Rodolfo de Alba Martínez

Expediente 1333/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 33 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1333/2019
Año
2019
Actuaciones
33
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo de Alba Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término, transcurrió sin que las partes, hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Finalmente, este tribunal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción por carecer de relevancia documental, sin que las partes hubiesen exhibido documentos originales.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Aviso principal.- por este medio se notifica al quejoso el auto de primero de septiembre de dos mil veintiuno, que dice: Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte el auto de cinco de julio del año dos mil veintiuno, se notificó al quejoso, el doce de julio de dos mil veintiuno, por lo que el término de veinte días que en el mismo se le concedió, transcurrió del catorce de julio al diez de agosto, sin contarle el día trece de julio, en que le surtió efectos dicha notificación, ni los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de julio y uno, siete y ocho de agosto, de la anualidad en curso, por ser inhábiles para efectos del cómputo de los plazos procesales, sin que hubiera comparecido a este juzgado a exhibir los edictos que se le ordenó publicar a fin de emplazar a la tercera interesada en la forma indicada en el citado auto, ni hiciera manifestación alguna respecto de la imposibilidad para ello; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de cinco de julio del año dos mil veintiuno, y en consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél y una vez que se haya agotado la investigación correspondiente. Por ello, interpretando sistemáticamente lo dispuesto en los citados artículos, invariablemente se llega a la conclusión de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no exhibir la publicación de los edictos ordenada para emplazar a juicio a la tercera interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que este órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque el quejoso lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, el juzgador de garantías, se insiste, dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa del quejoso. Esto es, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, e impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de garantías, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a la totalidad de las partes, como en este caso la tercera interesada cuya esfera jurídica puede verse afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, como en este caso sería la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento el órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. se ordena dejar sin efectos la citación para la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, y tomando en consideración que no ha trascurrido el término otorgado por auto de fecha cinco de julio del año dos mil veintiuno, a la parte quejosa; por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la misma y se fijan para su verificativo las TRECE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, en que lo permiten las labores del juzgado.

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