Rodolfo Bayona Jiménez
Expediente 244/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rodolfo Bayona Jiménez
- Rodolfo Bayona Jiménez y Otros.
- Víctor Manuel Ballona Osorio y Otros.
- Manuel Asunción Ballona Jiménez
- Víctor Manuel Ballona Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Mesa 5. DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se archiva el presente incidente como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Mesa 5. DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Causa estado, se archiva el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
mesa 5.- Notifíquese personalmente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE DIECISETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO Y A LA TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 244/2023-5, promovido por Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito signado por Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, el cual fue presentado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de la Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La resolución pronunciada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el toca civil 849/2022-III. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. SEGUNDO. REMISIÓN AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO CIRCUITO. La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en esa misma fecha (diecinueve de enero de dos mil veintitrés) se pronunció respecto de la suspensión del acto reclamado y remitió la demanda, mediante oficio 213, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, junto con el informe justificado y las constancias para justificar la legalidad del acto reclamado. TERCERO. DECLINA COMPETENCIA. Mediante oficio 563/2023-IV, de tres de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, remitió la demanda de amparo promovida por Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el informe justificado y las constancias anexas al mismo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en virtud de que dicho Órgano de Control de Constitucionalidad, declaró la legal incompetencia para conocer de la demanda de que se trata. TERCERO. AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por razón de turno, la demanda y sus anexos fue remitida a este juzgado, el ocho de febrero de dos mil veintitrés, por lo que por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda, al que se le dio el número de expediente 244/2023-5, se dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó emplazar al tercero interesado, se tuvo por designado al representante común y se ordenó aperturar el incidente de suspensión. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Mediante diligencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, la actuaria judicial adscrita a este juzgado dejó citatorio de espera al tercero interesado Víctor Manuel Bayona Osorio, en el domicilio ubicado en la avenida Gregorio Méndez Magaña número 1311, quinto piso, departamento quinientos seis, colonia Nueva Villahermosa, de esta ciudad, para que dentro de dos días hábiles compareciera a este juzgado a emplazarse de autos; por lo que, al no acudir el tercero interesado a las instalaciones que ocupa este juzgado Tercero de Distrito en el plazo establecido, el quince de febrero del presente año, se le emplazó por medio de lista que se fijó en los estrados de este juzgado en términos del artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo (fojas 31 y 32). QUINTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? La resolución pronunciada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el toca civil 849/2022-II. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en: ? Original del toca civil 849/2022-II (en 71 fojas). ? Original del cuadernillo formado con motivo del juicio de pensión alimenticia por comparecencia voluntaria 232/2016 (en 175 fojas). ? Original del cuadernillo formado con motivo del incidente de cancelación de pensión 232/2016 (en 155 fojas). ? Original del cuadernillo formado con motivo del incidente de reducción de pensión alimenticia 232/2016 (en dos tomos constante de 47 y 249 fojas). ? Original del cuadernillo formado con motivo del incidente de aumento de pensión alimenticia 232/2016 (en 53 fojas). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidores públicos en el ejercicio propio de sus funciones. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. En apoyo a lo anterior, es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, es pertinente sintetizar las constancias más relevantes que constituyen el acto reclamado, de las que se advierte: 1. Mediante comparecencia de once de marzo de dos mil dieciséis, la Jueza Tercera Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, tuvo a Thelma Jiménez de la Cruz, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Rodolfo y Manuel Asunción, ambos de apellidos Bayona Jiménez, promoviendo juicio especial de pensión alimenticia en contra de Víctor Manuel Bayona, por lo que le dio trámite a la misma, decretó de manera provisional el 50% (cincuenta por ciento) del salario y demás prestaciones que obtuviera como producto de su trabajo el demandado en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y ordenó emplazarlo (fojas 5-8 del juicio principal). 2. Seguido el trámite del procedimiento, el quince de julio de dos mil dieciséis, la juez natural, dictó sentencia definitiva, en la que condenó al demandado a proporcionar a Thelma Jiménez de la Cruz, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Rodolfo y Manuel Asunción, ambos de apellidos Bayona Jiménez, el 50% (cincuenta por ciento) de las percepciones que obtuviera como empleado de la Secretaría de Seguridad Pública, con categoría de Policía adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal, o bien, las que percibiera en cualquier otro centro de trabajo en donde prestara sus servicios (fojas 74 vuelta y 75 frente del juicio principal). 3. Por proveído de diez de octubre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva (fojas 101 del juicio principal). 4. Posteriormente, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la actora promoviendo incidente de aumento de pensión alimenticia, por lo que se ordenó dar entrada al incidente planteado y emplazar al incidentado Víctor Manuel Bayona Osorio en el domicilio señalado en autos (foja 9 del incidente de aumento de pensión alimenticia). 5. A las trece horas en punto del tres de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, siendo ésta la última actuación en el referido incidente (fojas 50-53). 6. Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo a Víctor Manuel Bayona Osorio, promoviendo incidente de reducción de pensión alimenticia, en contra de Thelma Jiménez de la Cruz, por lo que se ordenó emplazarla al incidente (foja 10 del incidente de reducción de pensión alimenticia). 7. Asimismo, a las nueve horas del cuatro de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, siendo la última actuación procesal del incidente (foja 42). 8. Posteriormente, por auto de seis de agosto de dos mil veinte, se tuvo al incidentista Víctor Manuel Bayona Osorio, proponiendo incidente de reducción de pensión alimenticia en contra de Thelma Jiménez de la Cruz y Rodolfo Bayona Jiménez, mismo que se ordenó dar trámite y emplazar a la incidentada (foja 29 del incidente de reducción de pensión alimenticia. 9. A las once horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia incidental de pruebas y alegatos (fojas 210-212 del incidente de reducción de pensión alimenticia). 10. En auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la incidentada formulando alegatos, los que se reservaron para ser tomados en cuenta al dictar la resolución correspondiente (foja 226 del incidente de reducción de pensión alimenticia). 11. En acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se admitió prueba superveniente al incidentista Víctor Manuel Bayona Osorio, (foja 228 del incidente de reducción de pensión alimenticia). 12. En trece de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la Secretaría de Educación del estado, rindiendo el informe solicitado y se ordenó dar vista a las partes con tu contenido; asimismo se reservación los alegatos formulados por el incidentista Víctor Manuel Bayona Osorio (foja 245 del incidente de reducción de pensión alimenticia). 13. Posteriormente, en acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, se citó a las partes para oír sentencia interlocutoria (foja 248 del incidente de reducción de pensión alimenticia). 14. Asimismo, en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Víctor Manuel Bayona Osorio, en contra de Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, por lo que se ordenó notificarlos en el domicilio señalado por el incidentista (fojas 12 y 13 del incidente de cancelación de pensión alimenticia). 15. Seguido el trámite procesal, mediante sentencia interlocutoria de siete de julio de dos mil veintidós, pronunciada por la Jueza Tercera Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, se declaró que el incidentista Víctor Manuel Bayona Osorio, probó los hechos constitutivos de su acción de cancelación de pensión alimenticia, declaró que ha cesado la obligación de su parte de seguir otorgando alimentos a sus hijos Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez y se ordenó cancelar la pensión alimenticia definitiva decretada a través de la sentencia definitiva dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, en el expediente 232/2016, consistente en el 16.66% (dieciséis punto sesenta y seis por ciento) para cada acreedor del salario base y demás prestaciones que devenga como empleado de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quedando subsistente el 16.66% (dieciséis punto sesenta y seis por ciento) decretado en favor de Thelma Jiménez de la Cruz, el que deberá ser pagado en la forma en que se ha venido haciendo. En la misma sentencia, la jueza resolvió que el actor no probó los hechos constitutivos de su acción de reducción de pensión alimenticia definitiva en contra de Thelma Jiménez de la Cruz, por lo que dejó a salvo los derechos del incidentista para que los haga valer en el expediente 89/2018, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco. Asimismo, prescindió de resolver en relación al incidente de reducción de alimentos de pensión alimenticia promovido por Víctor Manuel Bayona Osorio, en contra de Rodolfo Bayona Jiménez, en virtud de que se declaró que ha cesado la obligación del deudor de seguir otorgando alimentos a su hijo antes citado (fojas 73-74 del incidente de reducción de pensión alimenticia). 16. Inconforme con dicha resolución Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, interpusieron recurso de apelación, la cual fue admitida en efecto devolutivo (foja 117 del incidente de cancelación de pensión alimenticia). 17. Por último, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, la sala responsable pronunció resolución en el toca civil 849/2022-II, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, en la que determinó confirmar la sentencia interlocutoria de siete de julio de dos mil veintidós, emitida por la Jueza Tercera de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, derivado del expediente 232/2016, derivado del juicio de pensión alimenticia (fojas 21-38 del toca civil). Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, la parte quejosa Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, refieren como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan: 1. Que la sala responsable al emitir a resolución reclamada no respeta sus derechos fundamentales. 2. Prosiguen manifestando los quejosos que la resolución impugnada vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución y que en razón de ello se les debe conceder la protección constitucional, restituyendo su derecho de seguir percibiendo una pensión alimenticia de parte de su progenitor. Resultan inoperantes los conceptos de violación que invoca la parte quejosa. Lo anterior es así, porque la Sala responsable para llegar a la conclusión de confirmar la resolución interlocutoria pronunciada por la Jueza Tercera de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, y que constituye el acto reclamado, en lo que interesa, determinó lo siguiente: "VI. Determinación de donde presenta su inconformidad los incidentados RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ y MANUEL ASUNCIÓN BAYONA JIMÉNEZ. MARCO JURÍDICO Como marco normativo tenemos Ios artículos 240, 340 del Código de Procedimientos Civiles y 316 y 317 del Código Civil, ambos vigentes en el Estado, que en lo conducente se leen: ".Articulo 240.- Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de probar las proposiciones de hecho en que funden sus acciones y excepciones, así como los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal. En caso de duda respecto de la atribución de la carga de la prueba, ésta deberá ser rendida por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla o, si esto no podrá determinarse, corresponderá a quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse...". ".Articulo 340.- Resoluciones que podrán modificarse. Las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras y las dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no contenciosa y las demás que prevengan las leyes, sólo tendrán autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien estas circunstancias....". ".Artículo 316.- Cuándo puede disminuirse la cantidad. Procede la disminución de la pensión alimenticia a alguna de las partes, cuando varíen las circunstancias que dieron origen a la fijación....". ".Articulo 317.- Cuando cesa la obligación. Cesa la obligación de dar alimentos: I. Si el que la tiene carece de medios para cumplirla; ll. Si el alimentista deja de necesitar los alimentos; Ill. En caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos; IV. Si el alimentista, sin el consentimiento del que quien debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; V. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo o al estudio del alimentario mientras subsistan estas Causas; y VI. Cuando al alimentista incurra en una conducta dolosa o alevosa, y con ello obtenga un beneficio en detrimento de la economía del deudor...". En principio, se apunta que rigen en el presente fallo las estipulaciones de los siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ".Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de fa libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundara en los principios generales del derecho...". ".Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de fa autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de los terceros.". Tutela la presente resolución, el principio de doble grado de jurisdicción, que actualmente rige en la legislación procesal civil mexicana, del tal modo, que el proceso se continúe desenvolviendo, por regla general en dos instancias locales; la primera ante un juez monocrático o unipersonal y la segunda, iniciada con la apelación, ante un juzgador colegiado o pluripersonal, es decir, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. De acuerdo con el principio iura novit curia, "el juez conoce el derecho", el Tribunal, si bien ha de limitarse a los agravios expresados por el recurrente, debe conservar el poder determinar el derecho aplicable sin que quede vinculado a los preceptos legales citados por las partes. Este órgano revisor, después de efectuar una revisión minuciosa a las constancias que integran los autos, determina declarar Infundados los agravios vertidos por los apelantes, por lo que enseguida se explica. Tenemos que la Jueza actúo en forma acertada al haber determinado que el incidentista VÍCTOR MANUEL BAYOA OSORIO, probó los hechos constitutivos de su acción de cancelación de pensión alimenticia en contra de RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ y MANUEL ASUNCIÓN BAYONA JIMÉNEZ, quienes comparecieron a juicio. Y que haya declarado que ha cesado la obligación por parte del progenitor VÍCTOR MANUEL BAYOA OSORIO, de seguir otorgando alimentos a sus hijos RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ y MANUEL ASUNCIÓN BAYONA JIMÉNEZ, que haya ordenado se cancele la pensión alimenticia definitiva de los acreedores RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ y MANUEL ASUNCIÓN BAYONA JIMÉNEZ, decretada a través de la sentencia definitiva, dictada en quince de julio de dos mil dieciséis, en el expediente 232/2016, relativo al juicio especial de alimentos, promovido por THELMA JIMÉNEZ DE LA CRUZ, en contra de VÍCTOR MANUEL BAYONA OSORIO de este Juzgado Tercero Familiar de Centro, Tabasco; pensión definitiva que consiste en el 16.66% (dieciséis punto sesenta y seis por ciento) para cada acreedor del salario base y demás prestaciones que percibe mensualmente VÍCTOR MANUEL BAYONA OSORIO como empleado de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Tabasco, que el incidentista VÍCTOR MANUEL BAYONA OSORIO no probo los hechos constitutivos de su acción de reducción de pensión alimenticia definitiva, en contra de THELMA JIMENEZ DE LA CRUZ quien compareció a juicio y justificó sus defensas, que se le dejan a salvo los derechos a VÍCTOR MANUEL BAYONA OSORIO para hacerlos valer en el expediente 89/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario del índice del Juzgado Quinto Familiar de Centro, Tabasco, que se prescinde de resolver en relación al incidente de reducción de pensión alimenticia, promovido por VÍCTOR MANUEL BAYONA OSORIO, en contra de RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ, en virtud de que se ha declarado que ha cesado la obligación de VÍCTOR MANUEL BAYONA OSORIO, de seguir otorgando alimentos a su hijo RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ. Por lo que enseguida se explica. No le puede causar agravios a los apelantes, el hecho de que la Jueza haya ordenado la cancelación de la pensi6n alimenticia que les venía proporcionando su padre VÍCTOR MANUEL BAYONA OSORIO, toda vez que como lo sostuvo la A quo, los mismos ya alcanzaron la mayoría de edad, y además si bien el incidentado RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ al contestar el incidente de reducción de pensión alimenticia definitiva, neg6 que no estudiara y refirió que se encontraba inscrito en el plantel 54 del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Villa Ocuiltzapotlán Centro, Tabasco. Contrario a ello, se encuentra lo contenido en el informe que rindió Director de Control Escolar e Incorporación de la Secretaria de Educación, del que se advierte que no se encontraron registros a nombre de RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ y MANUEL ASUNCION BAYONA JIMÉNEZ en la Plataforma de Control Escolar para el ciclo escolar 2021-2022. El informe rendido por la Directora de Educación Media, quien comunicó que RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ estudió en el CBTA 54, ubicado en Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco, cursando hasta quinto semestre en el periodo comprendido de agosto 2018 a noviembre de 2020, resultando un avance del 66% del plan de estudios, y respecto a MANUEL ASUNCIÓN BAYONA JIMÉNEZ es egresado de la generación 2018-2021 de la Carrera Técnico Agropecuario, en la Modalidad Escolarizada. El informe que rindió la Directora de Educación Superior, quien comunicó que no se encontró registro a nombre de RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ y MANUEL ASUNCIÓN BAYONA JIMÉNEZ. Los que dan certeza jurídica de que dichos incidentados no se encuentran estudiando. Mucho menos demostraron que se encuentren impedidos, para trabajar y allegarse sus alimentos. Independientemente de lo anterior, se encuentra desahogada la confesional a cargo de los incidentados RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ y MANUEL ASUNCIÓN BAYONA JIMÉNEZ, quienes fueron declarados fictamente confesos dé las posiciones que fueron declaradas legales en la Audiencia de Desahogo Pruebas y Alegatos celebrada en uno de junio de dos mil veintidós, en las que se le tuvo por aceptando entre otras al primero de los incidentados, que interrumpió sus estudios para ponerse a trabajar, que interrumpió sus estudios para casarse, que dejé de necesitar los alimentos que le proporciona el señor VÍCTOR MANUEL BAYONA OSORIO; y al segundo incidentado MANUEL ASUNCION BAYONA JIMÉNEZ, que interrumpió sus estudios para ponerse a trabajar, que dejó de necesitar los alimentos que le proporciona el Ciudadano VíCTOR MANUEL BAYONA OSORIO. De las anteriores probanzas, se tiene la certeza de que el al incidentista si probé la procedencia de la cancelación de la pensión alimenticia para dichos acreedores, ya que los incidentados no se encuentran estudiando, y ello hizo procedente el incidente promovido por su padre, aunque éste no haya justificado que se encuentren trabajando, que perciban algún salario o que reciban algún apoyo federal, ya que dichos apelantes no cuentan con la presunción con la que cuenta un menor de edad. Necesariamente los inconformes, tenían la obligación de justificar que necesitan los alimentos de parte de su padre, ya sea porque se encuentren estudiando un grado escolar acorde a su edad, porque se encuentren incapacitados para desempeñar un trabajo que les genere recursos económicos para su subsistencia, no desahogaron prueba alguna que contradiga el resultado de las probanzas desahogadas por el incidentista. Debe aclararse a los recurrentes, que de la lectura al escrito incidental, se advierte claramente las pretensiones del incidentista, que lo es su prestación en el sentido de que se cancele la pensión alimenticia para los mismos, porque son mayores de edad, y si bien es cierto no justificó el incidentista que dichos incidentados trabajen, pero si demostró que son mayores de edad, y que no se encuentran estudiando. | Los citados incidentados tenían la carga probatoria de justificar, que si necesitan que su padre les siga proporcionando la pensión alimenticia, aun cuando son mayores de edad y no lo hicieron. Sin pasar por desapercibido, que los mismos no continuaron sus estudios, aun cuando la pensié6n alimenticia la seguían recibiendo por parte de su progenitor. Con el resultado de las pruebas desahogadas por el incidentista, lo solicitado como prestación principal por el mismo, no dan pauta a afirmar que el citado incidentista haya tenido como intención que quedara vigente el (veinticinco por ciento) como pensión alimenticia a MANUEL ASUNCIÓN BAYONA JIMéNEZ, ya que en el punto Único del capítulo de prestaciones, solicité la cancelación de la pensión alimenticia a favor de sus dos hijos, ya que son mayores de edad y no estudian. Se aclara, que en cuanto a la reducción promovida en contra del incidentado RODOLFO BAYONA JIMÉNEZ, la Juzgadora fue muy clara al indicar que al haber procedido la cancelación de la pensión alimenticia, que el incidentista proporcionaba a su citado hijo, se prescindió de resolver en lo relativo a ello. Cobra vigencia aquí el criterio que copiado bajo el rubro a la letra dice: ".Registro digital: 176603. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materias(s): Civil. Tesis: VI.2o.C.451 C. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 2615. Tipo: Aislada. ALIMENTOS PARA MAYORES DE EDAD. CUANDO LOS RECLAMAN DE SUS DESCENDIENTES NO TIENEN EN SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS Y POR ENDE DEBEN PROBAR QUE LOS REQUIEREN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo preceptuado en los artículos 410, 411 y 412 del Código de Procedimientos Civiles para este Estado, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, existirá presunción legal cuando la propia ley así lo señale, en tanto que, la presunción humana se obtiene cuando la existencia de algunos hechos probados permite la deducción lógica y natural de otros que le son consecuencia. De ahí que, si en el artículo 487 del Código Civil para el Estado de Puebla, sólo se prevé la obligación recíproca de padres e hijos de darse alimentos, debe concluirse que del texto de esa disposición no se desprende la existencia de alguna presunción juris tantum, en el sentido de que los progenitores que los reclamen efectivamente necesiten tal suministro; y para obtener presunción humana, ésta debe derivar de las características particulares de quien los reclama, entre las que se encuentran los hechos que lo rodean y sus circunstancias personales, de cuyo enlace, precisamente se deduzca esa necesidad. Así por ejemplo, si quien pide sustento es un menor de edad, la presunción de que los necesita, surge del hecho de que no es apto para desempeñar trabajo alguno, y por ende, para obtener ingresos que le permitan subsistir; en cambio, en tratándose de una persona mayor de edad, esa presunción desaparece, pues es evidente que, salvo prueba en contrario, cuenta con atributos suficientes para desempeñar alguna labor que le permita obtener los recursos que le son indispensables en la satisfacción de sus necesidades elementales. Por tanto, al no existir presunción legal o humana que le favorezca, tiene la carga probatoria para justificar que los necesita..". Atento a lo anterior, es acertada la determinación de la Juzgadora al haber ordenado que se cancelaran los alimentos que el incidentista venia proporcionando a los recurrentes. Sentido del fallo Congruente con lo anterior, al no existir agravios que resarcir a la inconforme se CONFIRMA la sentencia interlocutoria impugnada" (fojas 33 vuelta-37 vuelta del toca civil). De esta determinación, se desprende que la Sala responsable para confirmar la resolución interlocutoria que ordenó la cancelación de la pensión alimenticia decretada en favor de Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, sostuvo que no le causa agravios a los aquí quejosos la determinación de la juzgadora, pues Víctor Manuel Bayona Osorio, a promover el incidente relativo, manifestó que los acreedores ya alcanzaron la mayoría de edad y que Rodolfo Bayona Jiménez, al contestar el incidente de reducción de dicha pensión negó que no estudiara y refirió que se encontraba inscrito en el plantel 54 del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Villa Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco. Sin embargo, del informe rendido por el Director de Control Escolar e Incorporación de la Secretaría de Educación, se advierte que no se encontraron registros a nombre de Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, en la Plataforma de Control Escolar para el ciclo escolar 2021-2022. De igual forma, precisó la sala responsable que del informe rendido por la Directora de Educación Media, comunicó que Rodolfo Bayona Jiménez estudió en el CBTA 4, ubicado en Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco, y que cursó hasta el quinto semestre en el período comprendido de agosto de 2018 a noviembre de 2020, con un avance del 66% (sesenta y seis por ciento) del plan de estudios y que Manuel Asunción Bayona Jiménez, es egresado de la generación 2018-2021 de la carrera Técnico Agropecuario en la Modalidad escolarizada. De igual modo, analizó que del informe que rindió la Directora de educación Superior, se demostró que no se encontró registro a nombre de Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez. Tal argumento fue robustecido con la confesional a cargo de los inidentados Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, a quienes se les declaró fictamente confesos de las posiciones que fueron calificadas de legales en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, de uno de junio de dos mil veintidós, por lo tanto, en cuanto al primero de los mencionados, se le tuvo aceptando que interrumpió sus estudios para trabajar; que interrumpió sus estudios para casarse y que dejó de necesitar los alimentos que le proporciona Víctor Manuel Bayona Osorio, y en cuanto al segundo de ellos, Manuel Asunción Bayona Jiménez, que interrumpió sus estudios para trabajar y que dejó de necesitar los alimentos del acreedor. Por lo que la sala responsable consideró que la juez de origen estuvo en lo correcto en la resolución combatida, puesto que con dichas probanzas se advierte que el incidentista probó la procedencia de la cancelación de la pensión alimenticia para dichos acreedores, pues estos no demostraron que se encuentren estudiando. Del mismo modo, consideró que no es obstáculo a dicha determinación que el deudor alimentario no haya justificado que se encuentren trabajando, que perciban algún salario o que reciban algún apoyo federal, pues estos no cuentan con la presunción con la que cuenta un menor de edad, y por lo tanto, los acreedores tenían la obligación de necesitar los alimentos de parte de su progenitor, ya sea porque se encuentren estudiando un grado escolar acorde a su edad o porque se encuentren incapacitados para desempeñar un trabajo que les genere recursos económicos para su subsistencia, ya que no desahogaron medio de prueba que contradiga el resultado de las probanzas desahogadas por el incidentista. Asimismo, la sala responsable precisó que con el resultados de las pruebas desahogadas por el incidentista, no da pauta a afirmar que deudor alimentario haya tenido como intención que quedara vigente el 25% (veinticinco por ciento) como pensión alimenticia para Manuel Asunción Bayona Jiménez, ya que en el único punto del capítulo de prestaciones solicitó la cancelación de la pensión alimenticia decretada en favor de sus hijos, que ya son mayores de edad y no estudian. Como se ve, de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, en modo alguno van encaminados a controvertir los argumentos torales de la resolución impugnada, pues solo concretó a alegar que se vulneraron sus derechos humanos, así como los artículos 14 y 16 Constitucionales. Por lo tanto, era necesario para que este órgano de control constitucional estuviera en la posibilidad de analizar el acto reclamado con base en los razonamientos esgrimidos en su contra; ya que no basta exponer argumentos de manera general y subjetivo, sino que es menester combatir el acto que se reclama a través de argumentos razonados que permitan poner de relieve las violaciones cometidas por la autoridad que lo emitió, sin que en el caso se advierta suplencia de la deficiencia de la queja, puesto que no se actualizan ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo, que establecen: "Art. 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; [.] VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1º de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada. ." Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." En efecto, en el presente asunto no se surte ninguna de las hipótesis señaladas en párrafos precedentes, toda vez que no se está en el caso de que la emisora haya fundado el acto reclamado en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o se advierta que en perjuicio de la quejosa, se haya cometido una violación que la dejara en estado de indefensión por vulnerar los derechos fundamentales previstos en el numeral 1º de la Constitución General de la República. En esa virtud -se insiste-, los conceptos de violación deben contener los argumentos suficientes que tiendan a destruir las consideraciones en que se apoyó la responsable para resolver en la forma en que lo hizo, para así conocer las pretensiones de la parte quejosa, y de esa suerte verificar su constitucionalidad, lo que en modo alguno se suple con el solo hecho de alegar violaciones de manera genérica o imprecisas, por lo que, dichos conceptos de violación se estiman inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." De igual modo, es de aplicarse la jurisprudencia siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste." En las consideraciones apuntadas, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a por Rodolfo Bayona Jiménez y Manuel Asunción Bayona Jiménez, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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