Rodolfo Aníbal Salazar Vázquez
Expediente 613/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rodolfo Aníbal Salazar Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El doce de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del veintiocho de noviembre al once de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 613/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Existen dos tomos por devolver a la autoridad responsable. No se aperturó incidente de suspensión; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, que actúa con Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 613/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rodolfo Aníbal Salazar Vázquez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Juez de Garantías y Tribunal de Juicio Oral. Las dos con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: La resolución de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 39/2017, que revocó el auto de vinculación a proceso emitido el veinticinco de enero del año citado, dentro de la causa penal 3/2017. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; registrándose con el consecutivo 613/2017; y auto de veintitrés de junio del año en curso se requirió al quejoso para que la aclarara; y al respecto, mediante escrito recibido en este Juzgado el cuatro del julio del año citado, manifestó que el Juez de Garantías y Tribunal de Juicio Oral no es autoridad responsable; por tanto, cumplida la prevención, en proveído de cinco de julio de dos mil diecisiete se ordenó su admisión; teniéndose como autoridad responsable únicamente a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que se solicitó su informe justificado; se emplazó a los terceros interesados y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme lo disponen las tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la resolución de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 39/2017, que revocó el auto de vinculación a proceso emitido el veinticinco de enero del año citado, dentro de la causa penal 3/2017. TERCERO. Es cierto el acto que se reclama a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe justificado a través de su Magistrado Presidente, lo admitió de manera expresa (foja 32). Resulta aplicable al respecto, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias que remitió el Magistrado Presidente de la Sala responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en el toca de apelación penal oral 39/2017 y causa penal 3/2017, de donde se derivan los actos reclamados; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de este último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus atribuciones legales y, además, de los mismos se advierte la existencia de la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Al no haber hecho valer las partes alguna causa de improcedencia, ni advertida de oficio por este resolutor, se procede al estudio de fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los motivos de inconformidad que se hacen valer son infundados en parte y en otro aspecto ineficaces, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. El quejoso aduce de manera reiterada en sus tres conceptos violatorios, que la resolución que reclama es violatoria de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que el hecho de que la Sala responsable considerara extinguida la acción penal por haber operado la prescripción en favor del inculpado Javier Torres García, dentro del Toca 39/2017, vulnera sus derechos por ser la determinación reclamada incongruente, arbitraria e injusta; además de que carece de la debida motivación y fundamentación, ya que no cumple con esos requisitos, pues al resolver la responsable lo hizo atendiendo a circunstancias puramente subjetivas y apartándose de los principios. Refiere también que la resolución impugnada es incongruente, ya que primero dice que prescribe la acción en el lapso de un año y que opera en el presente asunto la extinción de la acción, pero equivocadamente sólo hace un razonamiento de la prescripción ya que asegura que se dejó de actuar tres meses veintinueve días; cuestión que es analizada de manera equivocada, dado que primero habla de un año y después de los tres meses y veintinueve días, por lo que considera que dicha determinación carece de debida motivación y fundamentación, ya que habla de dos cosas a la vez, sin señalar con claridad cuál de ellas aplica en concreto al presente asunto, surgiendo así la incongruencia. Agrega el inconforme que sin aceptar y reconocer el criterio de la responsable, en ningún momento hubo inactividad procesal como lo asegura, ya que no valoró adecuadamente todo lo actuado, todas las pruebas y todos los hechos y actos realizados durante el trámite de la carpeta de investigación; no obstante que el Ministerio Público en la audiencia de imputación narró y señaló todas las pruebas, hechos y actos que sustentaron la petición de vinculación a proceso, que sirvieron de base para que la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento dictara esa resolución; todo lo cual la responsable no valoró; con lo que se acredita que en ningún momento se dejó de actuar por los lapsos que asegura, sino todo lo contrario, existió actividad procesal constante. Los argumentos sintetizados son infundados, pues como se adelantó, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del promovente del amparo, por las razones que a continuación se exponen. En efecto, el contenido de la resolución reclamada pone de manifiesto que, contrario a lo que alega el quejoso, no adolece de la debida fundamentación y motivación legal que debe revestir todo acto de autoridad, al tenor de lo dispuesto por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues como sustento de la misma la Sala responsable citó los artículos 6º, fracción II, segundo párrafo, 63, 96, 97, 98, 102 y 103 del Código Penal del Estado; asimismo, expuso los razonamientos lógico-jurídicos que la condujeron a concluir que en la especie se actualizó una causa de extinción de la acción penal por haber operado la prescripción, aduciendo como motivo sustancial el haber trascurrido un lapso mayor a la cuarta parte del término que se requiere para que opere esa figura jurídica. Tampoco existe la incongruencia que aduce el disidente, en razón de que lo que estableció el tribunal de alzada, es que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 del Código Penal del Estado, el delito de daño en las cosas cometido a título de culpa (con motivo del tránsito de vehículos) en agravio del ahora quejoso, por el que se dictó auto de vinculación a proceso contra Javier Torres García (tercero interesado), se encuentra sancionado con multa de cinco hasta cien cuotas o trabajo en favor de la comunidad de hasta a la cuarta parte de la que correspondería si el delito fuere doloso; además de la reparación del daño; por lo que al estar sancionado dicho ilícito sólo con multa y no con pena privativa de libertad, acorde con lo dispuesto por el numeral 97 de la citada legislación, la acción penal prescribe en un año, la cual se interrumpe por las actuaciones que se practiquen acerca del delito y sus autores, conforme lo establece el precepto 102 del cuerpo normativo en consulta; interrupción que ya no surte efectos si las actuaciones se practican después de haber transcurrido la tercera parte del plazo que se requiere para la prescripción; como tampoco en el caso en que las actuaciones quedaren interrumpidas por un tiempo igual a la cuarta parte del término que se necesita para que opere esa figura jurídica; supuesto este último que ocurrió en el caso a estudio, al haberse dejado de actuar en la carpeta de investigación por un lapso de tres meses veintinueve días; lo que resulta acertado. A fin de evidenciar lo anterior, es pertinente reproducir los artículos 93, 94, 96, 97, 98, 102 y 103 del Código Penal para el Estado, que disponen: "93.- La prescripción extingue la acción penal y la facultad de ejecutar las sanciones impuestas." "94.- La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento." "96.- Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa o de delito imposible." "97.- La acción penal prescribe en un año, si el delito sólo merece multa. Si merece, además de esa sanción, la privativa de libertad, o fuere alternativa, se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente. Lo mismo se observará cuando concurra alguna otra sanción accesoria." "102.- La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público o por el juez, en la averiguación acerca del delito y sus autores aunque, por ignorarse quienes sean éstos, no se encaminen las diligencias contra persona determinada. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia." "103.- Lo prevenido en la primera parte del artículo anterior no comprende el caso en que las diligencias comiencen a practicarse después de que hubiere transcurrido ya la tercera parte del término de la prescripción, computado en la forma prevista en el artículo 96; entonces la prescripción continuará corriendo y ya no podrá interrumpirse, sino por la aprehensión del inculpado. Lo dispuesto en la parte final del mismo artículo anterior, tampoco comprende el caso en que las actuaciones quedaren interrumpidas por un tiempo igual a la cuarta parte del término de la prescripción. Entonces ésta no podrá ser interrumpida sino por la aprehensión del inculpado". Como se ve, el artículo 103 del invocado ordenamiento legal, prevé dos hipótesis en que opera la prescripción de la acción penal; en el primer párrafo consigna el caso en que las diligencias de averiguación comiencen a practicarse después de que hubiere transcurrido ya la tercera parte del término de la prescripción, computado en la forma prevista en el numeral 96, esto es, desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa o de delito imposible. Ahora, como ante se dijo, en el presente asunto, conforme al ordinal 97 del Código Sustantivo invocado, la acción penal prescribe en un año; por tanto, la referida tercera parte equivale a cuatro meses; luego, en el particular dicho supuesto no se actualiza, pues del contenido de la resolución reclamada se advierte que los hechos que motivaron la indagatoria ocurrieron el veintiocho de agosto de dos mil quince; y el ofendido aquí quejoso Rodolfo Aníbal Salazar Vázquez presentó la querella correspondiente el día treinta y uno de ese mismo mes y año, según se precisa en la foja 11 de esa determinación; lo que pone de relieve que cuando el Ministerio Público practicó esa primera diligencia con la que inició la carpeta de investigación, no había trascurrido el indicado lapso, sino solo tres días. En tanto que el párrafo segundo del precitado normativo 103, establece que el plazo para la prescripción continuará transcurriendo sin interrumpirse hasta la aprehensión del inculpado, cuando las diligencias queden interrumpidas por un tiempo igual a la cuarta parte del término que se requiere para que la misma se actualice. Ésta es la hipótesis normativa que se considera acreditada en el caso a estudio. Así es, dicha porción normativa, relacionada con lo que dispone el diverso 102 del citado código, establece que si en la causa penal se dejara de actuar, la prescripción comenzará nuevamente desde el día siguiente al de la última diligencia; y que si dicha interrupción se prolonga por un tiempo igual a la cuarta parte del término de la prescripción no podrá ser interrumpido sino por la aprehensión del inculpado, no así por actuaciones que se practiquen por el ministerio público o por el juez en la averiguación del delito y sus autores. Establecido lo anterior, se tiene que en el presente asunto, como antes se dijo, de conformidad con el artículo 63 del Código Penal del Estado, el delito de daño en las cosas cometido a título de culpa por el que se dictó el auto de vinculación a proceso que motivó la resolución de segunda instancia que ahora se reclama, se encuentra sancionado con multa de cinco hasta cien cuotas o trabajo en favor de la comunidad de hasta a la cuarta parte de la que correspondería si el delito fuere doloso; además de la reparación del daño; de lo que se sigue que al estar prevista para dicho ilícito sólo sanción pecuniaria, por ello es que la acción penal prescribe en un año, como lo dispone el numeral 97 de la legislación en consulta. En ese tenor, haciendo una operación aritmética, se obtiene que la cuarta parte de un año equivale a tres meses, que es el tiempo que se requiere para que se patentice la prescripción respecto del delito que se analiza. Partiendo de esa premisa, importa destacar que de la determinación reclamada se advierte que la Sala responsable, para apoyar la postura asumida, hizo referencia a que la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, en la resolución de vinculación a proceso indicó los antecedentes que recabó la Agente del Ministerio Público durante su investigación inicial, entre los que obra la declaración rendida por Luis Heriberto Mayorga González, el veintisiete de septiembre del año dos mil quince (foja 12 de la resolución impugnada que obra en el toca 39/2017). Asimismo, el tribunal de apelación hizo referencia a que la defensora del imputado Javier Torres García, en su oposición, señaló que dentro de la carpeta de investigación "obraba el informe que remitió en fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis el propio perito de causalidad en materia de hechos de tránsito señalando que requería mayor información para emitir su dictamen." (fojas 13 y 14 idem). Conforme a lo anterior, según se expuso en párrafos que anteceden, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 del Código Penal del Estado, el delito de daño en las cosas cometido por culpa, sólo se sanciona con pena pecuniaria y no privativa de la libertad; por ello, acorde con el numeral 97 de la legislación adjetiva invocada, la acción penal prescribe en un año; empero, en términos del precepto 103, párrafo segundo, en relación con el ordinar 102 de esa propia normatividad, si en la carpeta de investigación se dejara de actuar, la prescripción comenzará nuevamente desde el día siguiente al de la última diligencia; y si tal interrupción se prolonga por un tiempo igual a la cuarta parte del término de la prescripción (que en el presente asunto equivale a tres meses) no podrá ser interrumpido sino por la aprehensión del inculpado. En contexto anotado, si como lo estableció la Sala responsable, en la carpeta de investigación de origen se dejó de actuar a partir del veintiocho de septiembre de dos mil quince, ya que el día anterior declaró Luis Heriberto Mayorga González, en su calidad de propietario del camión de la Ruta 14 que participó en el hecho de tránsito que motivó la indagatoria; y hasta el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el perito en materia de causalidad en hechos de tránsito, hizo del conocimiento del Agente del Ministerio Público investigador que requería más datos para poder emitir el dictamen que le fue encomendado; luego, al hacer el cómputo correspondiente se obtiene que se dejó de actuar tres meses veintinueve días; lapso superior a la cuarta parte que se requiere para que opere la prescripción de la acción penal, que como antes se dijo, en el particular equivale a tres meses; de ahí que, adverso a lo aducido por el quejoso, resulta apegado a derecho que el tribunal de apelación así lo determinara; y, en consecuencia, declarara extinguida la acción persecutoria en favor del inculpado Javier Torres García. Por último, devienen inatendibles las diversas alegaciones que vierte el promovente del amparo, en las que de manera dogmática refiere que en ningún momento hubo inactividad procesal como lo aseguró la responsable, ya que no valoró adecuadamente todo lo actuado, todas las pruebas y todos los hechos y actos realizados durante el trámite de la carpeta de investigación; no obstante que el Ministerio Público en la audiencia de formulación de imputación narró y señaló todas las pruebas, hechos y actos que sirvieron de base para que la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento dictara el auto de vinculación a proceso contra el inculpado; con lo que dice se acredita que en ningún momento se dejó de actuar por el lapso que asegura la Sala responsable, sino que por el contrario, existió actividad procesal constante; habida cuenta que el inconforme omite especificar cuáles son las pruebas, hechos y actos que obran en la carpeta de investigación y que en su concepto dejó de analizar dicha autoridad, para poder concluir válidamente que adverso a lo que ésta sostuvo, no se actualizó la inactividad procesal durante el tiempo de tres meses veintinueve días en que sustentó el argumento toral de la decisión asumida, el cual no controvierte de manera frontal el disidente con razonamientos que expresen cuando menos la causa de pedir, para que este órgano de control constitucional pudiera abordar su análisis; lo cual no es posible ni aún en suplencia de la queja; por ello es que se califican de inatendibles las manifestaciones del quejoso. Corolario de lo anterior, al no demostrarse con razonamientos lógico-jurídicos que la resolución que por esta vía se combate, sea violatoria de derechos fundamentales en perjuicio del quejoso Rodolfo Aníbal Salazar Vázquez, ni se advierte motivo que amerite la suplencia de la queja en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negarle el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Rodolfo Aníbal Salazar Vázquez, respecto del acto reclamado a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza, hoy veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE. L´JJMT
- Principal
En dos de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario del Juzgado licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza.- DOY FE. Vicky
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Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil diecisiete, el ssecretario CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y con la circunstancia de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Primera Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Juan García Trejo En la misma fecha, el Secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta al secretario encargado del despacho con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable Primera Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. ABL
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