Rodolfo Alberto Perez Estrada
Expediente 1282/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1282/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Rodolfo Alberto Perez Estrada
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de veintiséis de noviembre del año en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las trece horas del catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Juicio de Amparo 1207/2019-VII En esta fecha, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; a quince de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, el artículo 79, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y en vigor a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. 2. Deje insubsistente el pago contenido en el recibo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, expedido por el Administrador General de Recaudación a nombre de la quejosa con número de referencia 761882940; y, 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa la cantidad pagada en el mencionado recibo, si se tiene en cuenta que la contribuyente fue objeto de subsidio. En el entendido que la cantidad deberá devolverse debidamente actualizada, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Impugnación. Inconformes con el fallo constitucional, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el número de amparo en revisión administrativo 247/2020, quien confirmó la sentencia impugnada. Requerimiento. Tan pronto fue recibida la ejecutoria, mediante acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en el recibo con número de referencia 761882940, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número 22838, por la cantidad de $8,565.00 (ocho mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de cinco de octubre del dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó el precepto declarado inconstitucional, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en el recibo con número de referencia 761882940, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. En otro entorno, notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con el promovente, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Armando Luna Venegas, en su carácter de representante legal de Coi Logistics, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se trascriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO ORDENADORAS TIENE TAL CARÁCTER: POLICIA FEDERAL; con domicilio ampliamente conocido el ubicado en Periférico Raúl López Sánchez SN, Eriazo del Norte, 27119 Torreón, Coahuila. Esta autoridad don domicilio ampliamente conocido en su residencia oficial en la ciudad de Torreón, Coahuila. COMO EJECUTORA TIENE TAL CARÁCTER: El Agente de nombre JOSÉ ÁNDRES APOLINAR RODRÍGUEZ, adscrito a la Policía Federal con domicilio ampliamente conocido el ubicado en Periférico Raúl López Sánchez SN, Eriazo del Norte, 27119 Torreón, Coahuila". "IV.ACTOS RECLAMADOS. 1) De la autoridad responsable señalada como ordenadora, le reclamo la orden girada a su inferior, carente de toda legalidad, para el efecto concreto e inmediato de infraccionar a mi representada al pretender llevar a cabo el cobro de una multa por una supuesta infracción que cometió mi representada. De igual forma le clamo la orden dada a su inferior para retirar de circulación el vehículo marca internacional tipo tracto camión t3 modelo 2017 con número de serie 3hdjaptihn503339 con placas de circulación número 03ud9v expedidas por la S.C.T., ACOPLADO AL VEHÍCULO remolque marca utility vehículo tipo caja r4 modelo 2017, con número de serie 1UYVS2408J2067801, con placas de circulación 50tz4v expedidos por la S.C.T. ACOPLADO AL CONVERTIDOR (colly) marca Gallegos, Modelo 2017, con número de serie 3dg2d1358hg000030 Ford tipo fiesta Ikon, placas FJJ-7922, Serie #3FABP05BX2M- 118805, modelo 2002, que conducía el C. ALEX GERARDO MOLINA HUERECA el día 29 de enero del año en curso, acorde a la lectura de la boleta folio 6353511, que tildo de inconstitucional, toda vez que dicha boleta que me fue emitida viola mis garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legal consagradas en los artículo 14 y 16 de la Carta Magna Federal. 2).- De la autoridad señalada como ejecutora le reclamo la ejecución y materialización de la ilegal infundada y violatoria de derechos humanos Boleta de Infracción N° De Folio 6353511, ya que esta viola mis garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legal consagradas en los artículo 14 y 16 Constitucionales. Dicha fuente de agravio se hace consistir en que la multa aplicada por la responsable ordenadora y ejecutora, soslaya los principios de fundamentación y motivación, toda vez que el oficial que elaboro la boleta de infracción 6353511, al realizar la identificación como elemento de la policía federal se identificó con una credencial expedida por la secretaria de seguridad y protección ciudadana SSPC-PF2019_449764 con fecha de expedición 03/05/2019 y con fecha de vencimiento 02/11/2019 es decir su identificación como elemento de la Policía Federal fue ilegal ya que su identificación tenía más de dos meses que había fenecido su vigencia además de que se combate por falta de fundamentación y motivación. En conclusión de lo anterior, la multa impuesta resulta violatoria de garantías de legalidad y seguridad jurídica ya que carece de la debida fundamentación y motivación que exime nuestra carta magna en sus artículos 14, 16 y 17. Como consecuencia de lo anterior se deberá de dejar sin efecto alguno en perjuicio de mi representada la boleta de infracción 6353511 expedida por la policía federal y dejar sin efecto la garantía de pago que quedo en calidad de depositario judicial mi representada del vehículo marca UTILITY tipo caja año 2017 número de serie 1uyvs2408j2067801 placas de circulación 50tz4v ofrecido como garantía de pago a la multa de la sanción impuesta". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se registró con el número 163/2020-IB, y se realizó la declaratoria de carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre; posteriormente, en proveído de trece de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua, en el cual manifestó que no aceptó la competencia declinada, motivo por el cual se realizó el envió del conflicto competencial correspondiente al Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, quien al resolver el conflicto competencial 1/2020, en resolución de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, determinó que corresponde a este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, para conocer del juicio de amparo en que se actúa, por lo cual en actuación de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Ampliación de demanda. Asimismo ante la inexistencia de las autoridades señaladas inicialmente por el quejoso en su escrito de demanda, en proveídos de catorce de abril y veinte de julio, ambos de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa por desahogando las vistas que le fueron dadas en torno a las inexistencias referidas y por ende ampliando la demanda respecto de las autoridades denominadas: Titular de la Estación Torreón Guardia Nacional Seguridad en Carreteras e Instalaciones y Elementos de su adscripción, con residencia en esta ciudad; Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación Chihuahua, Dependiente de la Coordinación Estatal Chihuahua de la Policía Federal y Oficial José Andrés Apolinar Rodríguez, adscrito a la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación Chihuahua, Dependiente de la Coordinación Estatal Chihuahua de la Policía Federal. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, con relación al diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama violación al artículo 8° constitucional, en relación al derecho de petición, en específico lo siguiente: i. La boleta de infracción con número de folio 6353511, de veintinueve de enero de dos mil veinte, así como al retiro de la circulación del vehículo marca internacional tipo tracto camión t3 modelo 2017 con número de serie 3hdjaptihn503339 con placas de circulación número 03ud9v expedidas por la S.C.T., ACOPLADO AL VEHÍCULO remolque marca utility vehículo tipo caja r4 modelo 2017, con número de serie 1UYVS2408J2067801, con placas de circulación 50tz4v expedidos por la S.C.T. ACOPLADO AL CONVERTIDOR (colly) marca Gallegos, Modelo 2017, con número de serie 3dg2d1358hg000030 Ford tipo fiesta Ikon, placas FJJ-7922, Serie #3FABP05BX2M- 118805, modelo 2002. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Titular de la Estación Torreón, de la Guardia Nacional, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó categóricamente los actos que se le reclama, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. Asimismo, no obstante que no obre el informe justificado de la diversa autoridad responsable denominada elementos adscritos a la Estación Torreón, de la Guardia Nacional, con residencia en esta ciudad, pese a que se encuentra debidamente notificada para ello, no ha lugar a presumir certeza del acto reclamado, en virtud de que la autoridad ordenadoras a que se encuentra adscrita negó la existencia de los actos reclamados; aunado a la circunstancia especial de que en el caso particular la boleta de infracción que constituye el acto reclamado fue elaborada en la ciudad de Chihuahua. En efecto, ante la negativa precisa en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Luego, si las autoridades negaron la certeza de los actos de que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo que respecta a las autoridades responsables en mención. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Segundo Subinspector CN, José Andrés Apolinar Rodríguez, adscrito a la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones "Chihuahua" de Guardia Nacional, en su denominación correcta a la señalada por el quejoso en su escrito de ampliación de demanda, pues al rendir su informe justificado expresamente reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. De igual forma ha lugar a tener como cierto el acto reclamado a la diversa autoridad responsable denominada Titular de la Estación Chihuahua de Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones "Chihuahua" de Guardia Nacional, en su denominación correcta a la señalada por el quejoso en su escrito de ampliación de demanda, ya que si bien al rendir su correspondiente informe justificado niega el acto reclamado, también lo es que de su contenido se advierte que al respecto realiza diversas manifestaciones que evidencian su existencia, razón por la que se tiene por cierto el acto que se le reclama. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias relativas al acto reclamado, que fueron allegadas a este contradictorio federal por las autoridades responsables, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Al respecto, las autoridades responsables refieren que se actualiza la improcedencia del juicio, en tanto que la parte quejosa, previo a instar la acción constitucional, debió interponer el juicio contencioso administrativo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa, en virtud de que ese medio ordinario de defensa no es optativo, sino obligatorio para el promovente de amparo. El anterior argumento resulta infundado en atención a lo siguiente. En primer término, es oportuno destacar que si bien la citada autoridad no encuadra sus manifestaciones en ninguna de las fracciones de improcedencia que contiene el artículo 61 de la Ley de Amparo; ello no es óbice para que el planteamiento sea estudiado en aplicación al principio general del derecho relativo a que las partes plantean los hechos y el juez conoce el derecho. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". (Lo resaltado es propio). Respecto a lo anterior, es preciso subrayar, que un juicio de amparo es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan. Respecto de algunos supuestos de excepción previstos en dicho numeral y que interesan en el presente asunto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido como excepción a dicho principio, cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituir dicha excepción significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Asimismo, la referida Sala ha establecido como excepción al principio de definitividad, que cuando el quejoso únicamente aduce la violación de la garantía de audiencia, tampoco es obligatorio para el afectado hacer valer recurso alguno. Dichas excepciones al principio de definitividad, se encuentran contenidos en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, localizable en el volumen 175-180, Tercera Parte, con número de registro 237480, página 119, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107 de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en los artículos 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como actos reclamados, la falta de fundamentación y motivación en la boleta de infracción boleta de infracción con número de folio 6353511, de veintinueve de enero de dos mil veinte, así como al retiro de la circulación del vehículo antes referido, que contiene la clasificación de la infracción y la sanción a imponer, así como la desposesión del vehículo automotor; y en el apartado relativo a los conceptos de violación señalados en su escrito inicial de demanda, refirió que la autoridad responsable no respetó su garantía de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque dicha infracción fue impuesta sin que se le diera oportunidad de notificarle algún procedimiento y por consiguiente la oportunidad de ofrecer pruebas, además de sostener que la referida boleta de infracción carece de fundamentación y motivación. Por su parte, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, complementaron aspectos de fundamentación y motivación del acto reclamado a fin de justificar la legalidad de la actuación controvertida. De esta forma, de los actos reclamados por la quejosa, y de los conceptos de violación planteados, es posible establecer dos premisas: 1) Hace valer violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2) Reclama los artículos 5 y 20 del R.F. D. V. V., sin que la autoridad responsable haya precisado a que ordenamiento legal se refiere. Por tanto, este juzgador determina que el quejoso no se encontraba obligado a agotar los medios de defensa ordinarios previstos en la legislación local, en virtud de encontrarse en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alguna diversa alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario, pues no es la falta de transcripción de tales argumentos lo que podría ocasionar perjuicio a la parte quejosa sino la ausencia del análisis de la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y que conlleva a la falta de la resolución efectivamente planteada en el juicio de amparo. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1340, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En principio, es importante advertir que en este asunto debe observarse el principio de estricto derecho que rige en el juicio de amparo, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, ello impone a este juzgador a estudiar la constitucionalidad del acto reclamado únicamente a la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. Ahora, la solicitante del amparo Coi Logistics, Sociedad Anónima de Capital Variable, sostiene esencialmente en sus motivos de disenso, que el acto reclamado trasgrede en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: 1) Que el agente responsable vulneró en su perjuicio el numeral 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la emisión de la boleta de infracción folio 6353511, ya que el supuesto Oficial de la Policía Federal José Andrés Apolinar Rodríguez, no se identificó plenamente al momento de levantar la infracción, pues al asentar los datos de identificación, como lo son fechas de expedición y de expiración de la credencial, el nombre y cargo de la persona que expidió la credencial, así como el órgano al cual pertenecía se determina claramente que la identificación no cuenta con vigencia al momento de realizar la boleta de infracción. 2) Que la boleta de infracción reclamada es violatoria de la garantía de legalidad, debido proceso legal y seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos ya que en ningún momento expresaron el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para su emisión; además, de que el oficial en la parte de fundamento legal señala 5°, 20, R.F.D.C.V., clave 2693, sin señalar en algún momento a que ordenamiento legal se refiere. Por lo tanto, los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultan ser esencialmente fundados, en cuanto sostienen que sin mediar procedimiento previo, se le impuso una multa y también que la responsable no fundó ni motivó su competencia material para emitirla, por las razones jurídicas que adelante se expondrán. Es menester precisar que en este juicio se controvierte un acto materialmente administrativo, entendido éste como un acto que fue emitido unilateralmente por una autoridad en ejercicio de sus funciones, cuyos efectos son directos e inmediatos, es decir, sin intervención del gobernado. Es así, en razón de que el acto de autoridad controvertido no recayó a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia ni de un procedimiento en el que se hubiese otorgado audiencia y defensa al gobernado. Luego, las autoridades responsables al momento de rendir sus informes con justificación complementaron la fundamentación y motivación del acto reclamado en términos del artículo 117 de Ley de Amparo, sin embargo, no lo realizaron en cuanto la competencia material del agente responsable para la emisión de la boleta de infracción reclamada. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 23/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo II, Libro 16, marzo de 2015, visible en la página 1239, registro número 2008753, que de rubro y texto siguientes: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo". De lo anterior, resulta fundado y suficiente el primer concepto de violación antes referido, pues si bien la autoridad responsable complementó en su informe justificado la fundamentación y motivación del acto reclamado, omitió hacerlo respecto de la competencia material del agente responsable para la emisión de la boleta de infracción reclamada, y de tales motivos de disenso se advierte la causa de pedir, ya que sí se señaló la falta de fundamentación y motivación de la competencia material de la autoridad que emitió el acto reclamado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 38, que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". Una vez expuesto lo anterior, debe señalarse que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..." En el precepto legal antes descrito, se denota implícito el principio de legalidad, es decir, que todo acto de autoridad que cause molestia al gobernado, deberá, por mandato constitucional, revestir los elementos enmarcados por el ordinal en comento, a saber: a) Que el acto se efectúe por escrito, formalidad primaria en tratándose de actos de autoridad. b) Que su emisión provenga de una autoridad competente, un ente y persona jurídicamente facultados para ordenar el acto de molestia, facultades que pueden ser legales o constitucionales. c) Que dicha determinación de la autoridad, se encuentre debidamente fundada y motivada. Así, se entiende por fundamentación la precisión exacta del precepto legal o disposición normativa aplicable al caso a que se contrae el acto, es pues, el fundamento con que cuenta la autoridad no sólo para emitir el acto, sino que también prevé la situación de hecho o supuesto en que se encuentra el gobernado para ser objeto de la aplicación de determinada norma jurídica. En tanto que la motivación es relativa al establecimiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas (relación de hecho y derecho), y que los motivos invocados sean reales y ciertos, conforme a los preceptos citados, y resultar bastantes para justificar la expedición o emisión del acto. Al respecto, se aplica a lo antes expresado, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación 97-102, Séptima Época, Tercera Parte, visible en la página 143, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156, Segunda Parte, página 56, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate." Ahora bien, la boleta de infracción reclamada, fue emitida por la autoridad responsable en forma unilateral, con efectos directos e inmediatos, en virtud de que se levantó al momento en que fue cometida la infracción de que se trata y sin mediar procedimiento previo, es inconcuso que se trata de un acto materialmente administrativo y, por ende, la autoridad puede complementar su fundamentación y motivación al rendir su informe justificado, tal y como lo establece el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo. Luego, así lo hicieron, las autoridades responsables al momento de rendir sus informes con justificación complementaron la fundamentación y motivación del acto reclamado en términos del artículo 117 de Ley de Amparo. Sin que en la boleta de infracción, las responsables hubieren fundado ni motivado la competencia material para su emisión y al complementar la fundamentación en su informe, tampoco lo hicieron; mientras que el quejoso, sí expresó su causa de pedir en el sentido de que la boleta de infracción, no estaba fundada ni motivada. De esta forma, el agente que emitió la boleta de infracción impugnada, omitió acreditar que se encontrara legalmente facultado para emitir la boleta de infracción que constituye el acto materia de reclamo, pues tal y como expresamente lo señaló el quejoso, en la propia boleta de infracción se estableció claramente que la credencial institucional que acredita al agente de la Policía Federal que efectúo la multa, se encontraba vigente hasta el día dos de noviembre de dos mil diecinueve, siendo que el acto reclamado tuvo lugar el día veintinueve de enero de dos mil veinte. Sin que en el caso particular sea suficiente para estimar satisfecho el requisito de la vigencia de la credencial del oficial responsable, la complementación realizada al rendir su correspondiente informe justificado, pues si bien, al mismo se anexó copia certificada de la circular PF/SG/CSG/OC/001/2019, de uno de noviembre de dos mil diecinueve, suscrita por la Coordinadora de Servicios Generales de la Policía Federal, pues del contenido de la misma únicamente se advierte que se hace del conocimiento de los integrantes de la policía federal, el hecho de que diversas credenciales de identificación expedidas a los servidores públicos de la policía federal estaría próximas a concluir su vigencia el día dos de noviembre de ese mismo año, y que por tal motivo se les comunicaba que dicha vigencia se extendería hasta el día treinta y uno de diciembre del mismo año dos mil diecinueve, fecha esta última que es anterior, a la relativa a cuando se laboró o tuvo lugar el acto reclamado; sin que obste a lo anterior, el hecho de que en la citada circular se haga mención en su parte final, que con base en el oficio S.L/24063 de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, la licencia oficial colectiva de la Policía Federal (LOC), ha sido prorrogada del tres de noviembre de dos mil diecinueve y hasta el dos de febrero de dos mil veinte, pues en esta última prórroga no se advierte que se haga referencia en forma particular a las credenciales cuya vigencia se encontraba próxima a fenecer, como se hace referencia en forma particular en el párrafo precedente de la misma, aunado a que no se acompañó copia del citado oficio, a efecto de verificar su existencia y contenido. Ello con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión la facultad que le corresponde. Lo anterior, trasgrede en perjuicio del quejoso el principio de seguridad jurídica contemplada en el precepto 16 constitucional, al no asentarse por escrito la fundamentación y motivación que dio lugar a la competencia material del agente responsable para emitir la boleta de infracción. Además, ante la ausencia de complementación eficiente por parte de la citada autoridad responsable al rendir su informe justificado, de la fundamentación y motivación del referido acto, específicamente en cuanto a su competencia material, en términos de lo preceptuado en el último párrafo del numeral 124 de la Ley de la Materia, se estima que la boleta de infracción contiene un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. En tales condiciones, ante la omisión de la autoridad responsable en torno al requisito de fundamentación, el acto reclamado contiene una violación, acorde con el artículo 124 último párrafo de la Ley de Amparo, en perjuicio de la parte quejosa, atentando en contra de lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional. Por lo cual, como ya se mencionó de acuerdo a lo establecido en los párrafos precedentes en los que se citó el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la garantía de seguridad jurídica, por lo que se entiende que toda ley debe contener los elementos mínimos que permitan hacer valer el derecho del gobernado e impidan que la autoridad pueda incurrir en arbitrariedades en su contra, lo que se extiende también a los actos de autoridad. Así se advierte de la jurisprudencia 144/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351, tomo XXIV, octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece lo siguiente: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad". En efecto, el referido precepto establece diversos principios, entre ellos, el de legalidad, conforme al cual, la actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y el de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y, en su caso, "saber a qué atenerse". Ambos presuponen el "principio de interdicción de la arbitrariedad" en favor del gobernado, a partir del cual, todo acto de autoridad es susceptible de someterse al marco de respeto a los derechos de las personas, pues el ejercicio de la discrecionalidad sólo estará justificado si ésta es legítima, y no cuando se manifiesta como una simple expresión de la voluntad. La exigencia de fundar debidamente en ley y motivar con base en los hechos, tiene como propósito que el gobernado conozca los hechos que se le atribuyen y la ley que condujo a la autoridad a emitir en su contra el acto de molestia; además, que esté en aptitud de atacarlos o que los hechos no fueron acordes a la motivación citada; es decir, tal prerrogativa tiende a que el gobernado comprenda el hecho que se le imputa y la ley que prohíbe la conducta observada, para que en el ejercicio de sus prerrogativas esté en posibilidad de impugnarlo. Tal obligación de las autoridades de fundar y motivar sus determinaciones tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión, al conocer los motivo de los actos que se les imputan ni las particularidades de las sanciones a imponer. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia 10/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, número 77, mayo de 1994, página 12, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria". En este sentido, si la autoridad responsable, emisora de la documental en cita, no acreditó encontrarse legalmente facultada para emitir el acto reclamado, es evidente que subsiste la violación que se le atribuye respecto de la emisión de la citada boleta de infracción. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 115/2005, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, página 310, septiembre de 2005, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio". En consecuencia, ante al ser fundados los conceptos de violación analizados, se deberá otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Coi Logistics, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto reclamado. OCTAVO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: i. Las autoridades responsables deberán dejar insubsistente la boleta de infracción con número de folio 6353511, de veintinueve de enero de dos mil veinte, así como sus consecuencias. ii. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, las autoridades responsable no podrán emitir una nueva boleta de infracción, dadas las consideraciones que llevaron a conceder el amparo Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en contra de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Coi Logistics, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, para los efectos señalados en el último considerando de la presente ejecutoria. Notifíquese.
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