó la determinación dictada en el procedimiento de ejecución de laudo, por el que ordenó hacer entrega a los actores los cheques de caja para su debido cumplimiento, lo cierto es que conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es contra ese acuerdo contra el que procede el juicio de amparo, sino contra el diverso por el que se ordenó poner a disposición de la autoridad responsable la suma embargada (proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós), lo que no aconteció, no obstante que la peticionaria de amparo estaba en condiciones de hacerlo, al ser parte demandada. Lo anterior tiene justificación, toda vez que es contra la última resolución donde la parte quejosa puede alegar todas las violaciones procesales que hayan ocurrido en el procedimiento de ejecución de laudo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, este juzgado federal se encuentra impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación argumentados. En apoyo al anterior razonamiento se cita el contenido que informa la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, Tomo VI, parte SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), del Apéndice de 1995, cuyo epígrafe y texto dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por el ********************, a través de ********************, respecto de la autoridad responsable Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y acto reclamado señalado en el considerando segundo por los motivos y fundamentos desplegados en el considerando cuarto, de esta resolución. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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