Rodolfo Ambrosio Espinoza

Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
44/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Ambrosio Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Sentencia definitiva cuyo punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, en los términos precisados en el considerando CUARTO de la presente resolución." Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veinticuatro de febrero del año en curso, remite diversas copias certificadas de la sentencia interlocutoria emitida el once de febrero del presente año, así como sus respectivas notificaciones a las partes; lo anterior, dentro del expediente TJA/167/2018; documentales que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, conforme lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe rendido no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello, a efecto de que éstos se impongan de su contenido, y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y un minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, registro 191995, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase de manera atenta al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que reciba la presente determinación, remita copia certificada legible y completa, de la totalidad de constancias relativas a las notificaciones efectuadas a la totalidad de las partes integrantes del juicio contencioso administrativo TJA-167/2018, respecto de la sentencia dictada el once de febrero de dos mil veintidós, en relación con el incidente de liquidación resuelto en esa data, puesto que dichas constancias resulta necesarias para la resolución del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 199454, P./J 17/97, novena época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, materia común, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.A.1 K, visible en la página 1113, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". Con el conocimiento para la autoridad responsable que de no cumplir con lo establecido en el presente proveído, dentro del plazo otorgado para ello, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por la cantidad de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,811 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M. N.), la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.

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