Rodolfo César Zamorano Adame

Expediente 311/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
311/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Rodolfo César Zamorano Adame
  • Presidente Municipal de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con una promoción registrada con el folio 17736. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, la promoción signada por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a la que acompaña testimonio de la resolución pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en el estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, en el cuaderno auxiliar 1001/2019, relativo al amparo en revisión administrativo número 793/2019, así como los autos del juicio de amparo 311/2019, acúsese recibo. Consecuentemente, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse y realícense las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. Hágase del conocimiento de las partes que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en el estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, mediante la ejecutoria de mérito confirmó la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 375 a 384), pronunciada por este órgano jurisdiccional que sobreseyó el juicio de derechos en que se actúa. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es destruible. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  2. Principal

    El trece de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 11380. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el actuario judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la licenciada Ana Karina Reyna Rodríguez, en su carácter de autorizada del quejoso, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2770/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  3. Principal

    El treinta de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 10786. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la licenciada Ana Karina Reyna Rodríguez, autorizada del quejoso, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de mérito; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio de derechos y dentro del término legal, remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Fórmese cuadernillo de antecedentes y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 311/2019, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario da lectura de la demanda de amparo (fojas 2 a 16); los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del estado de Zacatecas, así como del Presidente Municipal, Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal y Ayuntamiento, todos de la capital de Zacatecas (fojas 49 a 65, 67 a 103, 106 a 117, 120 a 131 y 134 a 145); y pedimentos presentados por la Representante Social Federal (fojas 149 a 164). A lo que el juez determina: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como las remitidas el Gobernador del estado, Presidente Municipal, Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal; Ayuntamiento, todos de la capital de Zacatecas y Notario Público número treinta y ocho, con sede en Guadalupe, Zacatecas (fojas 17 a 39, 104 (disco compacto) 118, 119, 132, 133, 146, 147, 178, 184 a 188, 190 a 194, 192 a 200 y 209 a 369). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la Representación Social Federal en su pedimento 567/2019. A lo que el juez determina: ténganse por vertidos los alegatos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la sentencia respectiva: S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 311/2019; y, PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rodolfo Cesar Zamorano Adame, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS. GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS." "IV. ACTOS RECLAMADOS: Del Congreso del Estado de Zacatecas, del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación: -De los decretos que contienen la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente. Específicamente los artículos 29, fracción I, 30, 31 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas -PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO AL Periódico OFICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 1984 (ÚLTIMA REFORMA POG 28-12-2013)-; así como la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, en particular, los numerales 51 y 71, fracción XVII-PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADOEL31 DE DICIEMBRE DE 2018. b) De la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS y el SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS: La recaudación o recepción de pago de la cantidad de $32,176.0 (Treinta y dos mil ciento setenta y seis pesos 83/100 M.N.), por concepto de IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y CERTIFICACIÓN DE PLANO DE PREDIO URBANO, en términos de los artículos 29 a 33 de la Ley de Hacienda del Municipio del Estado de Zacatecas y 51, 71, fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019, Zacatecas. Según el recibo Serie B Folio 4426, el cual fue pagado el 13 de marzo de dos mil diecinueve, al Municipio de Zacatecas, Zacatecas". Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derecho fundamental vulnerado el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. En proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, se registró el expediente con el consecutivo 311/2019, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la cual se desahogó en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclaman normas generales que tienen como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, se advierte que los actos reclamados, consiste en: Del Congreso, del Gobernador y del Ayuntamiento Municipal de la capital, todos del estado de Zacatecas: a) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de los artículos 29, fracción I, 30, 31 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal de Zacatecas. b) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de los artículos 51 y 71, fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. De la Presidencia y del Secretario de Finanzas y Tesorería, ambos del municipio de Zacatecas: e) La recaudación de la cantidad de treinta y dos mil ciento setenta y seis pesos cero centavos moneda nacional ($32, 76.00 M.N.), por concepto de "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y CERTIFICACIÓN DE PLANO DE PREDIO URBANO" (según recibo Serie B Folio 4426). TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, ya que así lo reconocieron al rendir sus informes justificados, además porque las leyes u otros ordenamientos legales no requieren probar su existencia en autos, pues basta que se encuentren publicados en el Diario Oficial que corresponda, de ahí que su existencia no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XV-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas.". CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el impetrante formalizó ante la Notaria Pública número treinta y ocho, en Guadalupe, Zacatecas, la compraventa de un bien inmueble ubicado en la capital de Zacatecas (fojas 224 a 236). En doce de marzo de dos mil diecinueve se emitió el primer testimonio, para Rodolfo Cesar Zamorano y condueños como título de Propiedad (fojas 236 vuelta). Así, del recibo de pago H. 1531048, relativo al pago realizado en la Tesorería Municipal de Zacatecas, por concepto de Adquisición de inmuebles y certificación de planos se realizó el doce de marzo de dos mil diecinueve, erogación realizada con recursos propios de los compradores (fojas 177 y 178). Las contribuciones anteriores constituyen la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio. Debe sobreseerse en relación con el acto reclamado materia del presente juicio constitucional, en virtud de que la demanda resulta extemporánea. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro del cual debe presentar la demanda de derechos, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación; entonces, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de derechos es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para hacerlo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Quinta Época, página seis, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". En particular, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto anterior se deduce que el plazo de para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión), actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Por tanto, tratándose de actos contra la afectación patrimonial que sufre en su esfera jurídica un contribuyente originada por el pago que realiza de diversas contribuciones con recursos que tiene a su disposición (primer acto de aplicación), rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, pues no se actualiza alguno de los supuestos de excepción destacados. En este juicio, en lo conducente, el quejoso combate la inconstitucionalidad de los artículos 51 y 71, fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas que prevén el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y certificación de plano de predio urbano. Por lo que la promoción del juicio de amparo se encuentra determinada por el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la recaudación del impuesto que prevén los artículos referidos se realizó el doce de marzo de dos mil diecinueve, tal como se desprende del recibo de pago H 1531048, relativo al pago realizado en la Tesorería Municipal de Zacatecas, por concepto de Adquisición de inmuebles y certificación de planos; asimismo, de las manifestaciones que vierte el notario público número treinta y ocho Jesús Fabián Torres Chávez, en su promoción presentada ante este juzgado el trece de junio de la presente anualidad, en el sentido de que el pago en comento fue efectuado con recursos propios de los compradores, es decir, Rodolfo Cesar Zamorano Adame y condueños, (fojas 177 y 178), incluso, el impetrante del amparo no hace manifestación respecto de que quien haya pagado el impuesto fuera diversa persona y de las constancias de autos no se desprende tal circunstancia, pues el recibo de pago fue a su nombre y en el mismo se aplicó el impuesto reclamado. Asimismo, si bien es cierto se le expidió la factura el trece de marzo de dos mil diecinueve, la misma fue expedida en relación al recibo H 1531048, que pago un día antes (doce de marzo de dos mil diecinueve), como se advierte del sello que obra en dicho comprobante de pago, por lo que es inconcuso que se le aplicó y tuvo conocimiento del acto reclamado el doce de marzo de dos mil diecinueve. Máxime que de las constancias que en copia certificada envió el fedatario público en comento a fojas doscientos veinticuatro a doscientos treinta y siete del sumario, obra el primer testimonio del título de propiedad de doce de marzo de dos mil diecinueve, que se compulsa de su matriz (foja 236, vuelta). Lo anterior en la inteligencia de que a partir del momento de esa afectación patrimonial, derivada de su aceptación de erogar los recursos respectivos mediante su entrega a la hacienda pública, inició el cómputo del plazo de quince días para controvertir mediante el juicio de amparo el respectivo acto de aplicación, debiendo precisarse que, en todo caso, el desconocimiento de dicha normativa le resulta atribuible, inicialmente, al propio contribuyente quien tuvo la opción de no realizar el pago hasta en tanto hacerse del conocimiento la fuente de esa afectación patrimonial. Por lo que es evidente que a partir del doce de marzo de dos mil diecinueve tuvo conocimiento pleno de la afectación patrimonial que le causó perjuicio, por lo que el plazo para promover el juicio de amparo inició el trece de marzo de dos mil diecinueve y feneció el cuatro de abril de esta anualidad. Tal como se esquematiza a continuación: MARZO 2019 L M M J V S D 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 día 1 14 día 2 15 día 3 16 17 18 19 día 4 20 día 5 21 22 día 6 23 24 25 día 7 26 día 8 27 día 9 28 día 10 29 día 11 30 31 ABRIL 2019 1 día 12 2 día 13 3 día 14 4 día 15 5 PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Periodo del cual se descuentan los días dieciséis, diecisiete, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, treinta, treinta y uno, de marzo por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; y dieciocho de marzo declarado inhábil en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción VII, dela Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Luego, si la presentación de la demanda de amparo fue el cinco de abril de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas (foja 2), es evidente que resulta extemporánea, pues está demostrado que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado a partir del pago realizado el doce de marzo de la presente anualidad. Por identidad de razón, resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 83/2019 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por reiteración, con número de registro 2020056, de rubro y texto siguiente: AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente. Asimismo, encuentra aplicación la tesis P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 163172, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En conclusión, con base en las anteriores consideraciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento, ello impide entrar al fondo del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rodolfo Cesar Zamorano Adame contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario con quien actúa, autoriza y da fe. Doy Fe. ABL

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