Rodolfo Alipio Palomino Huaman

Expediente 2231/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2231/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Alipio Palomino Huaman

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y con fundamento en los numerales 356 fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, tomando en cuenta que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia por desistimiento en este juicio. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se sobreseyó fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y cumplimiento de los documentos necesarios contenidos en el artículo 29 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que en seis de los corrientes, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable migratoria de esta ciudad para que remitiera las constancias que acreditaran, la situación actual del quejoso Yuaisy Peláez González; esto es, si fue puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Ello con motivo que al rendir su informe de suspensión de plano señaló que el quejoso Yuaisy Peláez González, se encontraba sujeto a la Carpeta de Investigación FED/TAB/TEN/0000484/2022, del índice de la Fiscalía General de la República, quien mediante oficio FED/TAB/TEN/0000484/2022, le solicitó que mantuviera en custodia al directo quejoso y en alojamiento permanente, hasta en tanto le comunicara la situación que prevalecería sobre dicho extranjero. Al respecto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene a la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, rindiendo su informe complementario respecto a la SUSPENSIÓN DE PLANO concedida a Yuaisy Peláez González, por el que señala: 1.- Que a través del oficio INM/ORTAB/EMV/3520/2022, realizó el requerimiento de información al Licenciado Jorge Yanis Policroniades, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-7, Tenosique, Tabasco, a efectos que le informara la situación que guarda la carpeta de investigación FED/TAB/TEN/0000484/2022. 2.- Que dicho Fiscal por oficio TEN-EIL-E1C7-438/2022, entre otras le informó que el quejoso Yuaisy Peláez González se encuentra en calidad de victima en relación a esa carpeta, que resulta necesaria su permanencia para el desahogo de la investigación y que debe continuar alojado en la Estación Migratoria hasta en tanto le informe que ya no será requerido para diligencias ministeriales. Para lo cual adjunta copia certificada de los oficios INM/ORTAB/EMV/3520/2022 y TEN-EIL-E1C7-438/2022, a los que se ha hecho referencia, los cuales se tienen como pruebas en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo. Por tanto, téngase a la autoridad migratoria dando cumplimiento a lo requerido en auto de seis de los corrientes. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos se aprecia que en dos del presente mes y año se concedió la suspensión de plano al quejoso Yuaisy Peláez González -en lo que interesa- en los siguientes términos: "Ahora bien, de tratarse de una detención efectuada fuera de procedimiento judicial por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público (autoridad del Instituto Nacional de Migración), la suspensión de oficio y de plano debe tener como efecto que sean puestos en libertad, (quedando a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo), siempre y cuando dicha detención no derive de la comisión de un delito. En ese orden de ideas, al no tener mayores datos respecto a la existencia de haberse iniciado o no un procedimiento administrativo en contra de los quejosos Yuaisy Peláez Gonzalez, de nacionalidad cubana, en relación a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento y/o detención y/o presentación y/o retención y/o incomunicación, con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para que en caso de no haberse iniciado, la autoridad deberá iniciarlo respetando todos sus derechos, entre ellos el de comunicarse con sus representantes legales, o personas de su confianza, así como resolverlo de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración -plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación-. Por lo cual, una vez desahogas las diligencias que requieran la intervención directa de la quejosa (recepción de su declaración), la peticionaria deberá ser puesta en libertad, en el caso que su detención no derive de la comisión de un delito, a fin de continuar con el trámite de su regularización migratoria libremente. Lo cual no implica la autorización del libre tránsito en el territorio nacional de la quejosa, sin respetar las disposiciones administrativas migratorias. En relación a lo anterior mediante criterio jurisprudencial se ha definido que el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano cuando se reclaman la posible deportación o repatriación y, simultáneamente, actos restrictivos de la libertad personal de migrantes en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Sin embargo, como se ha dicho no se cuenta en este asunto con mayores datos en relación al acto reclamado; por tanto, se ordena a las autoridades responsables que establezcan las medidas cautelares a fin de asegurar la comparecencia de la directa quejosa, para la continuación de dicho procedimiento, con la precisión que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracción V y 7 de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político, no se impondrá sanción alguna con motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o extranjero que se le otorgue protección complementaria, además de que, de haberse iniciado el procedimiento migratorio por ingreso irregular, el mismo se suspenderá hasta en tanto se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado; de ahí que, no podrá negarse o condicionarse la libertad del quejoso a la presentación de documental alguna ni al pago de derechos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.) Registro digital: 2022090, Instancia Plenos de Circuito, Décima Época, Materias común, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". Por lo que en virtud que a la fecha se cuenta con las constancias de las que se advierte que si bien el quejoso Yuaisy Peláez González, se encuentra sujeto a la Carpeta de Investigación FED/TAB/TEN/0000484/2022, del índice de la Fiscalía General de la República, quien mediante oficio FED/TAB/TEN/0000484/2022, solicitó a la autoridad migratoria que lo mantuviera en custodia y en alojamiento permanente, hasta en tanto le comunicara la situación que prevalecería sobre dicho extranjero, ello es en calidad de víctima y no como investigado en la referida carpeta con motivo de la comisión de un delito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad migratoria, para que dé cumplimiento a la suspensión de plano decretada y dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, remita las constancias con las que acredite haber puesto en libertad al quejoso Yuaisy Peláez González, previa imposición de las medidas de seguridad, para lo cual deberá tomar en consideración que mediante criterio jurisprudencial se ha definido que el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano cuando se reclaman la posible deportación o repatriación y, simultáneamente, actos restrictivos de la libertad personal de migrantes en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Al respecto, en el presente asunto los actos reclamados consisten en xxx; por tanto, se ordena a las autoridades responsables que establezcan las medidas cautelares a fin de asegurar la comparecencia de la directa quejosa, para la continuación de dicho procedimiento, con la precisión que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, fracción V y 7 de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político, no se impondrá sanción alguna con motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o extranjero que se le otorgue protección complementaria, además de que, de haberse iniciado el procedimiento migratorio por ingreso irregular, el mismo se suspenderá hasta en tanto se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado; de ahí que, no podrá negarse o condicionarse la libertad de la quejosa a la presentación de documental alguna ni al pago de derechos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.) Registro digital: 2022090, Instancia Plenos de Circuito, Décima Época, Materias común, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, en términos de los arábigos 238 y 260 fracción II, de la ley de la materia; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III, de éste último ordenamiento.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y con fundamento en el artículos 210-A y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se recibe y ordena agregar a los autos el oficio remitido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Oficina de Correspondencia Común (OCC), Juicio en Línea, con su firma electrónica del Poder Judicial de la Federación (evidencia criptográfica), documental a la que se le concede, al que se le da pleno valor de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 3, fracción V, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; mediante el cual rinde informe respecto a la SUSPENSIÓN DE PLANO. En mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene a la Representante Local, Encargada de la Subdirección de Regulación y Archivo Migratorio en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, rindiendo su informe respecto a la SUSPENSIÓN DE PLANO concedida al quejoso Rodolfo Alipio Palomino Huaman, de nacionalidad peruana, en proveído de siete de diciembre del presente año, por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. Además, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, téngase como prueba de la citada autoridad, la copia certificada de las constancias que integra el procedimiento administrativo migratorio a nombre de 1 Rodolfo Alipio Palomino Huaman, de nacionalidad peruana, el cual será tomado en cuenta en el momento procesal oportuno. Ahora, del oficio signado por la autoridad responsable, se desprende que manifestó lo siguiente: "Que en atención a los oficios recibidos en esta Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración correspondientes al Juicio de Amparo número 2141/2022-1 promovido en favor de RODOLFO ALIPIO PALOMINO TORRES con fundamento en el artículo 158 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación y artículo 21 del acuerdo por el que se delegan atribuciones para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley de Migración y su Reglamento a los servidores públicos adscritos a las Delegaciones Federales del Instituto Nacional de Migración publicado en el Diario Oficial de la Federación el día trece de noviembre del año dos mil doce vengo en nombre de la autoridad señalada como responsable SUBDIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE VILLAHERMOSA, TABASCO, en su nombre me permito rendir INFORME DE SUSPENSIÓN, en términos de los articulos 15 Y 138 de la Ley de Amparo en vigor por lo que tengo a bien expresar: 1. Que son parcialmente ciertos los actos reclamados por RODOLFO ALIPIO PALOMINO TORRES toda vez que el mismo fue trasladado por personal de la Estación Migratoria en Mexicali, Baja California, para efectos de que le fuera proporcionado alojamiento y manutención al mismo, en tanto se ejecuta su resolución, dado que desde aquella oficina venían con su procedimiento resuelto. 2.- Es de señalar que la autoridad migratoria es cuidadosa de todas las medidas de salud y protocolos para proteger a los extranjeros en contra de la contingencia sanitaria de COVID-19, que ataca a la población de todo el mundo, por lo que claramente puede observar que el único interés de esta autoridad siempre será garantizar principalmente la vida, la salud y la dignidad como los derechos humanos que tiene todo ser humano, de igual forma se le respetaron sus derechos al hoy quejoso, se le han brindado consultas de servicio médico, medicamentos de ser necesarios, asimismo se le ha informado de sus derechos a realizar llamadas telefónicas a familiares, amigos, abogados y/o persona de confianza que el mismo desee. De igual forma es de decirle que se le respetaron todos y cada uno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Señoría la autoridad migratoria no emite órdenes de detención, sin embargo, si nos encontramos facultados para poder realizar revisiones migratorias en donde si el agraviado no cuenta con regular estancia, puede ser presentado ante la autoridad migratoria para que se resuelva su situación jurídica migratoria, tal y como lo señala el artículo 11 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [.] Que si bien es cierto, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11 señala que debe existir un libre tránsito, también lo es, que el mismo está sujeto a cumplir con las leyes que de manera específica se crean para dicha materia en este caso sería aplicable la Ley de Migración. Su señoría, esta autoridad migratoria es cumplida y respeta toda orden de autoridad, en lo que respecta a los quejoso DANIEL ESPINOSA GARCÍA se dio cumplimiento a la suspensión en los términos que fue concedida, asimismo se informa a su señoría que el quejoso en mención no será deportado a su país de origen, de igual manera se hace de su conocimiento que el día de la data, se le dieron a conocer los requisitos señalados en los autos del juicio de amparo antes referido, esto para darle una salida provisional de la estación migratoria hasta en tanto se resuelve de fondo el presente juicio de amparo y al momento que el mismo de cumplimiento, se le otorgará la salida de la Estación migratoria, de igual manera se informa que el impetrante de amparo no ha sufrido violación alguna a sus Derechos Humanos, pues como podrá constatar se le ha respetado cada uno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional No omito informar que se les informo a los quejosos sobre el trámite de Solicitud de Reconocimiento de la condición de refugiado, manifestando que no es su deseo solicitar el trámite en este momento. Su Señoría, de lo anterior, cabe reiterar, que el quejosos, no ha estado incomunicado durante su alojamiento en la citación migratoria, toda vez que esta autoridad prioriza el bienestar de los extranjeros alojados, respetando cada uno de sus derechos humanos, así como los señalados en el artículo 22 constitucional, por lo que no se le ha violentado ninguno de sus derechos, tal es así, que se le ha otorgado llamadas telefónicas, del mismo modo, se informa que se han seguido todos los protocolos y medidas necesarias para proteger a los extranjeros de la contingencia sanitaria de COVID-19 y se seguirán cumpliendo dichas medidas en todo momento.." De lo transcrito, se desprende que lo siguiente: 1. Que son parcialmente ciertos los actos reclamados por el quejoso Rodolfo Alipio Palomino Huaman, de nacionalidad peruana, toda vez que fueron trasladados desde la estación migratoria en Mexicali, Baja California, a la estación migratoria en Villahermosa, para ejecutar la resolución de retorno asistido de veintiocho de noviembre del año actual, dado que su procedimiento administrativo ya venía resuelto. 2. Que la autoridad migratoria es cuidadosa de todas las medidas de salud y protocolos para proteger a los extranjeros en contra de la contingencia sanitaria de Covid-19, que ataca a la población de todo el mundo, por lo que claramente puede observar que el único interés de esta autoridad siempre será de garantizar principalmente la vida, la salud y la dignidad con los derechos humanos que tiene todo ser humano, de igual forma se le respetaron sus derechos al hoy quejoso, se le ha brindado consultas de servicio médico, medicamentos de ser necesarios, asimismo, se le ha informado de su derecho a realizar llamadas telefónicas a familiares, amigos, abogados y/o persona de confianza que los mismos deseen. De igual forma se le respetaron todos y cada uno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. 3. Que la autoridad migratoria oficiante no emite órdenes de detención, pero que sí está facultada para realizar revisiones migratorias, migratorias en donde si los agraviados no cuentan con regular estancia, pueden ser presentados ante la autoridad migratoria para que se resuelva su situación jurídica migratoria, tal y como lo señala el artículo 11 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Que si bien es cierto, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11 señala que debe existir un libre tránsito, también lo es, que el mismo está sujeto a cumplir con las leyes que de manera específica se crean para dicha materia en este caso sería aplicable la Ley de Migración. 5. Que esa autoridad migratoria es cumplida y respeta toda orden de autoridad, por lo que en cuanto hace al quejoso Rodolfo Alipio Palomino Huaman, de nacionalidad peruana, dio cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en el presente juicio. Manifestaciones y documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 202, en relación con el 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, por haber sido vertida por la autoridad responsable dentro de su informe de suspensión de plano. REQUERIMIENTO Por tanto, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad migratoria de Acayucan, Veracruz, para que dé cabal cumplimiento a la suspensión de plano decretada y dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, remita las constancias con las que acredite haber puesto en libertad al quejoso, previa imposición de las medidas de seguridad, acorde lo ya señalado en relación a ese tema en auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 144/2022, derivado del juicio de amparo 465/2022-I, de la estadística de este Juzgado, la cual constituye un hecho notorio, que en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, puede ser invocado de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), con registro 2017123, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizada en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, en términos de los arábigos 238 y 260 fracción II, de la ley de la materia; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III, de éste último ordenamiento. Además, se le comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de la responsable en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene a la autoridad oficiante, señalando como domicilio para oír citas y notificaciones, el que se indica en su informe de cuenta, designando como delegados a las personas que nombra, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo y aclarando que la denominación correcta de la autoridad responsable es Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, de lo cual se toma conocimiento, a fin que los diversos oficios que se le remitan se le dirijan debidamente. Notifíquese.

  4. Principal

    por lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Fedaración a las nueve horas del nueve de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I inciso c) de la Ley de Amparo. Doy fe. SE DA VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA RESPECTO CUMPLIMIENTO DE FALLO

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