Rodolfo Alavez Velasco
Expediente 1584/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1584/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juez Séptimo de lo Penal del Centro, Oaxaca
- Rodolfo Alavez Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
mesa 2 b pral. 1584/2015- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil quince. Como se desprende de autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintinueve de octubre de dos mil quince (fojas 21-23 vta.) que sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia, promovido por RODOLFO ALAVEZ VELASCO, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en cita, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que el referido acuerdo ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Siendo innecesario jurídicamente esperar a que concluya el plazo del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General del Estado, dado que, como se precisó, en el auto de mérito, se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia y, por ende, ningún agravio genera a la autoridad mencionada, que carece de legitimación para inconformarse. Fundamenta lo anterior, por identidad jurídica, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXXV, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES". Ahora, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Por otra parte, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción IV, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
notificacion a la quejosa.- Número de expediente: 1584/2015 Acuerdo: MESA 2 B PRAL. 1584/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintinueve de octubre de dos mil quince. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguense para que obren como correspondan y surtan sus efectos legales consiguientes, 11311, FGEO/DAJ/D.A./6415/2015 y 4304, suscritos, respectivamente, por la 1) jueza Séptima Penal, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca, 2) fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del director de Asuntos Jurídicos, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y 2) jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Judicial, por orden del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a través de los que rinden su informe justificado. Por otra parte, visto el estado de autos de los que se advierte que este expediente se encuentra integrado con los informes justificados de las autoridades que fueron señaladas como responsables jueces 1) juez Séptimo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca, 2) fiscal General del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y 3) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca. Las que negaron categóricamente la existencia de los actos que les reclama el quejoso RODOLFO ALAVEZ VELASCO (fojas 12, 14 y 16), consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra por el juez responsable y su ejecución por las restantes. Por tanto, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, por las consideraciones siguientes: Aun cuando los informes justificados no se hayan agregado con la anticipación a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo que establece dicho numeral y resolver este juicio de amparo el diecinueve de noviembre próximo, fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (foja 8); pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades judiciales responsables, respecto de la orden de aprehensión, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dictara en este asunto, sería el mismo. Ahora, se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto) resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la ley de la materia), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo en vigor, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Aun cuando, por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que las responsables rinden su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 5, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". No obstante lo anterior, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia de los actos reclamados; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Por lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE PRÓXIMO (foja 8). Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
P. 1269/2014 MESA I-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil quince. Agréguese el oficio número UTJ/1011/2015, signado por encargado del Despacho de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, con sede en Tepic, Nayarit, al que anexa copia certificada del escrito de fecha tres de noviembre de dos mil trece, firmado por el quejoso ISIDRO DUARTE ESTRADA; al efecto, se provee: Toda vez que de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso ISIDRO DUARTE ESTRADA refiere que solicitó mediante escrito de trece de octubre de dos mil trece, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, con sede en Tepic, Nayarit, su traslado del Centro Federal de Reinserción Social número trece C.P.S Oaxaca, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a cualquier otro centro de reclusión del Estado de Nayarit y, como al oficio de cuenta, la responsable anexa copia certificada de un escrito de fecha tres de noviembre de dos mil trece. En esas condiciones, a fin de estar en aptitud de resolver lo que en derecho proceda, toda vez que el quejoso ISIDRO DUARTE ESTRADA se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Reinserción Social número trece C.P.S Oaxaca, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dela Federación, gírese atento despacho al juez Mixto de Primera Instancia, en turno, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda se haga presente en el referido centro de reclusión y con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde lo dispuesto en su artículo 2º, requiera al quejoso ISIDRO DUARTE ESTRADA par que en el acto de la notificación o, bien, en el término de tres días, posteriores a la misma, manifieste si el escrito que remite la responsable en copia certificada de fecha trece de noviembre de dos mil trece, es el mismo al en que se refiere en su demanda de amparo como de fecha trece de octubre de dos mil trece, apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto se entenderá que el escrito que remitió la responsable en copia certificada es el mismo al que se refiere el quejoso en su demanda de amparo; para tal fin, acompáñese copia simple del aludido escrito. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere, y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE PRÓXIMO, para su celebración. NOTIFÍQUESE y mediante despacho al quejoso.
- Incidental
notificacion a la quejosa.- Número de expediente: 699/2014 Acuerdo: MESA 6 A PRASL. 699/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiséis de octubre de dos mil quince. Agréguese el oficio folio 6109, signado por Miguel Ángel Guzmán García, perito oficial en documentos cuestionados de la Procuraduría General de la República, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en atención a su contenido se provee: Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, dése vista a la parte quejosa con el contenido de dicho oficio, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo se declarará desierta la prueba pericial en grafoscopia que se admitió en proveído de catorce de julio de dos mil quince (foja 282). NOTIFÍQUESE y personalmente a la parte quejosa y por oficio al perito oficial.
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