Rodolfo Carrillo Cendejas
Expediente 1066/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rodolfo Carrillo Cendejas
Actuaciones
- Principal
Visto los autos, se advierte que por auto de treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, se desechó la demanda de amparo, el cual no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de 5 años contado a partir de la fecha del presente auto. No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE PROMOVENTE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LE DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DICTADO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo...; REGISTRO ...se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1066/2018...; ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Ahora bien, hecha la revisión íntegra del escrito de demanda, se tiene que los actos impugnados en esta instancia constitucional se hacen consistir, medularmente, en los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La ilegal citación y amedrentamiento de que estoy siendo objeto por parte de la autoridad responsable, mediante sendos citatorios sin fecha de suscripción referentes a la supuesta carpeta de investigación *****, los cuales acompaño al presente ocurso y los que considero ilegales y apócrifos por las razones que más adelante detallo." Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente respecto de los actos señalados, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones II y V, ambos de la Ley de Amparo ...Ahora bien, en el caso concreto, los actos reclamados consisten en los citatorios expedidos dentro de la carpeta de investigación ***** del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en esta ciudad -a través de los cuales la Fiscalía solicita la presencia del quejoso a efecto de recabar sus entrevistas, en calidad de inculpado. Ello es así, pues la facultad que ejercer el Ministerio Público al emitir el acto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, porque simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad ministerial para la práctica de una diligencia con motivo de la investigación iniciada por virtud de la denuncia presentada en su contra. En efecto, el fiscal investigador únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en lo atinente, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la carpeta de investigación correspondiente; de tal modo que al investigado -quejoso- no se le causa un perjuicio de índole jurídico, pues éste se materializaría cuando se determina la judicialización de la carpeta de investigación y se ejercita acción penal, pues es el Juez del proceso a quien corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación en todo caso, sería la que causaría una afectación a la esfera jurídica del quejoso; lo que incluso, se trata de un acto futuro de realización incierta ya que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Y si bien el aquí quejoso debe comparecer transitoriamente ante el fiscal investigador, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr el esclarecimiento de los hechos investigados, pero no privar de la libertad a los mencionados, en otras palabras, los citatorios reclamados, no constituyen en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues esta seria, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión, si así se solicitare. Máxime que de los citatorios exhibidos por el quejoso en su escrito de demanda, no se desprende algún apercibimiento que tenga como finalidad la privación de la libertad en tanto no atienda a esa citación, sino que, como se dijo, solamente se solicitó su comparecencia dentro de esa indagatoria . Por lo cual considerar que la comparecencia transitoria del quejoso a rendir su entrevista ante la fiscalía, transgrede su derecho de libertad, implicaría hacer nugatoria la potestad del ministerio público para allegarse de los testimonios o entrevistas de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados en una carpeta de investigación, lo que no puede ser así, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de la carpeta de investigación, como en el caso sucede con la citación del quejoso, toda vez que si bien es cierto, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social; aunado a que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación. Por tanto, los actos reclamados que se analizan, no pueden trascender a la esfera jurídica de los quejosos, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica . En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones II y V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES ...se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que se indica
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