Rodolfo Contle Linares
Expediente 1215/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1215/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2021
Partes del expediente
- Rodolfo Contle Linares
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa, la parte promovente no se inconformó con el desechamiento de demanda dictado el nueve de diciembre de dos mil veinte; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil veinte. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1215/2020. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Rodolfo Contle Linares, en contra de los actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por violación a los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales, en atención a su contenido, se provee: ....Actos reclamados De la demanda de amparo se advierte que el quejoso Rodolfo Contle Linares, señala como acto reclamado, el siguiente: - La omisión de dar contestación a su escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual solicitó la ejecución del laudo dictado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral D-515/2015, de su índice. Actualización de causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo Respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un procedimiento no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Cabe precisar que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral de origen, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, se estima que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (cuarenta y cinco días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. ...Por lo que el criterio general es que la demanda que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. ...Asimismo, se debe precisar que el eventual retardo en la administración de justicia, que pudieran entrañar el acto reclamado, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo; de tal suerte que el acto reclamado solo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en la presente vía, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, pues sus consecuencias no afectan de forma inmediata y cierta alguno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan al promovente un perjuicio irreparable. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional no advierte del contenido de la demanda de amparo una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, para lo cual se justifique su procedencia, ya que como lo manifestó el propi promovente en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, se advierte que la omisión que en esta vía reclama comenzó después del dieciséis de octubre de dos mil veinte, fecha en la que se presentó el escrito por el que solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral D-515/2015 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo que en el caso no ocurre, pues de acuerdo a los antecedentes narrados por el promovente no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del procedimiento de ejecución de laudo, atento que del dieciséis de octubre de dos mil veinte, fecha en la que presentó el escrito por el que solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral D-515/2015 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al veintiséis de noviembre del año en cita -fecha de presentación de la demanda de amparo en el buzón judicial-, han transcurrido cuarenta y un días naturales, por lo que, el lapso entre la primera y segunda fecha, no revela la existencia de una abierta dilación en el procedimiento de ejecución de laudo que implique su paralización. En efecto, para que la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Entonces, si el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación a su escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y en consecuencia la dilación en la substanciación del procedimiento de ejecución de laudo en el referido juicio laboral, y la demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en tal virtud, sólo han transcurrido cuarenta y un días naturales, entre las fechas indicadas; en este sentido, al no exceder dicha fecha de cuarenta y cinco días naturales, a la presentación de la demanda, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento de ejecución de laudo, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. Desechamiento En tales condiciones, se desecha de plano la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de seis de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ....
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