Rodolfo Ávalos Resendiz
Expediente 1149/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rodolfo Ávalos Resendiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el diez de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo, debido a que por auto de diez de octubre de dos mil veintitrés se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que cumpla TRES AÑOS de archivo como asunto concluido lo cual deberá realizarse previo a la realización de la visita de inspección que corresponda, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación dentro de los treinta días siguientes de haberse destruido. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por lo que, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista y mediante oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se le previno para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, sin que a la fecha haya desahogado en sus términos dicha prevención. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el citado proveído, por tanto, se continúa la tramitación del presente asunto en la forma en que hasta el momento está planteado. Actualiza causal de sobreseimiento. En otro orden, visto el estado de autos, se advierte que con relación a la omisión de dar respuesta a sus escritos presentados el catorce y quince de marzo de dos mil veintitrés; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, la omisión de acordar el escrito presentado el catorce y quince de marzo de dos mil veintitrés respectivamente, y la omisión de notificarle el acuerdo que recayera al mismo. Asimismo, se advierte que el apoderado jurídico de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, al rendir su correspondiente informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; sin que exista en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. Máxime que al rendir su informe de ley manifestó que, por conducto de la oficialía de partes, recibió copia simple de conocimiento por parte de la quejosa y otras personas, en virtud de que el ocurso presentado no contiene firmas autógrafas en original, por lo que al dársele intervención únicamente como copia de conocimiento, no se encontró en aptitud de dar respuesta a dicho escrito. Aunado a que refirió que la facultad para atender asuntos de la índole de la materia de la solicitud, le corresponde a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Sin que tal negativa quedara desvirtuada en virtud de que el quejoso únicamente anexó a su escrito de demanda copia simple de la petición que presentó ante la Secretaría de Finanzas, siendo que el sello que obra en el mismo es una copia simple al igual que las firmas que calzan dicho escrito. Documental que se estima carece de valor probatorio. Es aplicable la jurisprudencia 193 emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 132, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Así como el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, consultable con el número 194, en la página 133, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados a dicha autoridad Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, debe sobreseerse en este juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Ahora, de los anexos que acompañó el Director de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, quien manifestó bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada de sus originales, se advierte que el catorce de abril del año en curso, atendió el escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, por diversas personas, entre ellas el aquí quejoso ********************, mismo que fue notificado el cinco de septiembre del año en curso. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Director de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado demostró que dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el catorce de marzo de dos mil veintitrés, y se lo hizo del conocimiento; cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión en estudio ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para la data en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; notifíquese por lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado signado por el Director de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Contenido. Del contenido de dicho informe, se advierte que es cierto el acto reclamado, al así evidenciarlo con sus manifestaciones el oficiante. Vista. Con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Causal de improcedencia. La autoridad responsable manifiesta que ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de la contestación al escrito presentado por la parte quejosa, cuya omisión de hacer se reclama en el presente juicio de amparo. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexó a su oficio de cuenta, las cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Domicilio y delegados. Como lo solicita, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como delegados de su parte a los que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Autoriza consulta de expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la autoridad oficiante para consultar el expediente electrónico a través de los usuarios "armandoabogados" y "cgcandelarias". Se comisiona a la analista juri´dico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese los usuarios respectivos para tal efecto. Consulta de anexos. Del anexo que acompañó el Director de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, se advierte que por oficio O.M.DRL-0687/2023, dicha autoridad dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa a través de su escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, el cual se le notificó el cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista para ampliar demanda. En consecuencia, prevéngase a la parte quejosa para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 y 17 de la Ley de Amparo, en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su intención ampliar su demanda de amparo respecto de dicho oficio. De ser así, aplicando lo dispuesto por los artículos 108 y 110 de la ley de la materia, su escrito deberá cumplir con todos los requisitos que previene el primero de los citados, además de acompañar suficientes copias del escrito de ampliación de demanda, para estar en posibilidad de correr traslado a las partes; esto es, una para la autoridad responsable y una para el Agente del Ministerio Público. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo: Libro VIII, Mayo de 2012 Tomo 1, página 801, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Apercibimiento. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo que se le concede, se continuará la tramitación del juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada para el once de septiembre de dos mil veintitrés y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Apoderado Jurídico de la Secretaria de Finanzas de Gobierno el Estado. Contenido. La autoridad responsable manifiesta que no es cierto el acto que se le reclama. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Domicilio y delegados. Como lo solicita, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como delegados de su parte a los que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Solicitud de devolución de documentos. Respecto de la devolución de documentos que solicita, dígasele que no ha lugar a autorizar la misma, en virtud de que las copias que acompañó para su cotejo, se encuentran incompletas, lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista y por oficio a la autoridad responsable.
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